La Justicia se pervertirá a favor del gobierno

La justicia se pervertirá a favor del gobierno
Hans-Hermann Hoppe
Tomado de Mises Hispano
“Si uno apela a la justicia excepto para el gobierno, la justicia se pervertirá a favor del gobierno, a pesar de las constituciones y las cortes supremas. Las constituciones y las cortes supremas son constituciones estatales y agencias, y las limitaciones cualesquiera a la acción del gobierno que puedan contener o encontrar son invariablemente decididas por los agentes de la propia institución bajo consideración. Predeciblemente, la definición de la propiedad y la protección será continuamente alterada y el rango de la jurisdicción expandido para la ventaja del propio gobierno, hasta que, en último lugar, la noción de derechos humanos universales e inmutables -y en particular de los derechos de propiedad- desaparezcan y sean reemplazados por el derecho gubernamental -su legislación y sus derechos como dados y otorgados por él”.

Entrevista sobre impuestos para Philosophie Magazine

10 de marzo de 2011

Hace unos meses, un periodista francés, el Sr. Nicolas Cori, se me acercó con la solicitud de una entrevista sobre el tema de los impuestos, para ser publicada en la revista francesa mensual “Philosophie Magazine“, en el contexto del debate que actualmente tiene lugar sobre la “reforma fiscal”, en Francia.

Estuve de acuerdo con la entrevista, que se llevó a cabo por correo electrónico en Inglés; el Sr. Cori produjo una traducción al francés, que mi amigo el Dr. Nikolay Gertchev revisó y corrigió, y entonces envié la traducción, autorizada, al Sr. Cori. Desde entonces, hace ya más de un mes, y a pesar de intentos repetidos, nada he oído del Sr. Cori. Sólo puedo especular sobre las razones de su silencio. Lo más probable es que no obtuvo el permiso de sus superiores para publicar la entrevista, y no ha tenido la cortesía, ni la valentía, de decírmelo.

De todas maneras, aquí está la entrevista original. La versión francesa autorizada está disponible en la páginas de traducciones de mi sitio web, aquí.

NC: ¿Son consistentes los impuestos con la libertad y los derechos de propiedad del individuo? ¿Habría un cierto nivel de impuestos en el que deja de ser consistente?

Hoppe: Los impuestos nunca, a ningún nivel de imposición, serán consistentes con la libertad ni con los derechos de propiedad del individuo. Los impuestos son robo. Los ladrones – el Estado y sus agentes y aliados – por supuesto, hacen un gran esfuerzo para ocultar este hecho, pero simplemente no hay forma de ocultarlo. Obviamente, los impuestos no son pagos normales ni voluntarios, por bienes y servicios, porque a usted no se le permite abstenerse de pagar si no está satisfecho con el producto. Usted no será castigado si deja de comprar coches de Renault o perfumes de Chanel, pero será arrojado a la cárcel si deja de pagar los costos de escuelas públicas o universidades estatales, o los gastos pomposos del señor Sarkozy. Tampoco es posible interpretar los impuestos como pagos de alquiler normal, como aquellos hechos por el inquilino al dueño de un bien. Debido a que el Estado francés no es el dueño arrendador de toda Francia ni el de todos los franceses. Para ser el dueño arrendador, el Estado francés tendría que ser capaz de probar dos cosas: en primer lugar, que el Estado, y nadie más, es dueño de cada centímetro de Francia, y segundo, que tiene un contrato de arrendamiento con todos y cada uno de los franceses, relativo al uso, y al precio de dicho uso, de las propiedades. Ningún Estado – ni el francés, ni el alemán, ni el estadounidense, ni cualquier otro estado – puede probar esto. No tienen los documentos necesarios para tal efecto, ni pueden presentar un contrato de alquiler. Por lo tanto, sólo hay una conclusión: los impuestos son el robo y la extorsión por los cuales un segmento de la población, la clase dominante, se enriquece a expensas de otra, la de los gobernados.

NC: ¿Es incorrecto no pagar impuestos?

Hoppe: No. Dado que los impuestos son un robo, es decir, una “mal” moral, no puede ser incorrecto el negarse a pagar a los ladrones o a mentirles sobre los activos, o los ingresos, en que se basan sus impuestos. Esto no quiere decir que sea prudente o conveniente no pagar impuestos – después de todo el estado es “más frío de todos los monstruos”, como ha dicho Nietzsche, y puede arruinar su vida, o incluso destruirla, si usted no obedece sus órdenes. Pero no puede haber duda alguna de que es justo no pagar impuestos.

NC: ¿Cómo sabemos que un impuesto es justo? ¿Hay algún criterio? Es un impuesto progresivo mejor que un impuesto de tasa única?

Hoppe: Sabemos que ningún impuesto es justo, ya sea de tasa progresiva o de tasa plana y proporcional. ¿Cómo pueden el robo y la extorsión ser justos?. El “mejor” impuesto es siempre el más bajo de los impuestos – sin embargo, incluso el impuesto más bajo sigue siendo impuesto. El “mejor”, por ser el más bajo, es un impuesto per cápita donde cada persona paga la misma cantidad absoluta de impuesto. Ya que incluso la persona más pobre debería ser capaz de pagar esta cantidad, tal impuesto tiene que ser bajo. Pero incluso un impuesto per cápita sigue siendo un robo, y no hay nada “justo” en él. Un impuesto per cápita no trata a todos por igual ni instala la “igualdad ante la ley.” Porque algo sucede con los ingresos fiscales. Por ejemplo, los sueldos de todos los empleados y dependientes estatales (tales como pensionados y recipientes del bienestar social) se pagan con los ingresos fiscales. En consecuencia, los empleados y los dependientes del Estado no pagan impuestos de ninguna clase. Por el contrario, la totalidad de su ingreso neto (después del pago de su impuesto per cápita) sale del pago de impuestos hecho por otros y son por lo tanto, netamente, meros consumidores de impuestos que viven de los ingresos y de la riqueza robada a otros: los productores de impuestos. ¿Qué hay de justo en un grupo de personas que vive parasitariamente, y a expensas, de otro grupo de personas?.

NC: ¿Están todos los filósofos de acuerdo?

Hoppe: No, no lo están. Pero esto es, difícilmente, sorprendente. Casi todos los filósofos profesionales de hoy en día son consumidores de impuestos. No producen bienes o servicios para que los consumidores de filosofía compren en el mercado, bien sea de forma voluntaria, o no. De hecho, a juzgar por la demanda real de los consumidores, el trabajo de la mayoría de los filósofos contemporáneos debe ser considerado como insignificante, sin valor. Mejor dicho: casi todos los filósofos de hoy se pagan con fondos provenientes de los impuestos. Viven de dinero robado o confiscado a los demás. Si su sustento dependiera de los impuestos es probable que, por razones fundamentales, usted no se opondría a la institución fiscal. Por supuesto, este no es necesariamente el caso. Nuestra “conciencia” no está determinada por nuestra “existencia” (Sein), como decía Marx. Sin embargo, tal oposición no es muy probable. En efecto, como la mayoría de los “intelectuales”, los filósofos suelen sufrir de un ego demasiado inflado. Creen que hacen un trabajo de gran importancia y se resienten con el hecho de que “la sociedad” no los compensa proporcionalmente. Por lo tanto, si los filósofos no ignoran simplemente el problema de los impuestos, si han estado a la vanguardia de tortuosos intentos por justificar los impuestos – tratando de enmascarar el robo como algo “bueno” – y, en particular, de justificar que sus propios salarios de filósofos se financien con impuestos.

NC: Deberían los filósofos considerar la eficiencia económica de los métodos impositivos, simultáneamente con los valores éticos de tales métodos?

Hoppe: Para describir una acción como “eficiente”, es necesario definir primero un propósito, es decir, una meta o un fin. Algo puede ser juzgado como eficiente o ineficiente sólo a la luz de un objetivo que se asume dado. Es tarea de los economistas, y de la llamada “economía positiva”, determinar qué medidas son eficaces (o ineficaces) en el logro de un fin determinado. Por ejemplo, si desea lograr un desempleo masivo, entonces la economía se dice que es eficaz para aumentar los salarios mínimos a, digamos, 100 euros por hora. Por otro lado, si su objetivo es reducir al mínimo el desempleo, entonces la economía le informa que todas las leyes de salario mínimo deben ser abolidas. Pero los economistas, qua economistas, no tienen nada que decir acerca de la licitud o conveniencia de los objetivos en cuestión. Esta es tarea del filósofo: determinar cuáles metas son justas y admisibles y cuales metas no lo son. (El economista entonces informa al filósofo cuales medios son eficientes o ineficientes, con el fin de alcanzar tales justificables objetivos.) Pero como ya he indicado: la profesión de la filosofía, simplemente no ha hecho su trabajo. Los filósofos, por supuesto, dan una serie de consejos sobre qué hacer o que no hacer, pero su consejo tiene poco o ningún peso intelectual. En casi todos los casos, es mera opinión: expresión de gustos personales, nada más. Si usted implora a los filósofos por una “teoría de la justicia” de la cual supuestamente emanen sus recomendaciones, no tienen tal teoría. Sólo pueden ofrecer una colección ad hoc de juicios de valor personales, que por lo general ni siquiera cumplen con el requisito de tener cierta coherencia interna.

Cualquier teoría de la justicia digna de acatamiento debe reconocer primero el hecho más fundamental de la vida humana: la escasez de bienes, es decir, la ausencia de superabundancia. Porque sólo debido a la escasez es posible que la gente pueda tener conflictos con los demás: yo quiero hacer tal cosa con un recurso escaso dado, y usted quiere hacer tal otra con el mismo recurso. Sin conflictos, no habría necesidad de reglas o normas, y el propósito de las normas es, entonces, evitar conflictos. En ausencia de una armonía pre-establecida entre todos los intereses, los conflictos sólo se pueden evitar, si todos los recursos escasos son de propiedad privada, es decir, de un propietario identificable, más bien que, ni con la exclusión de, otro. Y con el fin de evitar el conflicto desde el principio de la humanidad, por así decirlo, cualquier teoría de la justicia debe comenzar con una norma que regule y denomine como propiedad privada la primera apropiación original de un recurso escaso.

La mayoría de la filosofía (política) contemporánea parece no ser consciente de esto. De hecho, a menudo tengo la impresión de que ni siquiera el hecho de la escasez misma es reconocido o comprendido plenamente.

NC: ¿Cuál debería ser, entonces, el objetivo de una política de impuestos? La redistribución? La igualdad? La disminución de la pobreza?

Hoppe: Si los impuestos son robo, entonces, desde el punto de vista de la justicia, no debe haber, en absoluto, impuestos ni política fiscal. Toda discusión sobre el objetivo de políticas y reformas fiscales es una discusión entre ladrones o defensores del robo, a quienes nada importa la justicia. Su preocupación es solamente el robo. Hay debate y controversia entre ellos cuando se discute a quién deben gravar con impuestos y qué tanto, y qué se debe hacer con los ingresos fiscales, es decir, quién debe recibir, y cuanto, del botín robado.
Sin embargo, todos los ladrones y todos los beneficiarios del robo tienden a coincidir en una cosa: cuanto mayor sea la cantidad de botín y menor el coste de la recolección, las cosas son mejores para ellos. De hecho, esto es lo que todas las democracias occidentales practican hoy: elegir las tasas y el tipo de impuestos, de manera que el ingreso fiscal sea máximo. Todas las discusiones actuales sobre reforma fiscal, en Francia, en Alemania, en los EE.UU. y en otros lugares son discusiones acerca de si deben introducirse o suprimirse ciertas formas de impuestos, tales como el gravamen al patrimonio y/o a la herencia, si los ingresos se deben gravar progresiva o proporcionalmente, si las ganancias de capital deben gravarse como ingreso o no, si los impuestos indirectos como el IVA debe ser, o no, sustituidos por impuestos directos, etc., etc., y si las tasas de tales impuestos deben entonces subir o bajar – nunca son discusiones sobre justicia. No están motivados por una oposición, por principio, a los impuestos, sino por el deseo de hacer los impuestos más eficientes, es decir, maximizar los ingresos fiscales. Toda reforma fiscal que no es, como mínimo, “de ingreso neutro”, es considerada un fracaso. Y solo las reformas que aumentan los ingresos fiscales se considera un “éxito”.

Tengo que volver a preguntar: ¿Cómo puede alguien considerar esto “justo?.” Por supuesto, desde el punto de vista de los consumidores de impuestos todo esto es “bueno.”. Pero desde el punto de vista de los productores de impuestos, ciertamente no es “bueno”, sino más que malo, “peor.”

Una última observación sobre los efectos económicos de los impuestos: Todos los impuestos son una redistribución de riqueza y de ingresos. La riqueza y el ingreso es tomado a la fuerza de sus propietarios y productores y transferido a personas que no eran dueños de riqueza y a quienes no producen estos ingresos. Por tanto se desalienta la futura acumulación de riqueza y la producción de ingresos y estimulados la confiscación y el consumo, de la riqueza y el ingreso existentes. Como resultado, la sociedad será más pobre. Y en cuanto al efecto de la eternamente popular e igualitaria propuesta de gravar a los “ricos” para dar a los “pobres” en particular: es un régimen de no reduce ni alivia la pobreza, sino, muy al contrario, aumenta la pobreza. Reduce el incentivo de permanecer, o llegar a ser, rico y productivo, y aumenta el incentivo de permanecer, o llegar a ser, pobre y de ser improductivo.

NC: ¿Deberían las personas ricas recibir un trato diferente al de la gente pobre?

Hoppe: Cada persona, rica o pobre, debe recibir el mismo trato ante la ley. Hay gente rica, que es rica sin haber defraudado o robado a nadie. Son ricos, porque han trabajado duro, porque han ahorrado con diligencia, porque han sido productivos y porque han demostrado ingenio empresarial, a menudo por varias generaciones de familia. Estas personas no sólo deben ser dejados en paz, sino que deben ser elogiados como héroes. Y hay gente rica, sobre todo de la clase de los líderes políticos, en control del aparato estatal, y de las élites conectadas al estado, a la banca y a las grandes empresas, que son ricos, porque han estado directamente involucrados en, o indirectamente beneficiados de, la confiscación, el robo, el engaño y el fraude. Tales personas no deben dejarse tranquilas, sino que deben ser condenadas y despreciadas como gángsters. Lo mismo se aplica a las personas pobres. Hay personas pobres, que son gente honesta, y por lo tanto deben ser dejados en paz. Pueden no ser héroes, pero merecen nuestro respeto. Y hay gentes pobres que son ladrones, y que deben ser tratados como delincuentes, independientemente de su “pobreza”.

Hans-Hermann Hoppe es un miembro sénior del Instituto Ludwig von Mises, fundador y presidente de la Sociedad Propiedad y Libertad y coeditor de la revista Austrian Economy Review. Recibió su doctorado y realizó sus estudios posdoctorales en la Universidad Goethe en Frankfurt, Alemania. Es autor de, entre otras obras, Teoría del Socialismo y el Capitalismo y Economía y Ética de la Propiedad Privada y La Democracia, el Dios que falló.

  

 

TRADUCCIÓN DE RODRIGO BETANCUR

El papel de la Sociedad “Propiedad y Libertad” en un Mundo Loco

por Hans-Hermann Hoppe*

Vivimos en la Era del Imperio Americano. Este Imperio se puede estar desmoronando, pero va a permanecer en el futuro próximo, no sólo por su poderío militar, sino, y es más importante aún, a causa de su poder ideológico. Porque el Imperio Americano ha logrado algo realmente notable: que sus creencias fundamentales hayan sido internalizadas en la mente de la mayoría de las personas como tabúes intelectuales. Para estar seguros, todos los gobiernos se basan en la violencia y la agresión, y el gobierno de los EE.UU. no es una excepción. El Imperio tampoco duda en aplastar cualquier resistencia a sus caprichos legislativos. Sin embargo, sorprendentemente, el gobierno de los EE.UU. necesita en realidad, poca violencia para lograr sumisión a sus órdenes, porque la inmensa mayoría de la población y en particular la de los intelectuales que moldean la opinión, han adoptado como suyo propio un sistema de valores – y creencias – subyacente al imperio.

Según el sistema de creencias, aprobado por los EE.UU., todos somos personas inteligentes y razonables frente a la misma dura realidad y comprometidas con los hechos y la verdad. Es bastante cierto que, incluso en el centro del imperio americano, en los EE.UU., las personas no vivimos en el mejor de los mundos posibles. Todavía hay muchos defectos que se deben arreglar. Sin embargo, en el sistema americano de gobierno democrático, la humanidad ha encontrado definitivamente el lugar perfecto para el marco institucional que permita el progreso continuo en el camino hacia un mundo cada vez más perfecto, y con la sola adopción del sistema democrático americano, a escala mundial, el camino a la perfección sería claro y abierto en todas partes.

La única forma verdadera y legítima de gobierno es la democracia. Cualquier otra forma de gobierno es inferior. Existen monarquías, dictaduras y teocracias, y existen los señores feudales de tierras y los señores de la guerra, y puesto que cualquier gobierno es absolutamente preferible al no gobierno, los gobiernos democráticos deben a veces, por necesidad, cooperar con otros gobiernos no democráticos. En última instancia, sin embargo, todos los gobiernos deben cambiar de acuerdo al ideal americano, porque sólo la democracia permite el cambio pacífico y el progreso continuado.

Los gobiernos democráticos, como los de los EE.UU. y los de sus aliados europeos son inherentemente pacíficos y no van a la guerra unos contra otros. Si acaso deben ir a la guerra, sus guerras son guerras de defensa contra regímenes no democráticos agresivos, es decir, son guerras con causa justa.

Por lo tanto, todos los países y territorios actualmente ocupados por las tropas americanas o las de sus aliados europeos han sido culpables de agresión, y su ocupación por tropas extranjeras es un acto de autodefensa y de liberación por parte del Occidente democrático.

La agresividad del mundo islámico, en particular, se demuestra por el hecho mismo de que gran parte del mencionado mundo islámico se encuentran bajo ocupación americana-occidental y todavía existen zonas adicionales que provocan tan liberalizadora ocupación.

Los gobiernos democráticos son del pueblo, por el pueblo y para el pueblo.

En las democracias nadie gobierna sobre nadie, pero la gente se gobierna a sí misma y, por tanto, son libres. Los impuestos son contribuciones y pagos por servicios prestados por el gobierno, y los evasores de impuestos son, por tanto, ladrones que reciben los servicios sin pagar.

Albergar ladrones fugitivos es pues, un acto de agresión contra el pueblo, contra aquel de quien ellos tratan de huir.

La propiedad privada, los mercados y el ánimo de lucro son instituciones buenas y útiles, pero un gobierno democrático debe procurar, a través de una legislación adecuada, que la propiedad privada y los beneficios adquiridos sean utilizados de una manera socialmente responsable y que los mercados funcionen de forma eficiente. Además, los mercados y los negocios con ánimo de lucro no pueden producir bienes públicos y, por tanto, no pueden satisfacer necesidades sociales, ni cuidar de aquellos verdaderamente necesitados. Las necesidades sociales y los necesitados sólo pueden ser atendidos por el gobierno.

El gobierno por sí solo, a través de la financiación de bienes públicos y el apoyo dado a los necesitados, puede mejorar el bienestar de la población y reducir, si no eliminar, la necesidad y el número de necesitados.

En particular, la política social del gobierno debe controlar los vicios privados de la especulación y la codicia. La codicia y la especulación también fueron la causa fundamental de la actual crisis económica. Financistas imprudentes crearon una exuberancia irracional en la opinión pública que ha naufragado en la realidad. Manifiestamente el mercado ha fallado, y sólo el gobierno ha estado dispuesto a salvar la situación, y sólo el gobierno, a través de una adecuada regulación y supervisión del sector bancario y los mercados financieros, podrá evitar que jamás vuelva a ocurrir algo así. Los bancos y las empresas se declararon en quiebra. Pero los gobiernos y los bancos centrales estuvieron a la altura y protegieron el dinero de los ahorradores y el empleo de los trabajadores.

Asesorados por los mejores, y mejor pagados, economistas del mundo, los gobiernos han descubierto la causa de la crisis y ha determinado que para salir de la actual situación económica la gente debe al mismo tiempo consumir más e invertir más. Cada centavo guardado bajo el colchón es un centavo que se pierde para el consumo y la inversión actuales y por tanto disminuye el consumo y la inversión futuros. En una recesión, en todas circunstancias y, sobre toda consideración, el gasto debe incrementarse, y si las personas no gastan lo suficiente de su dinero, entonces el gobierno deberá hacerlo por ellos con su dinero. Sabiamente, los gobiernos están preparados para hacerlo, porque sus bancos centrales pueden producir toda la liquidez necesaria. Si miles de millones de dólares o euros no lo hacen, los billones si lo harán y si los billones todavía no logran el truco entonces los trillones lo harán con seguridad. Sólo el gasto público masivo puede evitar un colapso económico que de otra manera es inevitable.

El desempleo, en particular, es el resultado del bajo consumo: cuando la gente no tiene suficiente dinero para comprar bienes de consumo ser aliviada, dándole salarios más altos o incrementando los beneficios por desempleo.

Una vez que la actual crisis económica se haya resuelto, los gobiernos pueden y deben a su vez retornar a los restantes problemas, a los verdaderamente acuciantes que enfrenta la humanidad: a la eliminación de toda injusta discriminación como último desiderátum de la igualdad democrática, y al control del medio ambiente global y, en particular, del clima mundial.

Esencialmente, todos los seres humanos somos iguales. Las diferencias son sólo aparentes, insignificantes y a flor de piel: algunos son de color blanco, otros de color marrón, y negros son los de más allá, y algunos son altos y los otros cortos, algunos son hombres y las demás mujeres, algunos hablan Inglés o Polaco o Chino, algunos tienen cáncer o SIDA y los otros no. Estas son características humanas accidentales. A algunas personas les sucede y a otras no. Sin embargo, de esas diferencias accidentales sólo se derivan consecuencias triviales, tales como que los altos pueden alcanzar más arriba, sólo las mujeres pueden tener hijos o que algunas personas se mueren antes que otras. Pero diferencias accidentales como éstas no tienen incidencia sistemática alguna en los rasgos mentales, tales como la energía de motivación, la preferencia temporal o la destreza intelectual, y, como tales, carecen de poder explicativo en lo relacionado al éxito económico y social: en particular, ingresos, situación profesional y posición social. Los rasgos mentales no tienen una base física, biológica o étnica y son infinitamente maleables. Todos, a excepción de algunos casos patológicos, son como es todo el mundo a este respecto, y todos los pueblos, a través de la historia, han hecho igual contribución a la civilización. Aparentemente las evidentes diferencias son únicamente el resultado de diferentes circunstancias externas y de oportunidades de entrenamiento. Si se estuviera adecuadamente localizado y entrenado, todo el mundo sería capaz de los mismos logros. Todas las diferencias en ingresos y metas alcanzadas entre blancos, asiáticos y negros, hombres y mujeres, latinos, anglos y tailandeses, e hindúes, protestantes y musulmanes se desvanecerían. Los blancos podrían ser llevados a competir a la par de los negros por los más altos premios en la NBA, en las competencias de 100 metros y en carreras de larga distancia, y los negros podrían competir con los blancos y los asiáticos en matemáticas, ajedrez e ingeniería. Si en cambio se comprueba que la representación y distribución de los diversos grupos sociales accidentales en diversas posiciones de renta, patrimonio o status profesional es desigual entonces se demuestra una discriminación injustificada, y ese tipo de discriminación debe ser rectificado con programas de acción afirmativa, por medio de los cuales los discriminadores deben indemnizar a los injustamente discriminados.

Sólo hay una posible excepción a este principio general de la igualdad humana y el demonio de la discriminación. Porque, más allá de toda duda razonable, hubo un crimen en la historia, cometido por una gente en particular contra otra gente en particular, que no es comparable a ningún otro delito. No se puede descartar que esta específica disposición criminal por parte de alguna gente tenga raíces genéticas, y en la medida en que esta posibilidad no se puede descartar, es justo que quienes son colectivamente culpables continúen compensando a las víctimas colectivas.

De la mano con los esfuerzos para erradicar el mal de la discriminación, los gobiernos democráticos deben hacer frente a la tarea fundamental de superar el excesivo particularismo humano – el individualismo, el localismo, el provincialismo, el regionalismo y el nacionalismo – todavía arraigados en las mentes de la mayoría de las personas, y promover en su lugar los ideales del universalismo, del hombre universal y de los intereses de la humanidad como tal. La necesidad de esta política se muestra más dramática con los peligros del cambio climático global. Como resultado de innumerables actos egoístas: la producción y la utilización no reguladas de varias fuentes no renovables de energía, el globo está amenazado por catástrofes inimaginables: maremotos, el brusco y repentino aumento del nivel del mar y la aparición de trascendentales desequilibrios y desbalances ecológicos.

Sólo a través de una acción gubernamental concertada y, en última instancia la creación de un gobierno mundial supra-nacional, y a través de minuciosas regulaciones al comportamiento en la producción y en el consumo, validadas científicamente, de cumplimiento forzoso, y administradas por todo el orbe, podrían evitarse tan amenazantes y mortales peligros. Gemeinwohl (bienestar público) geht vor (viene antes) Eigenwohl (bienestar privado) – esto, más que otra cosa, es lo que demuestra el problema del cambio climático, y es el gobierno quien finalmente tendrá que poner este principio en acción.

El PFS – y sin duda yo, personalmente – consideramos todo esto no sólo una locura: sino un total absurdo y una peligrosa falta de sentido común. Sin embargo, esto es esencialmente lo que podemos escuchar y leer día tras día en los principales medios de comunicación y lo que es proclamado por cada experto y respetable eminencia. Sólo pocas personas pueden ver a través de toda la farsa y muchos menos aún tienen la valentía de hablar en contra de ella. El objetivo de la SFP y sus encuentros es reunir a estas personas, atacar frontalmente toda esta locura y a la clase dominante que la perpetra contra nosotros – y también para divertirnos haciéndolo, al menos mientras se nos permita la diversión.

* Hans-Hermann Hoppe (www.HansHoppe.com) es Presidente de la Sociedad Propiedad y Libertad. El presente ensayo fue entregado como discurso introductorio y pronunciado en la Sociedad Propiedad y Libertad en la reunión anual, en Bodrum, Turquía, el 21 de mayo de 2009.

TRADUCIDO POR RODRIGO DÍAZ

Los Austríacos y la Sociedad de la Propiedad Privada – Una Entrevista con Hans-Hermann Hoppe

Artículo publicado en la Revista Digital.

Traducción al español de Nicolás Cachanosky a la entrevista aparecida en el volumen 18, número 1, de la Austrian Economics Newsletter. Permiso de traducción concedido a la Fundación F. A. von Hayek por el Ludwig von Mises Institute.

La Escuela Austríaca en el Siglo XXI – Revista Digital No. 9 – Año 2008 – Fundación F. A. Hayek

Hans-Hermann Hoppe es senior fellow en el Ludwig von Mises Institute y pro-fesor de economía en la Universidad de Nevada, Las Vegas, donde enseñó junto a Murray N. Rothbard desde 1985 hasta 1995. Es autor de Handln und Erkennen (1976), Kritik deer Kausalwissenschaftlichen Sozialforschung (1983), Eigentum, Anarchie, und Staat (1987), A Theory of Socialism and Capitalism (1989), y The Eco-nomics and Ethics of Private Property (1993), así como de numerosos artículos en el antiguo Review of Austrian Economics. Es co-editor del Quarterly Journal of Austrian Economics y del Journal of Libertarian Studies, editor general de la Scholar’s Edition de Human Action, y autor de la introduc-ción a la nueva edición de Ethics of Liberty (1998). Obtuvo su PhD (1974) y su Habilitation (1981) en la Göethe University.

Austrian Economics Newsletter: ¿Cómo estudiante en Alemania, pudo leer Nationalökonomie de Mises?

HOPPE: No, porque hasta muy recientemente, se necesitaba un detective para poder encontrarlo. Mientras tanto, la Acción Humana, que nunca ha sido traducida al alemán, ya se encontraba disponible. Nationalökonomie apareció en Ginebra bajo circunstancias muy desafortunadas. El libro fue quitado al público alemán por la guerra. La editorial suiza luego quebró. No hubo una nueva edición. Nunca nada volvió a pasar con este libro. Por lo tanto aprendí economía Austríaca con tex-tos en inglés. Recientemente, leí las ediciones en alemán de Socialismo y Liberalismo para escribir los prefacios de las nuevas ediciones. También estuve leyendo Im Namen des Staates, que se traduce como En Nombre del Estado. También fue publicado en Ginebra, en 1938, que luego sirvió como base para Gobierno Omnipotente, publicado en 1944 en los Estados Unidos. Los escritos de Hayek se encuentran disponibles en alemán, pero no los de Mises. Es el mercado del idioma inglés el que mantiene a Mises con vida.

La Escuela Austríaca es única en las ciencias sociales por ser verdaderamente una escuela internacional de pensamiento. Los libros austriacos se encuentran disponibles en los principales idiomas. Y a diferencia de los artículos de moda en la literatura convencional, los escritos austriacos desde Menger al presente poseen validez científica de carácter universal inmutable.

AEN: ¿Qué se va a encontrar en la introducción a la nueva edición de la Acción Humana? HOPPE: En este momento estamos en la etapa de investigación, pero esta va a ser una resurrección de la primera edición, el libro original de 1949 que Mises escribió como una edición en inglés de Nationalökonomie. La saga de estos libros, y las ediciones posteriores de la Acción Humana, son realmente interesantes. Estoy trabajando con otros investigadores del Mises Institute, detallando las diferencias entre ellas y evaluando su significado. Por ejemplo, Nationalökonomie contenía comentarios y notas sobre la historia intelectual alemana que no incluyó en la edición en inglés. Estamos traduciendo estos párrafos para reimprimirlos en la nueva introducción. El libro de Mises de 1949 es obviamente un hito en la historia de la ciencia económica, y el primer tratado completo e integrado en la historia de la Escuela Austríaca. Merece estar impreso en una edición de la mayor calidad.

AEN: Usted enseña en Alemania durante los veranos, ¿y dónde más?

HOPPE: El año pasado estuve en Rumania enseñando en la University of Bucharest, y voy a estar enseñando en Praga este verano. La Escuela Austríaca es única en las ciencias sociales por ser verdaderamente una escuela internacional de pensamiento. Los libros austríacos se encuentran disponibles en los principales idiomas. Y a diferencia de los artículos de moda en la literatura convencional, los escritos austríacos desde Menger al presente poseen validez científica de carácter universal inmutable.

Es este aspecto de teoría pura de la Escuela Austríaca lo que nos da una ventaja enorme. Hoy día, probablemente sólo el Marxismo se puede comparar con la Escuela Austríaca en su alcance mundial. Una ventaja de haber transformado el antiguo Review of Austrian Economics en el Quarterly Journal of Austrian Economics es que va a ser más económico y más accesible para audiencias locales y foráneas.

AEN: ¿La Escuela Austríaca no fue siempre tan internacional?

HOPPE: Bueno, a inicios de la década de 1930, Mises dio la impresión en sus propios escritos que pensaba que la Escuela Austríaca era economía igual a como se entendía en todas partes. Creía que los austríacos habían ganado. Por lo tanto desenfatizó las diferencias entre la Escuela Austríaca y la Escuela de Laussana, por ejemplo. Pero a principios de la década de 1940 revisó su reflexión. Explicó la causa en sus memorias. Dice que la Escuela Austríaca ve a la economía como preocupada por la acción y la incertidumbre. La Escuela de Laussana es una escuela del equilibrio, que es lo opuesto a la acción, lo opuesto a la incertidumbre. Y por supuesto, la macroeconomía Keynesiana estaba en el proceso de volverse dominante. Sólo entonces Mises aceptó que efectivamente su pensamiento era muy diferente. Finalmente aceptó esta denominación de “Viena” o “Austríaco”, que antes consideraba prácticamente innecesaria. No debemos olvidar que aun cuando este nombre estaba fijo en la escuela, los austríacos no se reconocieron bajo el mismo hasta luego de la guerra.

Luego de la guerra, la Escuela Austríaca se volvió prácticamente una escuela americana. Incluso Hayek, en su prólogo a la edición alemana de las memorias de Mises, dice que la Escuela Austríaca es prácticamente un fenómeno exclusivamente americano, y exclusivamente una escuela Miseana, con algunas relaciones a Böhm-Bawerk. Las otras tradiciones de la Escuela Austríaca, sostiene, no lograron cumplir su promesa, mencionando la rama Meyeriana en particular. Tampoco se incluye, claramente, a sí mismo en la tradición Miseana.

También, luego de la guerra, la Escuela Austríaca se volvió prácticamente una escuela americana. Incluso Hayek, en su prólogo a la edición alemana de las memorias de Mises, dice que la Escuela Austríaca es prácticamente un fenómeno exclusivamente americano, y exclusivamente una escuela Miseana, con algunas relaciones a Böhm-Bawerk. Las otras tradiciones de la Escuela Austríaca, sostiene, no lograron cumplir su promesa, mencionando la rama Meyeriana en particular. Tampoco se incluye, claramente, a sí mismo en la tradición Miseana.

 AEN: Su profesor Jürgen Habermas, ciertamente un líder del postmodernismo alemán, ¿lo introdujo a Mises?

HOPPE: No, pero Habermas me permitió conocer la filosofía racionalista. Tiene la reputación de un hermenéutico, pero también era profundamente consciente de los límites de la hermenéutica. Siempre dijo que había disciplinas como la matemática y la geometría donde ésta no tenía rol alguno. Admitió que la economía podía ser una de estas disciplinas donde el marco hermenéutico estuviera completamente ausente. Pero simplemente no tenía una opinión sobre la economía.

Era consciente de la (opinión) política de Habermas, pero yo mismo simpatizaba con la izquierda, como todo el resto. Por lo tanto esto nunca fue un punto de discusión entre nosotros. Luego, me sentí desilusionado por las políticas Marxistas como resultado de las críticas de Böhm-Bawerk. Me convencí de que el Marxismo era insostenible.

 AEN: ¿Simplemente sucedió que se encontró con este libro?

HOPPE: Böhm-Bawerk era un crítico muy conocido, pero la mayoría de la gente de izquierda nunca se molestó en leer sus críticas. Lo que me gustaba del Marxismo es que hacía el intento de proveer un riguroso sistema deductivo. En aquel entonces, como ahora, los Marxistas aceptaban los estándares de la lógica. Pensé que esta aproximación era superior a tener opiniones ad hoc sobre una variedad de temas. Con sistemas deductivos, es más fácil descubrir si producen los bienes prometidos o colapsan. Por supuesto, el Marxismo colapsa.

Estaba sorprendido por afirmaciones como la de Milton Friedman. Él decía que los teoremas económicos deben ser testeados y no pueden ser conocidos mediante la deducción. Pero al mismo tiempo daría ejemplos como el de la teoría cuantitativa del dinero, la que siempre consideré cierta por definición

 AEN: ¿Fue un salto directo hacia la Escuela Austríaca?

HOPPE: Pasé por un breve período como moderado, aceptando algunos puntos de vista Popperianos, por lo menos en lo que respecta a las ciencias sociales. También me volví un social demócrata en lo que respecta a la política. Comencé a escribir mi Tesis de Habilitation sobre los fundamentos de la economía y la sociología, argumentando que existen disciplinas cuyos teoremas no pueden ser falseados. Sabía que existía tal cosa como el conocimiento a priori, pero dudaba de si existía en las ciencias sociales.

Al mismo tiempo, estaba sorprendido por afirmaciones como la de Milton Friedman. Él decía que los teoremas económicos deben ser testeados y no pueden ser conocidos mediante la deducción. Pero al mismo tiempo daría ejemplos como el de la teoría cuantitativa del dinero, la que siempre consideré cierta por definición: si más dinero es producido, el valor del dinero existente en relación con los bienes que puede comprar cae, siendo el resto constante. Este es un enunciado de lógica que no necesita ser empíricamente testeado para descubrir si es o no verdadero.

AEN: Desde entonces, usted fue el defensor más fuerte de la metodología Austríaca, la praxeología, desde Rothbard.

HOPPE: De manera independiente, concluí que las leyes económicas son a priori y que se puede descubrir mediante la deducción. Luego me tropecé con la Acción Humana de Mises. Esa fue la primera vez que encontré a alguien que tenía el mismo punto de vista; pero no sólo eso, sino que ya había trabajado el sistema en completo. Desde ese punto en adelante fui un Miseano. Mises tomó la idea del a priori sintéticola idea de que existen enunciados verdaderos sobre la realidad, derivados de axiomas y lógica, que no necesitan ser testeados—de Immanuel Kant. Pero Mises agregó una noción importante: las categorías mentales kantianas pueden ser entendidas como que últimamente están sostenidas en categorías de acción. Con esto, Mises puso un puente en el golfo kantiano que separa lo mental de lo físico; lo que pensamos desde afuera, el mundo físico.

De manera independiente, concluí que las leyes económicas son a priori y que se puede descubrir mediante la deducción. Luego me tropecé con la Acción Humana de Mises. Esa fue la primera vez que encontré a alguien que tenía el mismo punto de vista; pero no sólo eso, sino que ya había trabajado el sistema en completo. Desde ese punto en adelante fui un Miseano.

Si se comienza con el concepto de acción, inmediatamente se concluye que la acción implica un sujeto y un objeto. Actuar implica: Hago algo con el fin de alcanzar ciertos objetivos. Eso implica una teoría de causalidad, lo que siempre fue un escollo en el Kantianismo y en el positivismo. Había pistas de esto en Kant, pero nada tan explícito como puede encontrarse en Mises.

AEN: ¿Al aplicar esta aproximación a priori a la ética, estaba intentando suplantar los derechos naturales?

HOPPE: No, en absoluto. Estaba intentando hacer que los dos primeros capítulos de Ethics of Liberty de Rothbard fuesen más fuertes de lo que eran. Esto proveería mayor peso a todo lo que siguiese. Tenía ciertas insatisfacciones con el rigor con el que ciertos supuestos éticos a los que había llegado la teoría política libertaria. Intuitivamente, parecían plausibles. Pero podía ver que una aproximación levemente diferente podría ser más fuerte. Murray nunca consideró que mis revisiones fuesen una amenaza. Su única preocupación era: ¿Esto, en última instancia, hace al caso? Finalmente aceptó que sí.

AEN: Su aproximación también deja afuera la posibilidad de acercar los campos de la economía y la ética.

HOPPE: Esto es lo que Murray también intentó realizar. El concepto que ambos campos poseen en común es el de propiedad privada. En economía, sabemos que debemos controlar ciertas cosas con el fin de poder actuar. En ética, necesitamos proveer una justificación al hecho de que necesitamos tener recursos para poder actuar. Por lo tanto la propiedad privada es la relación entre estas dos áreas de teorización.

Ambos, Habermas y Karl Apel, utilizaron el término priori de argumentación, que es la base de mi propuesta ética del laissez-faire. Apel, quien probablemente es el mejor y más riguroso filósofo de los dos, no tenía ningún interés en economía; pero si tiene razón, también podemos mostrar que debe haber ciertas precondiciones prácticas o praxeológicas completas con el fin de comunicar y traer enunciados verdaderos, a saber propiedad privada y la regla Lockeana sobre apropiación de la propiedad.

 AEN: ¿Qué ve surgir de la nueva edición de Ethics of Liberty?

HOPPE: Este es uno de los libros menos leídos de Murray. No estuvo impreso por mucho tiempo. Muchas personas pueden haber sentido que ya conocían el sistema Rothbardiano. De hecho, este libro debería ser considerado un pilar del sistema Rothbardiano, dado que revela mucho más sobre la ética política y su aplicación que cualquiera de sus otros trabajos. Con este libro, podemos llegar a un nivel muy superior de sofisticación filosófica y unificación de lo que previamente teníamos. Las ideas del artículo de Rothbard de 1956 “Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics” se encuentran aquí, pero con un desarrollo mucho mejor. En el artículo anterior, comienza con la idea de intercambios. Pero aquí, desarrolla una teoría de la adquisición de títulos de propiedad que precede a la teoría del intercambio.

La Escuela de Chicago de Demsetz, Coase, Alchian, y Posner intenta sustituir un estándar de eficiencia por una justificación de principios éticos. El total de este proyecto está construido sobre una falacia. No existe una manera no arbitraria de medir, ponderar, y agregar utilidades individuales o desutilidades que resulten de asignaciones dadas de derechos de propiedad. Este intento sólo es pseudociencia al servicio del intervencionismo judicial.

Hay una conexión cercana entre la teoría del bienestar y la ética, incluso si los economistas no siempre lo reconocen. La Escuela de Chicago de Demsetz, Coase, Alchian, y Posner intenta sustituir un estándar de eficiencia por una justificación de principios éticos. El total de este proyecto está construido sobre una falacia. No existe una manera no arbitraria de medir, ponderar, y agregar utilidades individuales o desutilidades que resulten de asignaciones dadas de derechos de propiedad. Este intento sólo es pseudociencia al servicio del intervencionismo judicial.

 AEN: Usted también argumentó que existe una conexión entre la intervención monetaria y los valores culturales.

HOPPE: Es verdad, pero el banco central, a través de las políticas inflacionarias y de crédito fácil, exporta esta orientación de corto plazo a la totalidad de la economía. Si se espera que el valor de la moneda caiga en el futuro, se estará más interesado en el dólar rápido. El banco central hace que niveles exagerados de endeudamiento sean posibles, creando la ilusión temporaria de riqueza pero no su realidad.

La democracia y la legislación poseen algunos de los mismos efectos. En particular, generan una alta preferencia temporal. En los viejos tiempos, los principios de la ley nunca cambiaban a través del tiempo. Las reglas de propiedad, intercambios, y contratos siempre eran las mismas. Los reyes hicieron poco por cambiar esto porque su propia demanda de soberanos estaba también atada a los derechos de propiedad. Ellos querían ser los dueños de la totalidad del reino y preservar el valor de su capital. Pero las cosas cambian cuando se tiene propiedad pública, democracia, y libre entrada al sistema de gobiernos. El líder democrático no invoca al principio de propiedad privada para mostrar que él es el líder legítimo. Él invoca el principio de que ninguna propiedad es enteramente privada. Se sigue que estas personas están tentadas de pensar las leyes como simple legislación. Bajo democracia, las leyes se pueden cambiar cuando se plazca. Nadie sabe lo que las leyes serán mañana. De hecho, prácticamente nadie sabe lo que las leyes son hoy, porque hay demasiadas. De este modo, la democracia socava el valor de la propiedad y perjudica los planes y procesos de decisión de largo plazo. Las personas se envuelven en procesos productivos de menor duración de lo que de otra manera hubiesen hecho.

 AEN: Hace algunos años escribió un artículo argumentando que los impuestos acortan la estructura de producción

HOPPE: Eso fue una aplicación específica de este principio más general. Los impuestos son una expropiación presente y una expectativa de expropiaciones futuras. Por esto, el ingreso presente y futuro se ve reducido. El esquema de preferencias temporales sube y los individuos se vuelven más orientados hacia el corto plazo. Impuestos, legislación, inflación, expansión crediticia, leyes de bancarrota, y todo el resto, también generan esto. La estructura completa del gobierno en sí misma es una expresión de alta preferencia temporal. Mises dice que en el largo plazo todos nuestros intereses son armoniosos. Todos ganan si se respetan los derechos de propiedad privada. Incluso el recaudador de impuestos, en el largo plazo, se volvería más rico si no hubiese ningún impuesto. Todo esto es verdad.

Pero, por supuesto, esto no implica que toda persona real posea una orientación de largo plazo. En el corto plazo, después de todo, los recaudadores de impuestos se encuentran mejor con el gobierno. En el corto plazo, siempre estoy mejor expropiando. El gobierno institucionaliza la motivación de alta preferencia temporal de expropiar en lugar de producir.

La democracia y la legislación poseen algunos de los mismos efectos. En particular, generan una alta preferencia temporal. En los viejos tiempos, los principios de la ley nunca cambiaban a través del tiempo. Las reglas de propiedad, intercambios, y contratos siempre eran las mismas. Los reyes hicieron poco por cambiar esto porque su propia demanda de soberanos estaba también atada a los derechos de propiedad. Ellos querían ser los dueños de la totalidad del reino y preservar el valor de su capital.

 AEN: Usted mencionó las leyes de bancarrota. ¿Qué pasa con la afirmación de que el mercado subproduciría la toma de riesgo en su ausencia?

HOPPE: La toma de riesgo en el mercado requiere de reglas fijas de derechos de propiedad. Por ejemplo, las personas no tienen permitido tomar el riesgo de asesinar a otra persona para ver si puede salirse con la suya. En cambio, todos están obligados a respetar la vida de otros. Similarmente, no hay lugar en el mercado libre para una persona que toma riesgos pisoteando derechos de propiedad. Si lo hace, debe ser completamente responsable de los daños generados.

En un libre mercado, el nivel de riesgo que las personas toman está proscrito por los derechos de propiedad y estricta responsabilidad. Una persona está acotada por los términos del contrato, incluso si implica renunciar a todo lo que posea. En las leyes de bancarrota, el estado permite a un cierto grupo actuar en violación del contrato que habían aceptado. Este tipo de leyes genera incertidumbre y socializa el riesgo.

 AEN: ¿Qué sucede, entonces, si un deudor no tiene dinero para pagar a sus acreedores? HOPPE: Es obligación del acreedor ver que se encuentre protegido contra este tipo de contingencias. El resultado es dictado por los términos del contrato. El deudor puede pagar de ingresos futuros. Si no hay previsión en el contrato para que el deudor se haga cargo, eso es mala suerte del prestamista. Ha hecho un contrato estúpido.

Deshacerse de las leyes de bancarrota traería un cambio significativo en la cultura económica, donde aprovecharse de los propietarios es común. Las leyes de bancarrota a nivel individual se encuentran replicadas a nivel internacional, donde vemos los enormes desembolsos de la FED y el FMI. No hacen más que premiar la mala gestión financiera y permitir la extorsión a escala global. La cultura de la extorsión ahora se extiende del individuo a las finanzas internacionales de las corporaciones.

 AEN: Si la sociedad estuviese basada enteramente en la propiedad privada y el intercambio, muchas personas sostienen que no habría tal cosa como la comunidad y el orden.

HOPPE: La especialidad del mercado es producir cosas que las personas desean, y eso es ciertamente verdadero para condiciones como la comunidad y el orden. Un medio central de lograrlo es el derecho de exclusión, el cual, en una economía de mercado, los propietarios siempre pueden ejercer. Esto permite a los dueños mantener el valor de su propiedad y fomentar el comportamiento civilizado.

Bajo democracia, las leyes se pueden cambiar cuando se plazca. Nadie sabe lo que las leyes serán mañana. De hecho, prácticamente nadie sabe lo que las leyes son hoy, porque hay demasiadas. De este modo, la democracia socava el valor de la propiedad y perjudica los planes y procesos de decisión de largo plazo.

Parte de la terrible tendencia en los gobiernos modernos ha sido pisotear el derecho de exclusión. Esto esencialmente es lo que la ley de derechos civiles hace. Los empleadores no pueden contratar y despedir como les convenga. Los maestros no pueden echar alumnos de la escuela. Los negocios deben acomodarse a clientes que son detrimentales a los intereses de largo plazo de la firma. A la luz de esto, la decadencia cultural y un comportamiento corrupto son de esperarse. Incluso el derecho de los padres de ser los últimos jueces en su propio hogar está siendo atacado. El acuerdo es una institución crucial del mercado que afirma el derecho a la exclusión. Grupos de personas, usualmente con un fundador, establecen todo tipo de reglas a las cuales todas las personas que son parte del grupo deben adherir. El dueño último determina las reglas basándose en el consenso. Y hay mercados competitivos para las propiedades con acuerdo ofreciendo distintos grados de rigurosidad.

AEN: ¿Las restricciones son adheridas entonces a la propiedad misma?

HOPPE: Supongamos que usted compra alguna propiedad dentro de una estructura comunal más grande. También está comprando las restricciones, que presuntamente están a su favor, dado que las reglas son un punto crucial para el valor de su propiedad. Los términos de la comunidad pueden ajustarse de acuerdo a un proceso establecido por las leyes de la comunidad. Si la comunidad en general es comprada al dueño total, en términos dictados por el acuerdo, la comunidad también puede ser cambiada para ser más acorde a las condiciones del mercado.

Los impuestos son una expropiación presente y una expectativa de expropiaciones futuras. Por esto, el ingreso presente y futuro se ve reducido. El esquema de preferencias temporales sube y los individuos se vuelven más orientados hacia el corto plazo. Impuestos, legislación, inflación, expansión crediticia, leyes de bancarrota, y todo el resto, también generan esto.

El mecanismo, que descansa en el derecho de propiedad de los dueños de excluir y dictar reglas, es una fuente de comunidad y orden dentro de la matriz de cambios voluntarios. Pero el estado odia los arreglos comunales porque forman sistemas competitivos de derechos. El estado democrático los odia tanto como odia el derecho de un empresario de rehusarse a un servicio o al derecho del empleador de echar a su empleado.

 AEN: ¿Entonces no ve ninguna diferencia real entre la vida privada y la vida comercial? HOPPE: No debería haber ninguna diferencia en lo que concierne a la propiedad privada y los derechos. Toda persona tiene el derecho a determinar quién puede y no puede cenar en su propia casa. De manera similar, cada dueño de un negocio posee el derecho de determinar quién puede y no puede cenar en su restaurant. La única diferencia es que el dueño del restaurant espera facilitar más cenas. Probablemente necesite un motivo financiero extremadamente bueno para excluir a alguien.

Pero si creemos en los derechos de propiedad, él debería tener el derecho de exclusión por cualquier motivo. Desde el punto de vista del estado, es más fácil iniciar el ataque sobre la propiedad quitando el derecho a la exclusión de las propiedades comerciales. Luego el estado puede gradualmente ir invadiendo el último bastión indiscutido de la propiedad privada, el hogar de la familia.

 AEN: ¿Recientemente usted presentó un artículo sobre las fallas del liberalismo clásico? ¿Cuál era esa falla?

HOPPE: La creencia en la posibilidad de un estado mínimo, y que el estado puede cumplir un rol puramente de protección. Si el estado es definido como la institución que posee el derecho de imponer impuestos de manera compulsiva monopólicamente en un territorio o jurisdicción, entonces es fácil mostrar que este tipo de instituciones es inherentemente incapaz de proveer lo que estos liberales clásicos desean que el estado provea, que es protección y seguridad. Una vez que se otorga a una institución el derecho de determinar unilateralmente cuánto debe uno pagar para ser protegido, esta institución tendrá la tendencia, por virtud de su propio interés, de incrementar sus gastos en protección mientras en realidad reduce la verdadera producción de protección.

El estado se pregunta a sí mismo: ¿cuánto dinero es necesario para proteger a las persona de la violencia? La respuesta es que siempre necesita más. Y cómo existe una desutilidad en el trabajo, a menor protección que el estado produzca, mejor estarán sus empleados. Todo estado, incluso si comienza como un estado mínimo, entonces, va a terminar como un estado máximo. Pensar que el problema de la protección puede provenir de una institución como el estado es una ilusión. Es un mito y un error evidente de la mayor escala. Uno de los más importantes servicios en la tierra ser protegido de la agresión de otras personas no debería ser asignado a una institución que puede cobrar impuestos con el fin de hacerlo y evitar que uno busque otros defensores. Todos los incentivos están mal y prepara un desastre potencial.

 AEN: ¿Entonces los liberales clásicos eran muy tolerantes del estado?

La estructura completa del gobierno en sí misma es una expresión de alta preferencia temporal. Mises dice que en el largo plazo todos nuestros intereses son armoniosos. Todos ganan si se respetan los derechos de propiedad privada. Incluso el recaudador de impuestos, en el largo plazo, se volvería más rico si no hubiese ningún impuesto. Todo esto es verdad.

HOPPE: Demasiado. Una vez que se admite el principio básico de que el estado es un proveedor esencial de seguridad, se renuncia a todos los contraargumentos. Tomemos el ejemplo del caso de la red de seguridad social que muchos defensores del libre mercado dicen que debemos tener. Si les preguntamos qué tan alta debe ser la provisión, no pueden decirlo. Saben que si es muy alta, la gente trabajará más; pero si es muy bajo, dicen que la gente va a ser muy pobre para recuperarse. Pero la línea divisoria entre los dos es completamente arbitraria. Así y todo, toman la posición de que debe existir tal cosa como una red de seguridad social. Si existe la pregunta de si tal cosa debe existir, entonces ya se ha admitido que los derechos de propiedad, el derecho a los contratos, a la libre asociación, e intercambio voluntario no son la fuente esencial de seguridad y ya no son supremos. Existen ciertas consideraciones que anulan todas estas instituciones. Si se hacen este tipo de excepciones, es muy difícil argumentar que la excepción no debe aplicarse de manera más general. ¿Qué argumentos se tienen? Ya se admitió que algunas personas pueden ser legalmente expropiadas por motivos socialmente importantes. La única tarea de los estadistas es hacer que el motivo parezca lo suficientemente importante como para permitir la expropiación. Todo entonces se vuelve posible.

AEN: El compromiso se convierte en la orden del día

HOPPE: Efectivamente, el panorama ideológico actual está lleno de personas que claman desear cortes selectivos en el gobierno o traer lo que ellos llaman un gobierno limitado. Entonces, para cuidarse de ser catalogados como muy radicales, aseguran al público que no se oponen al gobierno en sí que efectivamente es una cosa necesaria; sólo se oponen a su tamaño actual y presentan políticas.

Parte de la terrible tendencia en los gobiernos modernos ha sido pisotear el derecho de exclusión. Esto esencialmente es lo que la ley de derechos civiles hace. Los empleadores no pueden contratar y despedir como les convenga. Los maestros no pueden echar alumnos de la escuela. Los negocios deben acomodarse a clientes que son detrimentales a los intereses de largo plazo de la firma. A la luz de esto, la decadencia cultural y un comportamiento corrupto son de esperarse. Incluso el derecho de los padres de ser los últimos jueces en su propio hogar está siendo atacado.

Y para probar que son respetuosos, entonces, ofrecen soporte a ciertos aspectos del régimen, generalmente su poder de hacer la guerra, su aparato de educación, el régimen regulatorio, o la red de seguridad social. Por su propia lógica, terminan intentando mejorar al estado en lugar de intentar desmantelarlo. Esto es así porque en última instancia no representan ningún peligro para nadie en el poder. Aquellos que abogan por meramente “limitar” la intervención en lugar de eliminarla están siempre listos para ser cooptados por el estado. Mises una vez observó que cualquiera que alguna vez haya tenido algo nuevo que ofrecer a la humanidad nunca tuvo algo bueno que decir del estado o sus leyes.

 AEN: ¿Fue Mises mejor que los liberales clásicos en la pregunta sobre el estado?

HOPPE: Mises creía que era necesario tener una institución que suprimiese a esas personas que no podían comportarse de manera apropiada en la sociedad, personas que fuesen un peligro porque robasen y matasen. Llamaba a esta institución gobierno. Pero tenía una idea particular de cómo el gobierno debía funcionar. Para chequear su poder, cada grupo y cada individuo, de ser posible, debe tener el derecho de secesión del territorio del estado. Llama a esto el derecho a la autodeterminación, no de las naciones como en la Liga de las Naciones decía, pero de villas, distritos, y grupos de cualquier tamaño. En Liberalism y Nation, State, and Economy, eleva la secesión a un principio central del liberalismo clásico. Si fuera posible dar este derecho de autodeterminación a cada individuo o persona, dice, debería ser realizado. Entonces, el estado democrático se convierte, para Mises, en una organización voluntaria.

 AEN: Usted ha sido un fuerte crítico de la democracia

HOPPE: Sí, a como el término es usualmente entendido. Pero bajo la particular definición de democracia de Mises, el término significa auto regulación o autogobierno en su sentido más literal. Todas las organizaciones en la sociedad, incluido el gobierno, deben ser el resultado de transacciones voluntarias.

En cierto sentido se podría decir que Mises era cercano al anarquismo. Si se frenó antes de afirmar el derecho a la secesión individual, fue sólo por lo que consideraba una cuestión técnica. En la democracia moderna, exaltamos el método de la regla de la mayoría como el medio de elegir los gobernantes de un monopolio compulsivo de impuestos. Mises frecuentemente hacía una analogía entre el voto y el mercado. Pero era muy consciente de que votar en el mercado significa votar con tu propio dinero. El peso de tu voto es acorde con el valor de tu productividad. En el plano político, uno no vota con su propiedad; se vota sobre la propiedad de todos, incluida la de uno. Las personas no tienen votos de acuerdo al valor de su productividad.

 AEN: Sin embargo Mises ataca el anarquismo sin lugar a dudas.

HOPPE: Su objetivo aquí son los izquierdistas utópicos. Ataca su teoría de que el hombre es lo suficientemente bondadoso como para no necesitar una defensa organizada contra los enemigos de la civilización. Pero esto no es lo que el anarquista de la propiedad privada cree. Por supuesto, los asesinos y el robo existen. Es necesaria una institución que mantenga estas personas a raya. Mises llama a esta institución gobierno, mientras que las personas que no desean un estado en absoluto sostienen que los servicios esenciales de defensa pueden ser mejor provistos por firmas en el mercado. Podemos llamar a estas firmas gobiernos si queremos.

 AEN: La mayor evidencia de Mises como un radical anti-estado es el pasaje en la Acción Humana donde apoya la conscripción.

HOPPE: Este es un pasaje muy peculiar. El pasaje, y los varios párrafos que le preceden y el que le sigue, no se encuentran en la primera edición. Hace su primera aparición en la edición de 1963. Uno debe recordar su posición general sobre el gobierno. Cada grupo, y si es técnicamente posible, cada individuo, puede secesionarse del gobierno. Por lo tanto, la conscripción, en este sentido, es completamente ilegítima. Si se lee la edición de 1949 de la Acción Humana, no hay nada que parezca llevarnos a esta conclusión particularmente graciosa.

AEN: Quizás la Guerra Fría lo explique

HOPPE: Pero la probabilidad de que hubiese hecho un enunciado como este es mayor en las ediciones previas. En 1940, estaba en Suiza, rodeado de fuerzas Nazis. En 1949, acababa de ver la vieja Europa ser aplastada por la guerra y el imperialismo; ¿qué mejor momento para apoyar el proyecto para que pueda ser utilizado en detener este tipo de cosas en el futuro? Pero no lo hizo. ¿Por qué, entonces, hace esto en 1963? No había ninguna guerra importante. Vietnam estaba recién en sus etapas iniciales. La Guerra Fría no se encuentra en su pico, y la Unión Soviética estaba en su periodo post-Stalinista. Este pasaje pide a gritos una explicación.

La [falla del liberalismo clásico es la] creencia en la posibilidad de un estado mínimo, y que el estado puede cumplir un rol puramente de protección. Si el estado es definido como la institución que posee el derecho de imponer impuestos de manera compulsiva monopólicamente en un territorio o jurisdicción, entonces es fácil mostrar que este tipo de instituciones es inherentemente incapaz de proveer lo que estos liberales clásicos desean que el estado provea, que es protección y seguridad.

AEN: Usted ha sido muy crítico de la racionalidad estatal de los bienes públicos.

HOPPE: El error de la teoría de los bienes públicos es presumir que los economistas pueden detectar que algo es necesitado pero no está siendo producido por el mercado, en absoluto o en cantidades insuficientes. Pero esto sólo es una observación de que no vivimos en el Jardín del Edén. En todo momento, las personas desean bienes y servicios que no existen o son inaccesibles. Pero sólo porque queramos que algo sea producido no implica que deba hacerse disponible.

Si tenemos que consultar con economistas para descubrir si no hay suficientes lagos y caminos, ¿no deberíamos chequear también con ellos si no hay demasiadas zapatillas y marcas de dentífricos en el mercado? En última instancia, la teoría de bienes públicos es una racionalidad para el planeamiento central y un ataque al mercado en sí. La verdadera pregunta es si es económicamente beneficioso y económicamente justificable suprimir las transacciones voluntarias y veredictos del mercado, y forzosamente transferir propiedad de dueños privados al estado. Creo que eso nunca podrá ser justificado.

 AEN: ¿Con que fundamentos ha criticado la libre inmigración?

En cierto sentido se podría decir que Mises era cercano al anarquismo. Si se frenó antes de afirmar el derecho a la secesión individual, fue sólo por lo que consideraba una cuestión técnica. En la democracia moderna, exaltamos el método de la regla de la mayoría como el medio de elegir los gobernantes de un monopolio compulsivo de impuestos.

HOPPE: Imagine una sociedad donde toda la propiedad pertenece a algún individuo particular o grupo. Uno debe considerar qué sucede en ese territorio. El resultado es un panorama muy complejo. Van a haber ciertas regiones e instituciones donde la gente pueda ir y venir como plazcan con muy pocos condicionamientos. Podemos decir que las iglesias, comedores, y otras instituciones caritativas que permiten un acceso relativamente libre con ciertas reglas.

Hay también lugares donde el ingreso depende de mínimas condiciones, como pagar una entrada. Parques de diversión privados como Disney World operan de esta manera. Nadie entra sin cumplir con las condiciones del contrato; prácticamente todos pueden cumplir esos requisitos siempre y cuando posean los medios para hacerlo y adhieran a las reglas una vez adentro. Pero en una economía de mercado también hay áreas extremadamente exclusivas como comunidades cerradas. En estos lugares, sólo se puede entrar si se es propietario o si se tiene el permiso directo de los dueños. Si se es dueño, se debe adherir a unos lineamientos muy estrictos de comportamiento, y se es responsable por cómo sus invitados se comportan. En ningún caso se permite un acceso sin restricciones. Si toda la propiedad fuese privada, veríamos estas condiciones replicarse más ampliamente. Algunas regiones, como las áreas turísticas, tendrían este incentivo para atraer tanta gente como sea posible sin reducir el valor de la propiedad. Otros estarían absoluta y totalmente fuera de todo límite.

 AEN: O sea que compara la libre inmigración con el derecho a traspasar.

HOPPE: Fíjese en lo que los proponentes de la libre inmigración proponen. Quieren el completo e ilimitado derecho de las personas de cualquier lado de entrar y salir de la propiedad, sin ningún derecho a la exclusión. Pero no existe mercado en ningún lugar que replique esta situación. Es completamente contrario a la manera en la que los mercados funcionan y a cómo los dueños de propiedad se comportan. Obviamente, esta situación de libertad para todos sólo puede ser generada a escala masiva si los derechos de propiedad no son asignados a dueños privados sino otorgados al estado. Haciéndolo aún más perverso, el gobierno es supuestamente el responsable de la protección de la propiedad y el derecho a la invasión. En cambio, en el caso de la libre inmigración, se hace posible la ilimitada invasión a los derechos de propiedad. Si el gobierno va a permitir la inmigración, por lo menos debe asegurarse que los inmigrantes posean una invitación por parte de algún propietario. Ese propietario debe luego asumir toda la responsabilidad de su presencia.

No hay nada de malo con Microsoft trayendo programadores de software de todas partes del mundo para trabajar en sus instalaciones. Pero no está bien que a estos inmigrantes se les garantice vivienda, escuelas, bienestar, derecho al voto, o cualquier cosa que invada o presuma el derecho a invadir la propiedad privada de terceros. Mientras el derecho completo de exclusión pueda ser ejercido por todo otro propietario, la libre inmigración está bien. La ciudadanía, por supuesto, es un tema totalmente diferente.

AEN: ¿Pero existe un riesgo, no es así, en poner al gobierno a cargo de determinar quién puede y quién no puede inmigrar?

HOPPE: Existe por supuesto un riesgo. En ausencia de una privatización total, entonces, la solución es descentralizar el proceso de toma de decisiones del gobierno federal hacia los estados, condados, villas, pueblos, y manzanas. Todo ellos deberían hacer sus propias reglas de exclusión. Por este medio, se puede prevenir en su máxima extensión posible, el fenómeno de la integración forzada. Desde una perspectiva económica, es esencial tener libre comercio, en parte porque su ausencia pone tremenda presión sobre las personas de países con bajos salarios a inmigrar a dónde los salarios son mayores. A mayor libertad de comercio, menor es el incentivo a mudarse. Si las personas no cruzan las fronteras, ejércitos de personas lo harán.

 AEN: ¿Qué dice a la crítica de que la sociedad de la propiedad privada como usted la describe parece ser bastante autoritaria?

Mises frecuentemente hacía una analogía entre el voto y el mercado. Pero era muy consciente de que votar en el mercado significa votar con tu propio dinero. El peso de tu voto es acorde con el valor de tu productividad. En el plano político, uno no vota con su propiedad; se vota sobre la propiedad de todos, incluida la de uno. Las personas no tienen votos de acuerdo al valor de su productividad.

HOPPE: Esta es una crítica de la izquierda igualitaria. Ellos sostienen que la autoridad no debería jugar ningún rol en la vida social y no debería haber rangos o posiciones. Pero por supuesto, no puede haber sociedad sin estructuras de autoridad. En la familia, siempre hay jerarquía. En las comunidades, siempre hay líderes. En las firmas, siempre hay gerentes. Pero en un mercado, ninguna de estas autoridades tiene el poder de imponer impuestos. Su autoridad depende únicamente del consenso y el contrato. Pero el estado intenta romper estos centros de competencia de autoridad y estableces una única autoridad anulando todos los otros. Si no se cumple, el estado se rompe.

Es una idea ridícula que necesitamos al estado para decir a las autoridades sociales que necesitan adherir a un conjunto uniforme de reglas y obedecer a un único máster. La sociedad no necesita modos uniformes de asociación. Los intercambios del mercado hacen que la armonía social sea posible incluso en el marco de diferencias radicales. El hoy llamado multiculturalismo no ve que hay una diferencia entre tener un mundo con muchas diferencias culturales e imponer esa diversidad en cada punto del globo. Es una diferencia entre un régimen de propiedad privada y un régimen estatista donde el resto de nosotros meramente obedecemos. En última instancia, esos son los únicos dos sistemas entre los cuales debemos elegir.

Sobre la Imposibilidad de un Gobierno Limitado y Perspectivas de una Segunda Revolución en América

Por Hans-Hermann Hoppe

Artículo publicado en el Blog del Instituto Mises – Articulo Diario – Junio 28 de 2008

  • Introducción

I – Un País de Pioneros

II – La Revolución Americana

III – La Constitución Americana

IV – Doscientos Años Después…

V – Revolución por Medio de Secesión

  • Notas

[Este ensayo fue publicado originalmente en Inglés en Reassessing the Presidency: The Rise of the Executive State and the Decline of Freedom (Reevaluando la Presidencia: El Avance del Estado Ejecutivo y el Ocaso de la Libertad). Editado por John V. Denson, pp. 667-696.]

En una encuesta reciente, se preguntó a personas de diferentes nacionalidades si sentían orgullo de ser americanos, alemanes, franceses, etc., y si creían o no que el mundo sería un lugar mejor si otros países fueran igual al suyo propio. Los países con más alto rango en términos de orgullo nacional fueron los Estados Unidos y Austria. Sería interesante considerar el caso de Austria, pero aquí vamos a concentrarnos en los Estados Unidos y la pregunta es si puede justificarse y hasta qué punto, la respuesta de los americanos.

En seguida, vamos a identificar las tres principales fuentes de orgullo nacional en América, de las cuales las dos primeras fuentes se justifican, mientras que la tercera realmente representa un fatídico error.  Y por último, vamos a ver cómo se podría reparar este error.

I – Un país de Pioneros

La primera fuente de orgullo nacional es el recuerdo de un no muy lejano pasado colonial de América como país de pioneros.

De hecho, los colonos ingleses que llegaron a América del Norte fueron el último ejemplo del logro glorioso de lo que Adam Smith ha llamado como “un sistema de libertad natural”: la capacidad del hombre para crear una comunidad libre y próspera a partir de cero. Contrariamente a la visión hobbesiana de la naturaleza humana – homo homini lupus est – los colonos Ingleses han demostrado no sólo la viabilidad sino también la vitalidad y el atractivo de una organización social anarco-capitalista y sin estado. Demostraron cómo, de acuerdo con las opiniones de John Locke, la propiedad privada, naturalmente, se originó a través de la apropiación original personal de terrenos baldíos (en estado salvaje) – su transformación y uso con un propósito firme – los cuales no habían sido utilizados previamente. Además, demostró que, sobre la base del reconocimiento de la propiedad privada, la división del trabajo, y el intercambio contractual, los hombres eran capaces de protegerse eficazmente contra los agresores antisociales – en primer lugar y muy importante, por medio de la auto-defensa (menos delincuencia existía entonces de la que existe ahora), a medida que la sociedad crecía cada vez más en prosperidad y complejidad, a través de la especialización, es decir, con instituciones y organismos tales como registros de propiedad, notarios, abogados, jueces, tribunales, jurados, sheriffs, asociaciones de defensa mutua, y milicias populares [1].

Por otra parte, los colonos manifestaron la fundamental importancia sociológica de la institución de alianzas: de asociaciones lingüísticas, étnicas, religiosas y culturalmente homogéneas encabezadas por los colonos y sujetos a la jurisdicción interna de un dirigente popular – líder fundador – que garantizaba la cooperación humana pacífica y mantenía la ley y el orden. [2]

II – La Revolución Americana

La segunda fuente de orgullo nacional es la Revolución Americana.

En Europa no ha habido apertura de fronteras durante siglos, y la experiencia colonizadora intra-europea descansa en un pasado lejano. Con el crecimiento de la población, las sociedades fueron asumiendo cada vez más una estructura jerárquica: de hombres libres (terratenientes) y vasallos, señores feudales y reyes. Mientras estaban más claramente estratificadas y eran más aristocráticas que la América colonial, las llamadas sociedades feudales de la Europa medieval eran también típicamente órdenes sociales sin estado.

“Los Colonos Ingleses demostraron no sólo la viabilidad sino también la vitalidad y el atractivo de un orden social anarco-capitalista sin aparato estatal”.

El estado, de conformidad con la terminología generalmente aceptada, se define como un monopolio territorial obligatorio de ley y orden (de toma de decisiones de última instancia). Los señores feudales y los reyes no solían cumplir con los requisitos de un estado, sólo podían imponer gravámenes con el consentimiento de los gravados, y en su propia terreno cada hombre libre era tan soberano (en la toma de una decisión final) como lo era el rey feudal en el suyo. [3] Sin embargo, en el curso de muchos siglos, estas sociedades originalmente sin estado se fueron transformado gradualmente en monarquías absolutas estatistas. Aunque inicialmente los reyes de europeos eran voluntariamente reconocidos como protectores y jueces, por fin lograron establecerse como cabezas de estado hereditarias. Con la resistencia de la aristocracia, pero con la ayuda de la “gente común”, se convirtieron en monarcas absolutos con poder de gravar con impuestos sin consentimiento y de tomar decisiones de última instancia en relación a la propiedad de hombres libres.

Estos avances europeos tuvieron un doble efecto en América. Por una parte, Inglaterra también estaba gobernada por un rey absoluto, por lo menos hasta 1688, y cuando los colonos Ingleses llegaron al nuevo continente, el imperio del rey se extendió a América. A diferencia de una fundación de propiedad privada por colonos y su obtención de seguridad y de administración de justicia – voluntarias y cooperativas -, sin embargo, el establecimiento de colonias y administraciones reales no fue el resultado de apropiación original (asentamiento) ni de contrato, – de hecho, ningún rey Inglés había puesto un pie en el continente americano, – sino mediante usurpación (declaración) e imposición.

Por otro lado, los colonos trajeron otra cosa con ellos de Europa. Allí, el desarrollo del feudalismo al absolutismo real no sólo había sido resistido por la aristocracia, sino que también hipotéticamente se hacía oposición, con el recurso de la teoría de los derechos naturales originada dentro de la filosofía escolástica. De acuerdo con esta doctrina, el gobierno se suponía que era contractual, y cada agente del gobierno, incluido el rey, estaba sujeto a los mismos derechos y leyes universales que regían para los demás. Si bien esto puede haber sido el caso en épocas anteriores, sin duda ya no valía para los modernos reyes absolutos. Los reyes absolutos eran usurpadores de los derechos humanos y, por tanto, ilegítimos. Por tanto, la insurrección no sólo era permitida sino que se había convertido en una obligación ratificada por la ley natural [4].

“Creemos en estas verdades por ser evidentes, que todos los hombres fueron creados iguales, dotados por su Creador con ciertos Derechos inalienables, entre los cuales están la Vida, la Libertad y la búsqueda de la Felicidad.… Que siempre que alguna forma de Gobierno llegue a ser destructiva de estos propósitos, es Derecho del Pueblo alterarlo o abolirlo, e instituir un nuevo Gobierno fundado en tales principios, y organizar sus poderes en forma tal que a ellos pudiera parecer la más probable para lograr su Seguridad y Felicidad.” – Declaración de Independencia

Los colonos estaban familiarizados con la doctrina de los derechos naturales. De hecho, a la luz de su propia experiencia personal con los logros y los efectos naturales de la libertad y como disidentes religiosos que habían abandonado su país en desacuerdo con el rey y la Iglesia de Inglaterra, eran especialmente receptivos a esta doctrina [5].

Amparados en la doctrina de los derechos naturales, alentados por la distancia que los separaba del Rey Inglés, y aún más estimulados por la censura puritana del ocio real, del lujo y la pompa, los colonos se levantaron para liberarse de la dominación británica.

Como escribió Thomas Jefferson en la Declaración de Independencia, el gobierno fue instituido para proteger la vida, la propiedad y la búsqueda de la felicidad. Toma su legitimidad del consentimiento de los gobernados. En contraste, el gobierno real británico alegaba que podía gravar con impuestos a los colonos sin su consentimiento. Si el gobierno fallara en hacer aquello para lo que fue diseñado, declaró Jefferson, ” es derecho del pueblo alterarlo o abolirlo, e instituir un nuevo gobierno, poniendo su fundación en tales principios, y organizando sus poderes en una forma tal que a ellos pueda parecer la más viable para lograr su seguridad y su felicidad.”

III – La Constitución Americana

Pero ¿cuál es el siguiente paso una vez se había ganado la independencia de Gran Bretaña? Esta cuestión nos lleva a la tercera fuente de orgullo nacional – la Constitución americana – y a la explicación de por qué esta Constitución, en lugar de ser un legítimo motivo de orgullo, representa un error fatal.

Gracias a los grandes avances en materias de teoría económica y política desde finales del 1700, en particular, a manos de Ludwig von Mises y Murray N. Rothbard, estamos ahora en condiciones de dar respuesta precisa a esta pregunta. De acuerdo con Mises y Rothbard, dado que no hay libre acceso al negocio de producción de protección y adjudicación, el precio de la protección y la justicia se elevará y bajará su calidad. En lugar de ser protector y juez, un monopolio obligatorio se convertirá en un gánster de la protección, en invasor y destructor de las personas y de los bienes que se supone debe proteger, un belicista y un imperialista [6].

De hecho, los inflados precios de la protección y la perversión de la ley ancestral por parte del rey Inglés, que habían llevado a los colonos a la rebelión, fueron resultado inevitable del forzoso monopolio. Habiendo logrado con éxito la secesión y la expulsión de la ocupación británica, sólo era necesario que los colonos dejaran que las instituciones domésticas existentes de auto-defensa, de protección privada (de carácter voluntario y cooperativo) y de adjudicación por agentes y organismos especializados, se encargaran de la ley y el orden.

Esto no sucedió, sin embargo. Los americanos no sólo no dejaron que las instituciones reales heredadas por las colonias y los gobiernos coloniales se marchitaran en el olvido, sino que las reconstituyeron dentro de las antiguas fronteras políticas en forma de estados independientes, cada una equipada con su propia coerción impositiva (unilateral) y con poderes legislativos.[7] Si bien ya esto era suficientemente malo, los nuevos americanos empeoraron la situación al adoptar la Constitución Americana que sustituía una vaga confederación de estados independientes por un gobierno central (federal) en los Estados Unidos.

Esta Constitución previó la sustitución de un rey no elegido por un parlamento y un presidente elegido por el pueblo, pero nada mencionó en cuanto a la facultad de legislar y gravar con  impuestos. Por el contrario, mientras que el poder del rey Inglés, de gravar con impuestos sin consentimiento era sólo una suposición en lugar de un hecho establecido explícitamente, en la controversia [8], la Constitución concedió este poder al Congreso en forma concreta. Más aún, si bien los reyes – en teoría, inclusive los reyes absolutos – no eran considerados autores, sino solo intérpretes y ejecutores de las leyes preexistentes e inmutables, es decir, más bien jueces que legisladores, [9], la Constitución explícitamente otorgó al Congreso el poder de legislar, y al Presidente y a la Corte Suprema de Justicia las facultades de ejecutar e interpretar tales leyes [10].

En efecto, lo que la Constitución Americana hizo fue solamente esto: En lugar de un rey que consideraba las colonias americanas como su propiedad privada y a los colonos como sus inquilinos, la Constitución puso a cuidadores temporales e intercambiables a cargo del monopolio de la justicia y de la protección del país.

Estos cuidadores no eran los dueños del país, pero siempre y cuando estuvieran en el cargo, podrían disponer de él y de sus habitantes para ventaja de ellos mismos y de sus protegidos. Sin embargo, como lo  predice la teoría económica elemental, esta configuración institucional no elimina la tendencia hacia una mayor explotación originada en el interés personal del monopolista de la ley y el orden. Por el contrario, sólo tiende a hacer esa explotación menos racional, más miope y despilfarradora. Como Rothbard explica,

“mientras que un propietario privado, seguro de su propiedad y dueño de su patrimonio, hace planes para el uso de sus recursos durante un período largo de tiempo, y el funcionario público debe ordeñar la propiedad tan rápidamente como pueda, ya que no tiene asegurada la continuidad del uso de la misma… Los funcionarios tienen acceso al uso de los recursos, pero no son dueños del patrimonio (excepto en el caso de la “propiedad privada” de un monarca hereditario). Cuando sólo se puede tener el uso actual de la propiedad, pero no se es dueño del recurso mismo, rápidamente se llega al agotamiento antieconómico de los recursos, puesto que no será de beneficio para nadie el conservarlos durante un período de tiempo y es una ventaja para cada titular consumirlos a la mayor brevedad posible. … La persona privada, segura de su propiedad y de sus recursos, puede escoger el largo plazo, porque prefiere mantener el valor patrimonial de sus recursos. Es el funcionario de gobierno quien tiene que apurarse, quien prefiere dilapidar la propiedad mientras esté al mando [11].” 

Por otra parte, debido a que la Constitución prevé expresamente “entrada abierta” al gobierno estatal – cualquier persona puede llegar a ser miembro del Congreso, presidente, o magistrado de la Corte Suprema – la resistencia contra las invasiones a la  propiedad del estado se redujo, y como resultado de “la competencia política abierta” toda la estructura del carácter de la sociedad se distorsionó, y así llegaron personajes cada vez más malos a la cúpula superior [12].

Entrada libre y competencia no son siempre buenas. La competencia en la producción de bienes es buena, pero la competencia en la producción de males no lo es. La libre competencia en el asesinato, robo, falsificación, estafa, por ejemplo, no es buena, es peor que mala. Sin embargo, esto es precisamente lo que está instituido en la política de competencia abierta, es decir, en la democracia.

“Los americanos no sólo no dejaron que las instituciones reales heredadas de colonias y gobiernos coloniales se marchitaran enseguida en el olvido, sino que las reconstituyeron dentro de las antiguas fronteras políticas en forma de estados independientes, cada una equipada con sus propios poderes, el coercitivo de los impuestos (unilateral) y el legislativo”.

En toda sociedad existen personas que codician la propiedad de otros, pero en la mayoría de los casos las personas no aprenden a actuar bajo este deseo, o incluso se sienten avergonzados de tal pensamiento. [13] En una sociedad anarco-capitalista en particular, cualquier persona que actúe bajo tal deseo es considerada un criminal y es reprimida con violencia física. Bajo el gobierno monárquico, por el contrario, una sola persona – el rey – puede codiciar la propiedad de otro, y esto es lo que lo convierte en una amenaza potencial. Sin embargo, debido a que sólo él puede expropiar mientras que a todos los demás les está prohibido hacer lo mismo, cada acción de un rey es considerada con máxima sospecha.[14] Por otra parte, la selección de un rey se hace accidentalmente por su noble nacimiento. Su única calificación característicamente es su crianza como futuro rey y conservador de la dinastía y sus posesiones. Esto no asegura que no va a ser malo, por supuesto, al mismo tiempo, sin embargo, no se opone tampoco a que el rey pueda ser un diletante inofensivo o incluso una persona decente.

En agudo contraste, al liberar la entrada al gobierno, la Constitución permitió a toda persona expresar abiertamente su deseo por la propiedad de otras personas y, de hecho, debido a la garantía constitucional de la “libertad de expresión”, toda persona está protegida al hacerlo. Por otra parte, todo el mundo está autorizado a actuar bajo este deseo, a condición de que las ganancias ingresen al gobierno, por lo cual en virtud de la Constitución, todo el mundo se convierte en una amenaza potencial.

Para estar seguro, hay personas que no las aflige el deseo de enriquecerse a expensas de los demás menos aún convertirse en déspotas, es decir, hay personas que sólo desean trabajar, producir y disfrutar de los frutos de su trabajo. Sin embargo, si la política – la adquisición de bienes por medios políticos (impuestos y leyes) – está permitida, incluso estas personas inofensivas se verá profundamente afectadas.

Con el fin de defenderse de los ataques a su libertad y a sus bienes por aquellos que tienen menos escrúpulos morales, incluso estos honestos personajes, gente trabajadora debe convertirse en “animales políticos” y gastar más y más tiempo y energía en el desarrollo de sus habilidades políticas. Teniendo en cuenta que las características y aptitudes necesarias para tener éxito en la política – buena apariencia, sociabilidad, poder de oratoria, carisma, etc., – se distribuyen de manera desigual entre los hombres, entonces las personas con estas características y habilidades particulares tendrán una sólida ventaja en la competencia por los escasos recursos (el éxito económico) en comparación con aquellos que no los tienen.

Peor aún, dado que, en todas las sociedades, existen más personas que ‘no tienen’ de todo lo que vale la pena tener, que personas que sí ‘tienen’, los que tienen talento político y poca o ninguna inhibición moral para tomar una propiedad y enseñorearse de los demás tendrán una clara ventaja sobre los que tienen esos escrúpulos. Así que, una competencia política favorece talentos agresivos, es decir peligrosos, más que talentos defensivos, es decir inofensivos, y por lo tanto, dan lugar al cultivo y perfeccionamiento a las peculiares habilidades de la demagogia, el engaño, la mentira, el oportunismo, la corrupción y el soborno. Por lo tanto, entrar y tener éxito dentro del gobierno será cada vez más difícil, casi que imposible, para personas con escrúpulos morales contra la mentira y el robo.

En lugar de un rey que consideraba la América de la época colonial como su propiedad privada y a los colonos como a sus inquilinos, la Constitución puso a cargo del monopolio de la justicia y de la protección del país a cuidadores temporales e intercambiables.

Entonces, a diferencia de los reyes, los congresistas, los presidentes y los magistrados de la Corte Suprema no logran, y no podrán lograr, sus posiciones accidentalmente. Por el contrario, llegan a su posición debido a su aptitud como demagogos moralmente desinhibidos. Por otra parte, aún por fuera de la órbita del gobierno, dentro de la sociedad civil, algunos individuos ascenderán cada vez más a lugares prominentes de la vida económica y al éxito financiero, no en razón de su actividad productiva, empresarial o incluso de su talento político defensivo superior, sino más bien debido a sus habilidades superiores en la  política como empresarios o como grupos de presión sin escrúpulos. Así, la Constitución asegura que, casi exclusivamente, lleguen a la cima del poder gubernamental personas peligrosas y sobretodo que la conducta moral y las normas éticas tiendan a relajarse y a deteriorarse.

Por otra parte, la separación de poderes prevista en la constitución no significa ninguna diferencia en este sentido. Dos o aún tres errores no se convierten en un hecho correcto. Por el contrario, conducen a la proliferación, a la acumulación, a la consolidación, y al agravamiento del error. Los legisladores no pueden imponer su voluntad sobre sus desventurados súbditos sin la cooperación del presidente como jefe de la rama ejecutiva del gobierno, y el presidente, a su vez, utiliza su posición y los recursos a su disposición para influir en los legisladores y en la legislación. Y aunque la Corte Suprema puede estar particularmente en desacuerdo con los actos del Congreso o del Presidente, los Jueces de la Corte Suprema son nombrados por el Presidente y confirmados por el Senado y siguen dependiendo de ellos para su financiación. Como parte integral de la institución de gobierno, no tienen interés en limitar, sino más bien en expandir el gobierno y, por ende, su propio poder [15].

IV – Doscientos años más tarde…

Después de más de dos siglos de “gobierno constitucionalmente limitado”, los resultados son claros e incontrovertibles. Al inicio del “experimento” americano, la carga fiscal impuesta a los estadounidenses fue leve, de hecho casi insignificante. El dinero consistía en cantidades fijas de oro y plata. La definición de la propiedad privada era clara y aparentemente inmutable, y el derecho a la legítima defensa se consideraba sagrado. No existía un ejército permanente y, tal como lo expresa George Washington en su discurso de despedida, parecía existir un firme compromiso con el libre comercio y una política exterior no intervencionista. Doscientos años más tarde, las cosas han cambiado radicalmente [16].

Ahora, año tras año, el gobierno expropia más de 40 por ciento de los ingresos de los productores privados, lo que hace que incluso la carga económica impuesta a los esclavos y siervos parezca moderada en comparación. El oro y la plata han sido reemplazados por dinero de papel fabricado por el gobierno, y a los estadounidenses se les roba continuamente su dinero a través de la inflación. El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y la contratación está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel (la legislación). Con el aumento de la legislación, se ha creado cada vez más inseguridad jurídica y riesgos morales, y el caos ha sustituido a la ley y al orden.

El significado de la propiedad privada, alguna vez aparentemente claro y fijo, se ha convertido en oscuro, flexible y fluido. De hecho, cada detalle de la vida privada, la propiedad, el comercio y el contrato está regulado y re-regulado por una creciente montaña de leyes de papel“.

Por último, pero no por ello menos importante, el compromiso con el libre comercio y no intervencionismo ha dado paso a una política de proteccionismo, militarismo e imperialismo. De hecho, casi desde sus inicios el gobierno de los EEUU ha practicado un implacable y agresivo expansionismo y, a partir de la Guerra Hispano-Americana, pasando por la Primera y la Segunda Guerras Mundiales, hasta la actualidad, cuando los Estados Unidos se han visto mezclados en cientos de conflictos externos para ascender a la categoría de potencia más belicista e imperialista del mundo. Además, mientras sus ciudadanos pasan a ser cada vez más indefensos, inseguros, y empobrecidos, los extranjeros de todo el mundo se ven cada vez más intimidados y amenazados por el poder militar de los EEUU, los Presidentes americanos, los miembros del Congreso, y los jueces de la Corte Suprema se muestran cada vez más arrogantes, moralmente corruptos, y peligrosos [17].

¿Qué se puede hacer con este estado de cosas? En primer lugar, se debe reconocer lo que es la Constitución Americana – un error.

Como reza la Declaración de la Independencia, el gobierno se supone que debe proteger la vida, la propiedad, y la búsqueda de la felicidad de los americanos. Sin embargo, al concederse al gobierno la facultad de legislar y de gravar con impuestos sin previo consentimiento, la Constitución no puede servir para lograr este objetivo, sino que es precisamente el instrumento para invadir y destruir los derechos a la vida, a la propiedad y a la libertad. Es absurdo creer que un organismo que puede gravar sin consentimiento puede ser un protector de la propiedad. Del mismo modo, es absurdo creer que un organismo con poder legislativo puede preservar la ley y el orden. Por el contrario, hay que reconocer que la Constitución es en sí misma inconstitucional, es decir, incompatible con la doctrina de los derechos humanos que inspiraron la Revolución Americana [18].

De hecho, nadie en su sano juicio estaría de acuerdo en un contrato que permita a un presunto protector determinar , sin el consentimiento de uno, y de manera irrevocable, sin posibilidad de escape, cuánto se va a cobrar por la protección, y nadie en sano juicio podría estar de acuerdo con un contrato irrevocable que concede al presunto protector el derecho a la última instancia en la toma de decisiones con respecto a la misma persona y sus bienes, es decir, legislando unilateralmente [19].

En segundo lugar, es necesario ofrecer una alternativa positiva y estimulante al sistema actual.

Si bien es importante que se mantenga viva la memoria del pasado americano como una tierra de pioneros y de un sistema anarco-capitalista eficiente basado en la auto-defensa y las milicias populares, no podemos volver al pasado feudal ni a la época de la Revolución Americana. Sin embargo, la situación no es desesperada. A pesar del incesante crecimiento del estatismo en el transcurso de los últimos dos siglos, el desarrollo económico ha seguido, y nuestro nivel de vida han alcanzado espectaculares nuevas alturas. Bajo estas circunstancias, empieza a ser viable una nueva opción: la provisión de ley y orden por medio de agencias privadas de seguros que compitan libremente (con pérdidas y ganancias) [20].

Aunque obstaculizadas por el estado, las agencias de seguros protegen la propiedad privada a los propietarios mediante el pago de una prima contra una multitud de desastres, naturales y sociales, desde inundaciones y huracanes hasta robo y fraude. Así pues, parecería que la producción de seguridad y protección es el propósito mismo de los seguros. Además, la gente no entregaría a cualquier entidad un servicio tan esencial como el de la protección. Por el contrario, como señalaba de Molinari,

“antes de alcanzar un acuerdo con [un] productor de seguridad… se comprobaría si realmente es lo suficientemente fuerte como para protegerlos… [y] si su carácter es tal que no tendrán que preocuparse por comportamientos tales como instigar las mismas agresiones que se supone debe reprimir [21].”

En este sentido las agencias de seguros también parecen adecuadas para tal papel. Son grandes y están en comando de los recursos – materiales y humanos – necesarios para el cumplimiento de la tarea de hacer frente a los peligros, reales o imaginarios, del mundo real. De hecho, las compañías de seguros operan en el ámbito nacional e inclusive a escala internacional. Son dueños de grandes holdings de propiedad dispersos en amplios territorios más allá de las fronteras de un único estado y, por tanto, tienen manifiesto interés en una protección efectiva. Además, todas las compañías de seguros están conectados a través de una compleja red de acuerdos contractuales en materia de asistencia mutua y arbitraje, así como un sistema de organismos internacionales de reaseguros que representa una combinación de poder económico que aventaja la mayoría de, si no todos los gobiernos contemporáneos. Han adquirido esta posición debido a su reputación como empresas eficientes, confiables y honestas.

“Es absurdo creer que un organismo que puede gravar sin consentimiento puede ser un protector de la propiedad.  Del mismo modo, es absurdo creer que un organismo con poder legislativo puede preservar la ley y el orden”.

Si bien esto puede ser suficiente para establecer que las agencias de seguros son una posible alternativa a la función que actualmente desempeñan los estados como proveedores de la ley y el orden, es necesario un examen más detallado para demostrar la primordial superioridad de este tipo de alternativa sobre el statu quo. Para ello, sólo es necesario reconocer que las compañías de seguros no pueden legislar ni gravar con impuestos, es decir, la relación entre el asegurador y el asegurado es consensual. Ambos son libres de cooperar o no cooperar, y este hecho tiene implicaciones trascendentales. En este sentido, las agencias de seguros son categóricamente distintas a los Estados.

Las ventajas de hacer que las compañías de seguros sean proveedoras de servicios de seguridad y protección son los siguientes. En primer lugar, la competencia entre las aseguradoras por las primas de los clientes provocará una tendencia hacia una continua reducción en el precio de la protección por valor asegurado, lo cual hace que la protección sea más asequible. En contraste, un monopolio de la protección que puede gravar a sus protegidos, cobrará precios cada vez más altos por sus servicios [22].

En segundo lugar, las aseguradoras tendrán que indemnizar a sus clientes en el caso de daños reales, por lo que deben funcionar de manera eficiente. En cuanto a desastres sociales – delincuencia – en particular, esto significa que el asegurador debe considerar, más que todo, una prevención eficaz, porque si no puede impedir un delito, tendría que pagar. Además, si no puede impedir un acto criminal, la aseguradora aún tendría que recuperar el botín, aprehender al delincuente, y llevarlo a la justicia, porque de este modo puede el asegurador reducir sus costos y forzar al criminal a pagar por los daños y perjuicios y el costo de la indemnización – en lugar de que sean la víctima y la empresa de seguros quienes lo hagan. En agudo contraste, ya que el estado como monopolio obligatorio no indemniza a las víctimas y además porque pueden recurrir a los impuestos como fuente de financiación, tienen poco o ningún incentivo para prevenir la delincuencia o para recuperar el botín y capturar a los delincuentes Si logran aprehender al criminal, por lo general obligan a la víctima a pagar por el encarcelamiento del criminal, por lo tanto, añaden insulto a la injuria [23].

Tercero y más importante, ya que la relación entre aseguradoras y clientes es voluntaria, las compañías de seguros deben aceptar la propiedad privada como premisa imprescindible y el derecho a la propiedad privada como ley inmutable. Es decir, a fin de atraer o retener clientes, los aseguradores tendrán que ofrecer contratos donde se especifica la descripción de la propiedad, la descripción de los daños a la propiedad, reglas de procedimiento, pruebas, indemnización, restitución, y multas, así como resolución de conflictos intra- e inter-institucionales y procedimientos de arbitraje.

Por otra parte, debe surgir una tendencia a la unificación de la ley de carácter verdaderamente universal o de derecho internacional, con los procedimientos de arbitraje resultantes de la constante cooperación entre los diferentes aseguradores en mutuo. Toda persona, por el hecho de estar asegurada, por lo tanto estará ligado a un esfuerzo competitivo global para reducir al mínimo los conflictos y la agresión. Todos y cada uno de los conflictos y la reclamación por daños y perjuicios, independientemente de dónde y por quien o en contra de quien, debe caer en la jurisdicción de una o más agencias de seguros específicas y numerables con sus procedimientos de arbitraje acordados contractualmente, con lo que se lograría la creación de una “perfecta” seguridad jurídica.

Bajo estas circunstancias, empieza a ser viable una nueva opción: la provisión de ley y orden por medio de agencias privadas de seguros que compiten libremente (con pérdidas y ganancias)“.

En agudo contraste, los estados, como todo monopolio protector financiado por impuestos, no ofrecen a los consumidores ni siquiera algo ligeramente parecido a un contrato de servicios de protección. En lugar de ello, operan en un vacío contractual que les permite hacer y cambiar las reglas del juego a medida que avanzan. Muy notablemente, mientras que las aseguradoras deben someterse al dictamen de árbitros independientes y a procedimientos de arbitraje a fin de atraer el pago de primas voluntarias de sus clientes, los Estados, en la medida en que permiten el arbitraje en todo, asignar esta tarea a un juez dependiente y financiado por el Estado [24].

Además merecen atención especial las ulteriores implicaciones de este contraste fundamental entre proveedores contractuales de seguridad, frente a los estados como proveedores no contractuales de seguridad.

Debido a que no están sujetos a, ni obligados por contratos, los Estados generalmente prohíben la propiedad de armas a sus “clientes”, aumentando así su propia seguridad a expensas de la indefensión de sus presuntos clientes. En cambio, ningún comprador voluntario de seguros de protección estaría de acuerdo en un contrato que le exige renunciar a su derecho a la autodefensa y estar por tanto desarmado o indefenso. Por el contrario, los organismos de seguros estimularían la propiedad de armas de fuego y otros dispositivos de protección entre sus clientes por medio de recortes selectivos de precios, porque mientras mejor protegidos estén sus clientes, menores serían los costos de los seguros de protección y de indemnización.

Por otra parte, porque operan en un vacío contractual y son independientes del pago voluntario, establecen arbitrariamente definiciones y redefiniciones de lo que es y lo que no es una “agresión” punible  y lo que requiere o no compensación. Mediante el impuesto proporcional o progresivo sobre la renta y con la redistribución de los ingresos de los ricos a los pobres, por ejemplo, el estado en efecto define a los ricos como agresores y a los pobres como sus víctimas. (En caso contrario, si los ricos no fueran los agresores y los pobres no fueran sus víctimas, ¿cómo se podría justificar el tomar algo de los primeros para dárselo a los últimos?). O al aprobar leyes de acción afirmativa, los Estados de manera eficaz definen a los blancos y al género masculino como agresores y a los negros y a las mujeres como sus víctimas. Para las agencias de seguros, este tipo de conducta empresarial sería imposible por dos razones fundamentales [25].

En primer lugar, los seguros deben agrupar ciertos riesgos y clasificarlos por clases de riesgo. Esto implica que a algunos de los asegurados, se les pagará más de lo que pagan, y a otros, menos. Sin embargo – y esto es decisivo – no se sabe de antemano quienes vayan a ser los “ganadores” y quienes los “perdedores”. Ganadores y perdedores – y cualquier redistribución de los ingresos entre ellos – serán repartidos al azar. De lo contrario, si los ganadores y los perdedores pudieran ser previstos sistemáticamente, los perdedores no querrían poner sus riesgos en común con los ganadores, sino sólo con otros perdedores, porque ello reduciría sus primas de seguro.

Ya que el estado como monopolio obligatorio no indemniza a las víctimas y además porque pueden recurrir a los impuestos como fuente de financiación, tienen poco o ningún incentivo para prevenir la delincuencia o para recuperar el botín y capturar a los delincuentes“.

En segundo lugar, no es posible asegurarse a sí mismo contra todo riesgo. Por el contrario, sólo es posible asegurarse a sí mismo contra accidentes, es decir, contra riesgos sobre cuyos resultados el asegurado no tiene control alguno y a los que en nada contribuye. Por lo tanto, es posible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de muerte o incendio, por ejemplo, pero no es posible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de cometer suicidio o de prender fuego a su propia casa.

Del mismo modo, es imposible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de fracaso empresarial, de desempleo, de no ser rico, de no sentirse con deseos de levantarse y salir de la cama por la mañana, o de ser rechazado por los vecinos, compañeros o superiores, porque en cada uno de estos casos la persona tiene, ya sea total o parcialmente, control sobre el acontecimiento en cuestión. Esto es, el individuo puede influir en las probabilidades del riesgo. Por su propia naturaleza, el evitar riesgos de este tipo cae en el ámbito de la responsabilidad individual, y cualquier agencia que los cubra con un seguro podría decirse que iría a la quiebra de inmediato.

Es más importante para el tema objeto de debate, la imposibilidad de asegurar acciones y sentimientos individuales (en contraposición a los accidentes) implica que también es imposible asegurarse a sí mismo contra el riesgo de daños y perjuicios resultantes de un comportamiento agresivo o de una provocación previos. Por el contrario, cada asegurador debe limitar las acciones de sus clientes a fin de excluir toda agresión y provocación de su parte. Es decir, todos los seguros contra desastres sociales tal como el crimen debe ser contingente a que el asegurado se someta a normas específicas de conducta civilizada y no agresiva.

En consecuencia, si bien el Estado como monopolio protector puede participar en políticas redistributivas en beneficio de un grupo de personas a expensas de otro, y mientras que agencias con apoyo fiscal pueden incluso “asegurar” riesgos no asegurables y proteger a provocadores y agresores, los aseguradores financiados con primas voluntarias estarían sistemáticamente impedidos para hacer tal cosa. La competencia entre aseguradores excluiría cualquier forma de redistribución de ingresos y de riqueza entre diversos grupos de asegurados, ya que una empresa que participara en tales prácticas perdería sus clientes ante otras firmas que se abstengan de ello. Por el contrario, cada cliente pagará exclusivamente por sus propios riesgos, respectivamente, de lo que pagan personas con la misma (homogénea) exposición a los riesgos que aquellos corren [26]. Tampoco podrían “proteger” las agencias financiadas con primas de seguros voluntarias, a cualquier persona de las consecuencias de sus propios errores, tonterías, sentimientos o conductas arriesgadas, o agresivas. La competencia entre aseguradores más bien fomentaría sistemáticamente la responsabilidad individual, y cualquier provocador o agresor conocido sería excluido como un mal riesgo de seguro en cualquier tipo de cobertura y llegaría a ser, económicamente, como un paria aislado, débil y vulnerable.

Por último, en lo que respecta a las relaciones exteriores, como los Estados pueden externalizar los costos de sus propias acciones sobre sus desgraciados contribuyentes, están permanentemente inclinados a convertirse en agresores y belicistas. Por consiguiente, tienden a financiar y a desarrollar armas de agresión y destrucción masivas. En claro contraste, los aseguradores estarán impedidos para participar en cualquier tipo de agresión externa, ya que cualquier agresión es costosa y requeriría mayores primas de seguros, lo que implicaría la pérdida de clientes a otros competidores no agresivos. Las aseguradoras participarán exclusivamente en la violencia defensiva, y en lugar de adquirir armas de agresión y destrucción masiva, tenderán a invertir en el desarrollo de armas de defensa y de represalia selectiva [27].

V – Revolución por medio de la secesión.

A pesar de todo esto está claro, ¿cómo podemos lograr implementar, con éxito, una reforma constitucional tan fundamental? Las agencias de seguros están actualmente restringidas por un sinnúmero de regulaciones que les impide hacer lo que pueden y naturalmente harían. ¿Cómo pueden liberarse de estas regulaciones?

Más que por medio de una reforma de arriba hacia abajo, en las condiciones actuales, la estrategia de uno debe ser la de una revolución de abajo hacia arriba“.

Básicamente, la respuesta a esta pregunta es la misma dada por los revolucionarios de América más de doscientos años atrás: a través de la creación de territorios libres y por medio de la secesión.

Para entonces, en virtud de las condiciones monárquicas, los partidarios de una revolución social anti-estatista liberal-libertaria todavía había una opción que desde entonces se ha perdido. Los Liberales – libertarios en los viejos tiempos podían – y con frecuencia lo hacían – creer en la posibilidad de simplemente convencer al rey de su punto de vista, y por lo tanto iniciar una “revolución desde arriba”. No era necesario un apoyo masivo para ello – sólo la idea de un príncipe progresista [28].

No obstante lo sensata que esta podría haber sido entonces, esta estrategia de revolución social de arriba hacia abajo sería imposible hoy en día. Los líderes políticos hoy en día son seleccionados de acuerdo a sus talentos demagógicos y a su hoja de vida con registros probados de inmoralidad habitual, como se ha explicado anteriormente, por consiguiente, la posibilidad de convertirlos al punto de vista liberal-libertario deben ser considerados incluso más poco probable que la conversión de un rey quien simplemente heredó su posición.

Por otra parte, el monopolio estatal de protección es ahora considerado público y no propiedad privada, y el gobierno ya no está atado a un determinado individuo, sino a determinadas funciones ejercidas por funcionarios anónimos. Por lo tanto, la estrategia de convertir a uno o a unos pocos personajes ya no dará resultado. No importa si uno convierte algunos funcionarios del gobierno – el presidente y algunas de las principales senadores o jueces, por ejemplo -, porque dentro de las normas de un gobierno democrático ningún individuo tiene la facultad de abdicar al monopolio del gobierno. Los reyes tenían esta facultad, pero los presidentes no. El presidente puede renunciar a su cargo, por supuesto, pero sólo para ser reemplazado por alguien más. No tampoco puede disolver el monopolio gubernamental de protección, ya que, según las reglas de la democracia, “el pueblo”, no sus representantes electos, son considerados los “propietarios” del gobierno.

Por lo tanto, más que por medio de una reforma de arriba hacia abajo, en las condiciones actuales, la estrategia debe ser la de una revolución de abajo hacia arriba. En primer lugar, la realización de esta visión parecería que hace imposible la tarea de una revolución social liberal-libertaria, porque, ¿no implicaría esto que uno tendría que persuadir a la mayoría de los ciudadanos a votar a favor de la abolición de la democracia y del fin de todos los impuestos y de la legislación? Y esto no es pura fantasía, dado que las masas son siempre indolentes y aburridas, y más aún teniendo en cuenta que la democracia, como se explicó anteriormente, promueve la degeneración moral e intelectual? ¿Cómo puede ser posible que alguien pueda esperar que la mayoría de un pueblo cada vez más degenerado, acostumbrado al “derecho” de votar pueda renunciar voluntariamente a la oportunidad de saquear la propiedad de otras personas? Puesto de esta manera, hay que admitir que la perspectiva de una revolución social debe ser considerada como prácticamente imposible. Por el contrario, sólo si se piensa dos veces, al mirar la secesión como una parte integral de cualquier estrategia de abajo hacia arriba, la tarea de una revolución liberal-libertaria parece menos imposible, aunque sigue siendo abrumadora.

Todas las revoluciones, ya sean buenas o malas, las inician minorías; y la ruta secesionista hacia la revolución social reconoce explícitamente la importancia de este hecho“.

¿Cómo encaja la secesión en una estrategia de revolución social de abajo hacia arriba? Más importante aún, ¿cómo puede un movimiento secesionista escapar a la suerte de la Confederación Sureña de ser aplastada por un gobierno central tiránico y peligrosamente armado?

En respuesta a estas preguntas, es necesario recordar que ni la Revolución Americana original ni la Constitución norteamericana fueron el resultado de la voluntad de la mayoría de la población. Un tercio de los colonos eran en realidad “Tories”, y otro tercio estaban ocupados con la rutina diaria y no les importaba uno u otro. No más de un tercio de los colonos estaban realmente comprometidos y apoyaban la revolución, sin embargo, se salieron con la suya. Y en lo que a la Constitución se refiere, la inmensa mayoría del público se oponía a su aprobación, y su ratificación representó más un golpe de Estado de una pequeña minoría sobre la voluntad general. Todas las revoluciones, ya sean buenas o malas, las inician minorías; y la ruta secesionista hacia una revolución social, que implica necesariamente la ruptura por parte de un número pequeño de personas, de un grupo más grande, reconoce explícitamente la importancia de este hecho.

En segundo lugar, es necesario reconocer que, en última instancia el poder de cada gobierno – ya sea de reyes o de cuidanderos – recae exclusivamente en opinión y no en fuerza física. Los agentes del gobierno no son más que una pequeña proporción del total de la población bajo su control. Esto implica que ningún gobierno pueda hacer cumplir su voluntad a toda la población a no ser que encuentre un amplio apoyo y cooperación voluntaria entre el público no gubernamental. Implica también que cada gobierno puede ser derribado por un simple cambio en la opinión pública, es decir, por la retirada de la cooperación y de la anuencia públicas [29].

Y si bien es innegablemente cierto que, después de más de dos siglos de democracia, el público americano ha llegado a tal estado de degeneración, moral e intelectual, que cualquier retirada debe ser considerada imposible a escala nacional, no parece insuperablemente difícil lograr una mayoría de mentalidad secesionista en regiones o distritos suficientemente pequeños del país.

De hecho, habida cuenta de una minoría muy enérgica de elites intelectuales inspiradas por la visión de una sociedad libre, en la que la ley y el orden sean proporcionados por aseguradoras en franca competencia, y teniendo en cuenta, además, que como – realmente los Estados Unidos, deben su propia existencia a un acto secesionista – la secesión sigue siendo considerada legítima y de acuerdo con el ideal democrático “original” de la libre determinación (en lugar de la ley de la mayoría) [30] por un número importante de personas, no parece irreal el supuesto de que tales mayorías secesionistas existan o puedan crearse en cientos de ubicaciones en todo el país.

Es necesario reconocer que, en última instancia el poder de todo gobierno – ya sea de reyes o cuidadores – recae exclusivamente en la opinión y no en la fuerza física“.

De hecho, en virtud de la asunción realista de que el gobierno central de los EEUU, así como los estados social-democráticos de Occidente, en general, están condenados a la quiebra económica (muy similar al derrumbe económico de hace algunos años de las democracias populares socialistas del Este), las tendencias actuales hacia la desintegración política es probable que se fortalezcan en el futuro. En consecuencia, el número de posibles regiones secesionistas seguirá aumentando, incluso más allá de su nivel actual.

Por último, la idea de un amplio y creciente potencial secesionista también permite dar respuesta a la última pregunta relacionada con los peligros de una represión del gobierno central.

Si bien es importante a este respecto que la memoria del pasado secesionista de los Estados Unidos se mantenga viva, es aún más importante para el éxito de una revolución liberal-libertaria, a fin de evitar los errores de un segundo intento fallido de secesión. Afortunadamente, la cuestión de la esclavitud, lo que complica y oscurece la situación en 1861, [31] se ha resuelto. Sin embargo, otra lección importante debe ser aprendida al comparar el fallido experimento americano de la segunda secesión con el éxito de la primera.

La primera secesión americana se vio facilitada considerablemente por el hecho de que en el centro del poder en Gran Bretaña, la opinión pública en relación con los secesionistas estaba dividida. De hecho, muchos británicos, figuras destacadas tales como Edmund Burke y Adam Smith, simpatizaba abiertamente con los secesionistas. Aparte de razones puramente ideológicas, que rara vez afectan a más de un puñado de mentes filosóficas, esta falta de una oposición unificada a los secesionistas de América en la opinión pública británica se puede atribuir a dos factores complementarios. Por un lado, existía una multitud de afiliaciones regionales y culturales-religiosas, así como los lazos familiares y personales entre Gran Bretaña y los colonos de América. Por otra parte, acontecimientos en América se consideraron muy lejos de casa y la posible pérdida de las colonias como económicamente insignificante.

En ambos aspectos, la situación en 1861 era claramente diferente. Para estar seguro, en el centro del poder político, que se había desplazado a los estados del norte en ese entonces, la oposición a la Confederación secesionista del Sur no estaba unificada, y la causa de la Confederación también tuvo seguidores en el Norte. Sin embargo, existían menos lazos culturales y de parentesco entre el Norte y el Sur que los que habían existido entre Gran Bretaña y los colonos, y la secesión de la Confederación del Sur que era alrededor de la mitad del territorio y un tercio de la totalidad de la población de los Estados Unidos y, por tanto, a los del norte los golpeó muy cerca de casa y además era una importante pérdida económica. Por lo tanto, es comparativamente más fácil para la élite de poder del Norte moldear un frente unificado de cultura “progresista” Yankee contra el culturalmente atrasado y “reaccionario” Dixieland.

A la luz de estas consideraciones, entonces, parece estratégicamente aconsejable no intentar de nuevo lo que en 1861 falló tan dolorosamente – estados contiguos, o incluso todo el Sur, tratando de separarse de la tiranía de Washington, DC.

Por el contrario, una estrategia moderna liberal-libertaria de secesión debería obtener sus claves en la Edad Media cuando, desde alrededor del Siglo XII y hasta bien entrado el siglo XVII (con el surgimiento del moderno Estado central), Europa se caracterizaba por la existencia de cientos de ciudades libres e independientes, intercaladas predominantemente en una estructura social feudal [32].

Los líderes políticos hoy en día son seleccionados de acuerdo a sus talentos demagógicos y a su hoja de vida con registros probados de inmoralidad habitual“.

Al elegir este modelo y tratando de crear una América marcada por un elevado y creciente número de ciudades libres, territorialmente desconectadas – una multitud de Hong Kongs, Singapures, Mónacos, y Liechtensteins sembrados a lo largo de todo el continente – alcanzaríamos dos objetivos centrales que de otro modo serían imposibles. En primer lugar, además de reconocer el hecho de que el potencial liberal-libertario se distribuye muy desigualmente por todo el país, una estrategia de separación paso a paso haría que la secesión fuera menos amenazante, política, social y económicamente. Segundo, mediante la aplicación de esta estrategia simultáneamente en un gran número de lugares en todo el país, se convierte en sumamente difícil para el Estado central crear una oposición unificada de opinión pública contra los secesionistas, lo que garantizaría el nivel de apoyo popular y la cooperación voluntaria necesaria para una campaña de represión exitosa [33].

Si tenemos éxito en este empeño, si a continuación procedemos a devolver todos los bienes públicos a las manos privadas apropiadas y adoptamos una nueva “constitución” que declare en lo sucesivo como ilegal todo impuesto y toda legislación, y si finalmente permitimos que las agencias de seguros hagan lo que están destinados a hacer, podremos estar realmente orgullosos de nuevo y se justificará que América afirme que da ejemplo al resto del mundo.

Hans-Hermann Hoppe, economista de la Escuela Austríaca y filósofo libertario/anarcocapitalista, es profesor de Economía en la Universidad de Nevada en Las Vegas, distinguido colega del Ludwig von Mises Institute, fundador y Presidente de La Sociedad Propiedad y Libertad, y editor general del Journal of Libertarian Studies.

Este ensayo fue publicado originalmente en Inglés en Reassessing the Presidency: The Rise of the Executive State and the Decline of Freedom (Reevaluando la Presidencia: El Avance del Estado Ejecutivo y el Ocaso de la Libertad). Editado por John V. Denson, pp. 667-696.

Notas:


[1] Sobre la influencia de Locke y la filosofía política Lockeana en América, véase Edmund S. Morgan, El nacimiento de la República: 1763-89 (Chicago: University of Chicago Press, 1992), pp. 73-74:

Cuando Locke describió el estado de la naturaleza, lo pudo explicar muy vívidamente diciendo que “en el comienzo todo el Mundo era América”. Y de hecho, muchos estadounidenses habían tenido la experiencia real de aplicar su mano de obra a la tierra salvaje y en esta forma convertirla en su propiedad. Algunos incluso habían participado en pactos sociales, creando nuevos gobiernos en áreas salvajes donde no había existido ningún gobierno anteriormente. (P. 74)

Sobre delincuencia, protección, y defensa en particular, véase Terry Anderson y PJ Hill, “El Experimento Americano en Anarco-Capitalismo: El no Tan Salvaje, Salvaje Oeste”, Diario de Estudios Libertarios 3, no. 1 (1979), y Roger D. McGrath, Pistoleros, Patrulleros, y Vigilantes: Violencia en la Frontera (Berkeley: University of California Press, 1984).

[2] Contrariamente a los actuales mitos multiculturales populares, América decididamente no fue un “crisol” de culturas. Por el contrario, la colonización del continente Norte Américano confirma la visión sociológica elemental que todas las sociedades humanas son el resultado de la evolución de familias y sistemas de parentesco y, por tanto, se caracterizan por un alto grado de homogeneidad interna, es decir, que “los parecidos” suelen asociarse con sus “parecidos” y ponen distancia y se separan a sí mismos de sus “diferentes”. Así, por ejemplo, de conformidad con esta tendencia general, los puritanos prefirieron asentarse en Nueva Inglaterra, los calvinistas holandeses en Nueva York, los cuáqueros en Pennsylvania y en el sur de New Jersey. Los católicos en Maryland, y los anglicanos, así como también los hugonotes franceses, en las colonias del sur. Véa más sobre esto en David Hackett Fisher, la Semilla de Albión: Cuatro populares senderos recorridos por los británicos en los Estados Unidos (Nueva York: Oxford University Press, 1989).

[3] Véase Fritz Kern, Los Reinos y la Ley en la Edad Media (Oxford: Blackwell, 1948); Bertrand de Jouvenel, Soberanía: una investigación sobre el Bien Politico (Chicago: University of Chicago Press, 1957), especialmente el capítulo 10; ídem, Sobre el Poder : La Historia Natural de su Crecimiento (Nueva York: Viking, 1949), y Robert Nisbet, Comunidad y Poder (Nueva York: Oxford University Press, 1962).

“Feudalismo”, resume Nisbet en otro documento (ídem, Prejuicios. Diccionario Filosófico [Cambridge, Mass.: Universidad de Harvard Press, 1982], pp. 125-31),

ha sido una palabra de invectiva, de vehementes abuso y vituperación, durante los últimos dos siglos… [Sobre todo] por intelectuales al servicio espiritual del Estado absoluto moderno, ya sea monárquico, republicano, o democrático. [De hecho], el feudalismo es una ampliación y adaptación del vínculo de parentesco o paisanaje bajo la afiliación protectora de una banda de guerreros o de caballeros… Contrariamente a la política moderna de Estado con su principio de soberanía territorial, durante casi mil años en el Oeste, la protección, los derechos, el bienestar, la autoridad, y la devoción fueron vínculos heredados de persona a persona y no territorialmente… Vivir en una relación feudal es ser el “hombre” de otro hombre, quien a su vez era el “hombre” de otro hombre, y así sucesivamente hasta llegar a la parte superior de la pirámide feudal, cada uno debiendo al otro, bien sean servicios o protección. El vínculo feudal tiene mucho en sí de la relación entre el guerrero y el comandante, pero tiene aún más de la relación entre hijo y padre, pariente y patriarca…. [Es decir, los vínculos feudales son esencialmente] relaciones contractuales, privadas y personales. La subordinación del rey a la ley fue uno de los más importantes principios del feudalismo.

Véanse también las notas 8, 9 y 10 más adelante.

[4] Véase a Lord Acton, “La Historia de la libertad en el cristianismo,” in idem, Ensayos sobre la Historia de la Libertad (Indianapolis, Ind: Clásicos de la Libertad, 1985), esp. p.36.

[5] Sobre el patrimonio o la herencia ideológica liberal-libertaria de los primeros colonos de América véase Murray N. Rothbard, Por una nueva Libertad (Nueva York: Collier, 1978), capítulo 1; idem, Concebidos en Libertad, 4 vols. (New Rochelle, NY: Arlington House, 1975), y Bernard Bailyn, Los Orígenes ideológicos de la Revolución Americana (Cambridge, Mass: Harvard University Press, 1967).

[6] Esta idea fundamental fue claramente expuesta por el economista francés-belga Gustave de Molinari en un artículo publicado en 1849 (“La Producción de Seguridad”). De Molinari razonaba así:

Que en todos los casos, para todos los productos básicos que sirven para proveer las necesidades tangibles o intangibles de los consumidores, es en el mejor interés del consumidor que el empleo y el comercio sigan siendo libres, porque la libertad de trabajo y comercio tiene como resultado necesario y permanente la reducción máxima de los precios. De ahí se deduce: que ningún gobierno debería tener el derecho de impedir que otro gobierno entrara en competencia con él mismo, o que exigiera a los consumidores de seguridad o protección que lo buscaran exclusivamente a él para obtener estos servicios básicos (p. 3).

Si, por el contrario, el consumidor no tiene libertad de contratar seguridad donde bien le plazca, vería de inmediato abrirse una gran profesión dedicada a la arbitrariedad y a la mala gestión. La Justicia se tornaría lenta y costosa, la policía vejatoria, la libertad individual ya no sería respetable, el precio de la seguridad se inflaría abusivamente y se repartiría inequitativamente de acuerdo con el poder y la influencia de tal o cual clase de consumidores.(págs. 13-14)

[7] Además, de conformidad con su carta real original, los nuevos Estados independientes de Georgia, las Carolinas, Virginia, Connecticut, y Massachusetts, por ejemplo, reclamaban como frontera occidental el Océano Pacífico, y sobre esa base, tan obviamente carente de fundamento, y usurpado títulos de propiedad, ellos – y, posteriormente, su heredero “legal”, el Congreso Continental y los Estados Unidos – procedieron a vender los territorios occidentales a colonizadores privados y a negociantes de tierras, con el fin de pagar sus deudas y/o a financiar operaciones del gobierno de ese entonces.

[8] Véase de Bruno Leoni, Libertad y Ley (Indianapolis, Ind: Clásicos de la Libertad, 1991), p. 118. Leoni aquí anota que varios comentaristas académicos de la Carta Magna, por ejemplo, han señalado que una de las primeras versiones del principio medieval de “no hay impuestos sin representación” originalmente se tenía como que “no habría impuestos sin el consentimiento de la persona gravada”, y tenemos que en 1221, el Obispo de Winchester habiendo sido “convocado a dar su consentimiento a un impuesto de escuage {pago de impuesto para no prestar el servicio militar}, se negó a pagar, después de que el Consejo había decretado la subvención, sobre la base que él no había estado de acuerdo, y ya el Exchequer había confirmado su solicitud”.

[9] Véase en Kern, Monarquía y Leyes en la Edad Media, quien escribe

que no hay, en la Edad Media, tal cosa como la “primera aplicación de una norma jurídica”. Ley significa antigua; una nueva ley es una contradicción en términos, porqué una nueva ley se basa explícita o implícitamente en la antigua, o está en conflicto con ella, en cuyo caso no es legal. La idea fundamental sigue siendo la misma, la antigua ley es la verdadera ley, y la verdadera ley es la antigua ley. Según ideas medioevales, por lo tanto, la promulgación de una nueva ley nunca es posible, y todas las leyes y reformas jurídicas se conciben como una restauración de la buena y antigua ley que ha sido violada. (p. 151)

Opiniones similares en relación con la permanencia de la ley y la inadmisibilidad de la legislación eran aún sostenidas por los fisiócratas franceses del siglo 18 tal como Mercier de la Riviere, quien fuera por un tiempo gobernador de Martinica y autor de un libro sobre el Orden Natural, y quien fue llamado para aconsejar a Catalina la Grande, Zarina de Rusia, sobre como gobernar. Se dice que de la Riviere había contestado que ‘la ley debe basarse

en una sola [cosa], Madame, la naturaleza de las cosas y el hombre… Porque dictar o hacer leyes, Madame, es una tarea que Dios no ha delegado a nadie. ¡Ah!¿Quién es el hombre, para creerse a sí mismo capaz de dictar leyes a seres que él no conoce? La ciencia de gobernar es estudiar y reconocer las leyes que Dios ha grabado de manera evidente en la organización misma del hombre, cuando Él le dio existencia. Tratar de ir más allá sería una gran desgracia y una empresa destructiva. (Citado en Murray N. Rothbard, Pensamiento Económico Antes de Adam Smith: Una Perspectiva Austriaca sobre la Historia del Pensamiento Económico [Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1995], vol. 1, p. 371)

Véase también de Jouvenel, La Soberanía, pp. 172-73 y 189.

[10] La tan preciada visión moderna, según la cual la adopción de un “gobierno constitucional” representa un importante avance civilizacional de un gobierno arbitrario al imperio de la ley y según el cual se atribuye a los Estados Unidos un lugar destacado, o incluso un papel preeminente en este histórico avance, debería entonces, ser considerada como seriamente viciada. Esta opinión no sólo está en evidente contradicción con documentos tales como la Carta Magna (1215) o el Golden Bull (1356), sino que, y es lo más importante, tergiversa la naturaleza de los gobiernos pre-modernos. Tales gobiernos, o carecían totalmente del más arbitrario y tiránico de todos los poderes, es decir, la facultad de legislar y de gravar con impuestos sin consentimiento previo, o aún si poseyesen estos poderes, los gobiernos tenían enormes restricciones para su ejercicio, porque tales facultades eran ampliamente consideradas como ilegítimas, es decir, como usurpadas en lugar de justamente adquiridas. En claro contraste, los gobiernos modernos se definen por el hecho de que los poderes para gravar con impuestos y legislar son explícitamente reconocidos como legítimos, es decir, todos los gobiernos “constitucionales”, ya sea en los Estados Unidos o en cualquier otro lugar, constituyen gobiernos estatales. Robert Nisbet tiene razón al señalar que

un rey pre-moderno puede haber gobernado a veces con grado de irresponsabilidad como el que pocos funcionarios gubernamentales modernos pueden hoy disfrutar, pero es dudoso que, en términos de poder efectivo y de servicios, algún rey, incluso de las “monarquías absolutas” del siglo XVII, ejerciera el tipo de autoridad ahora inherente a la oficina de muchos funcionarios de alto rango en las democracias. Hubo en ese entonces muchas barreras sociales entre el alegado poder del monarca y la efectiva ejecución de este poder sobre los individuos. El prestigio mismo y la funcional importancia de la iglesia, la familia, las hermandades, y las lealtades de la comunidad local, limitaban el poder absoluto del Estado. (Comunidad y poder, pp. 103-04)

[11] Murray N. Rothbard , Poder y Mercado: Gobierno y la Economía (Kansas City: Sheed Andrews y McMeel, 1977), pp. 188-89. Véase también sobre este capítulos 1-3. A la luz de estas consideraciones – y en contraste con la sabiduría común en la materia – uno llega a la misma conclusión con respecto al “éxito” final de la Revolución Americana como en H.L. Mencken, A Mencken Chrestomathy (Nueva York: Vintage Books 1982):

Las revoluciones políticas no suelen conseguir nada de auténtico valor; un indudable efecto es simplemente deshacerse de una banda de ladrones y reemplazarla por otra. Incluso las colonias americanas ganaron poco con su revuelta en 1776. Veinticinco años después de la Revolución estaban en mucho peor condición como estados libres de lo que hubieran estado como colonias. Sus gobiernos eran más costosos, más ineficientes, más deshonestos, y más tiránicos. Sólo el progreso material gradual del país los salvó de la hambruna y del colapso, y el progreso material se debió, no a las virtudes de sus nuevos gobiernos, sino a la abundante generosidad de la naturaleza. Bajo el dominio de los británicos hubieran estado muy bien, y probablemente muchísimo mejor.(págs. 145-46)

[12] Véase en el siguiente de Hans-Hermann Hoppe, Eigentum, Anarchie und Staat. Studien zur théorie des Kapitalismus (Opladen: Westdeutscher Verlag, 1987), pp. 182 y sig.

[13] Véase Helmut Schoeck, La Envidia: Una Teoría de la Conducta Social (Nueva York: Harcourt, Brace and World, 1970).

[14] Véase de Jouvenel, Sobre el Poder, pp. 9-10.

[15] Véase este brillante y, de hecho, profético análisis por John C. Calhoun, Una Disquisición sobre el Gobierno (Nueva York: Prensa de las Artes Liberales, 1953), esp. pp. 25–27. Allí Calhoun anota que

una constitución escrita sin duda tiene muchas ventajas, pero es un gran error suponer que la mera inserción de disposiciones para restringir y limitar los poderes del gobierno, sin dotar a aquellos para quien la protección se inserta, con los medios para tutelar su cumplimiento, sea suficiente para impedir que el principal partido dominante abuse de sus poderes. Estando un partido en posesión del poder, estará… a favor de los poderes otorgados por la Constitución y se opondrá a las regulaciones destinadas a limitarlo. Como partido principal y dominante, no tendrá necesidad de estas restricciones para su protección. El partido menor o más débil, por el contrario, tomaría la dirección opuesta y las consideraría esenciales para protegerse del partido dominante. Pero cuando no hay medios por los cuales se pudiera obligar al partido mayoritario a observar estas restricciones, el único recurso disponible que tendrían sería una redacción estricta de la constitución. Al cual el partido mayoritario opondría una construcción liberal – una que daría a las palabras de la redacción el sentido más amplio que fuera susceptible. Entonces sería construcción contra construcción – una para contraer y la otra para ampliar las facultades del gobierno al máximo. Pero de que podría servir recurrir a una estricta construcción por parte del partido minoritario, contra la interpretación liberal del mayoritario, cuando el uno tendría todas las facultades del gobierno para llevar a efecto su interpretación y el otro estaría privado de todos los medios para hacer cumplir su construcción? En una contienda tan desigual, el resultado no sería dudoso. El partido a favor de las restricciones sería dominado. El final de la contienda sería la subversión de la Constitución … las restricciones en última instancia, quedarían anuladas y el gobierno se convertiría en uno con poderes ilimitados. Tampoco la división del gobierno en departamentos distintos e independientes, así se verían unos a otros, evitaría este resultado … ya que todos y cada uno de los departamentos – y, por supuesto, todo el gobierno – estaría bajo el control de la mayoría numérica, es demasiado claro como para exigir una explicación, que la mera distribución de competencias entre sus agentes o representantes puede hacer poco o nada para contrarrestar la tendencia a la opresión y al abuso de poder.

En resumen, entonces, los comentarios de Rothbard sobre este análisis son

que la Constitución ha demostrado ser un instrumento para ratificar la ampliación del poder del Estado en lugar de lo contrario. Como observa Calhoun, cualesquiera límites escritos que permitan al gobierno interpretar sus propias competencias deben concebirse para ser interpretadas como sanciones por expandir, y no por limitar, estos poderes. En un sentido profundo, la idea de amarrar el poder con las cadenas de una constitución escrita ha demostrado ser un noble pero fracasado experimento. La idea de un gobierno estrictamente limitado ha demostrado ser una Utopía; y es necesario encontrar algún otro medio más radical para impedir el crecimiento agresivo del Estado. (Para una Nueva Libertad, p. 67)

Véase también Anthony de Jasay, En contra de la Política: Sobre el Gobierno, la Anarquía, y el Orden (Londres: Routledge, 1997), especialmente el capítulo 2.

[16] Robert Higgs, Crisis y Leviatán: Episodios Críticos en el Crecimiento del Gobierno de los Estados Unidos (Nueva York: Oxford University Press 1987), p. ix, contrasta la experiencia de los primeros años de América con la experiencia presente:

Hubo una época, hace mucho tiempo, cuando el estadounidense promedio podría dirigir sus negocios diarios apenas consciente de la existencia del gobierno – especialmente del gobierno federal. Como agricultor, comerciante, o fabricante, podía decidir qué, cómo, cuándo y dónde producir y vender sus productos, limitado casi exclusivamente por las fuerzas del mercado. Pensemos: sin subsidios agrícolas, sin apoyo a los precios, sin control a las áreas sembradas, sin Comisión Federal de Comercio; sin leyes antimonopolio; sin Comisión Interestatal de Comercio.Como empleador, trabajador, consumidor, inversionista, prestamista, prestatario, estudiante, o profesor, podía proceder en gran medida de acuerdo con sus propias luces. Basta pensar: no había Junta Nacional de Relaciones Laborales; ni leyes federales de “protección” a los consumidores; ni Comisión de Seguridad e Intercambio; ni Comisión de Igualdad de Oportunidad de Empleo; ni Departamento de Salud y Servicios Humanos. A falta de un banco central que emitiera nacionalmente papel moneda, el común de personas usaba monedas de oro para hacer sus compras. No había impuesto sobre las ventas en general, ni impuestos de Seguro Social, ni impuestos sobre la renta. Aunque los funcionarios gubernamentales eran tan corruptos en ese entonces como ahora – quizás más – porque había mucho menos en qué ser corruptos. Los ciudadanos privados gastaban alrededor de quince veces más que todos los gobiernos juntos. Esos días, desgraciadamente, hace mucho tiempo quedaron atrás.

[17] Sobre el crecimiento de gobierno de los EE.UU. y, en particular, el papel de la guerra en este desarrollo, véase John V. Denson, ed., Los Costos de la Guerra: Las Victorias Pírricas de America (New Brunswick, NJ: Transaction Publishers, 1997); Higgs, Crisis y Leviatán; Eckehart Krippendorff, Krieg und Staat (Frankfurt / M.: Suhrkamp, 1985), esp. pp., 90-116; Ronald Radosh y Murray N. Rothbard, eds., Una Nueva Historia de Leviatán (Nueva York: Dutton, 1972); Arthur A. Ekirch, Declinación del Liberalismo Americano (Nueva York: Atheneum, 1967).

[18] Para la más enérgica declaración en este sentido ver Lysander Spooner, Sin Traición: La Constitución Sin Autoridad (Colorado Springs, Colorado: Ralph Myles, 1973); también Murray N. Rothbard, La ética de la Libertad (Nueva York: Imprenta de la Universidad de Nueva York, 1998), especialmente los capítulos 22 y 23.

[19] De hecho, este tipo de contrato de protección no sólo es empíricamente improbable, sino praxeológicamente imposible. Porque “al aceptar impuestos y legislación con el fin de recibir protección,” una persona en efecto entrega, o enajena, todos sus bienes a la autoridad tributaria y se somete en esclavitud permanente a la agencia legislativa. Sin embargo, tal contrato es desde el principio inadmisible y, por tanto, nulo y sin valor, porque contradice la propia naturaleza de los contratos de protección, a saber, la auto-propiedad de alguien (de sí mismo) para ser protegida y la existencia de algo perteneciente al protegido (en lugar de pertenecer a su protector). Es decir, propiedad privada – separada.(¿?)

Curiosamente, a pesar del hecho de que ninguna constitución conocida de un estado haya sido acordada con la totalidad de los habitantes comprendidos en su jurisdicción, y pese a la aparente imposibilidad de que este hecho pudiera ser diferente, la filosofía política, desde Hobbes, pasando por Locke y hasta el presente, abunda en intentos de proporcionar una justificación contractual al estado. La razón de estos innumerables esfuerzos, aparentemente sin fin, es evidente: o bien un Estado puede justificarse como resultado de los contratos, o no se puede justificar en absoluto. No es sorpresa, sin embargo, que esta búsqueda, al igual que la del círculo cuadrado o la del movimiento perpetuo, haya resultado infructuosa y sólo haya generado una larga lista de pseudo-justificaciones falsas, si no fraudulentas, bajo la figura semántica de que “no contrato” sea realmente contrato “implícito”, o “tácito”, o “conceptual”. En resumen, “no” realmente significa “sí”. Para un ejemplo moderno de este “trabalenguas” orwelliano, véase James M. Buchanan y Gordon Tullock, El cálculo del Consentimiento (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1962); James M. Buchanan, Los Límites de la Libertad (Chicago: University of Chicago Press, 1975); ídem y, en La Libertad en el Contrato Constitucional (College Station: Texas A & M University Press, 1977). Para una crítica de Buchanan y la llamada Escuela de Selección Pública, Véase Murray N. Rothbard, La Lógica de la Acción Dos (Cheltenham, UK: Edward Elgar, 1997), caps. 4 y 17, y Hans-Hermann Hoppe, Economía y Ética de la Propiedad Privada (Boston: Kluwer, 1993), capítulo 1.

[20] Véase en los siguientes especialmente el capítulo 8 y también el capítulo 12; Morris y Linda Tannehill, El Mercado de la Libertad (Nueva York: Libros Laissez Faire, 1984).

[21] De Molinari, La Producción de Seguridad, p. 12.

[22] Como ha explicado Rothbard, aún

si el gobierno se limitara a la “protección” de persona y propiedad, y los impuestos se “limitaran” solamente a la prestación de ese servicio, entonces, cómo podría decidir el gobierno cuánta protección debe proporcionar y cuanto debe recaudar en impuestos? En efecto, contrario a la teoría del gobierno limitado, la “protección” ya no es una abultada “cosa” colectiva, diferente a cualquier otro bien o servicio a la sociedad. Ciertamente, “protección” podría significar cualquier cosa, desde una policía para todo un país, hasta el suministro de una cuadrilla de guardaespaldas armados y un tanque para cada ciudadano – una propuesta que llevaría a la bancarrota a la sociedad. Pero, ¿quién debe decidir sobre la cantidad de protección, ya que es innegable que todas las personas están mejor protegidas contra robo y asalto en caso de estar vigilados por un guardaespaldas armado, que si no lo están? En el mercado libre, las decisiones sobre cuánto y qué calidad, de cualquier bien o servicio, debe ser suministrada a cada persona se hace por medio de adquisiciones voluntarias de cada individuo, pero ¿qué criterio se puede aplicar cuando la decisión la toma el gobierno? La respuesta es, absolutamente ninguno, y tales decisiones gubernamentales sólo pueden ser puramente arbitrarias. (La Ética de la Libertad, pp. 180-81)

Véase también Murray N. Rothbard, Por una Nueva Libertad: El Manifiesto Libertario, rev. ed. (Nueva York: Collier, 1978), pp. 215 y sig.

[23] Comenta Rothbard:

La idea de la primacía de la restitución a la víctima tiene un gran precedente en la ley y, de hecho, es un antiguo principio de la ley que se ha permitido que se marchite a medida que el Estado ha ensanchado y monopolizado las instituciones de justicia. De hecho, en la Edad Media en general, la restitución a la víctima era el concepto de castigo dominante; sólo que cuando el Estado creció más poderoso … el énfasis pasó de la restitución a la víctima, al castigo … por presuntos delitos cometidos “contra el Estado”. Lo qué sucede hoy en día es el siguiente absurdo: A roba 15.000 dólares a B. El gobierno sigue las pistas, juzga, y condena a A, todo a expensas de B, quien es uno de los numerosos contribuyentes victimizados en este proceso. Entonces, el gobierno, en lugar de obligar a A a que pague a B, o lo someta trabajos forzados hasta que pague la deuda, impone a B, la víctima, la obligación de pagar impuestos para mantener al criminal en la cárcel por diez o veinte años. Donde puede estar la justicia aquí? (La Ética de la Libertad, pp. 86-87).

[24] Las agencias de seguros, en la medida en que entran en un contrato bilateral con cada uno de sus clientes, satisfacen plenamente el original y antiguo desiderátum del gobierno “representativo”, del cual Bruno Leoni ha señalado que “la representación política estaba estrechamente relacionada en su origen con la idea de que los representantes actúan como agentes de otras personas y de acuerdo a su voluntad” (Libertad y Ley, pp. 118-19 [véase también la nota 8 más arriba]. En claro contraste, el moderno gobierno democrático implica la completa perversión – de hecho, la anulación — de la idea original de gobierno representativo. Hoy en día, una persona se considera políticamente “representada” no importa cómo, es decir, independientemente de su propia voluntad y acciones o de las de su representante. Una persona se considera representada si vota, pero también si no vota. Se considera representada si el candidato por quien votó a favor sale elegido, pero también si sale elegido otro candidato. El votante está representado, si el candidato por quien ha votado, o aquel por quien no ha votado, hace, o no hace, lo que él desearía que hiciera. Y se considera políticamente representado, si “su” representante encuentra apoyo, o no lo encuentra, en la mayoría de los representantes electos. “En verdad,” como Lysander Spooner ha señalado,

votar no debe ser tomado como prueba de consentimiento. Por el contrario, se considera que, sin su consentimiento, inclusive habiéndoselo pedido, un hombre se encuentra a sí mismo rodeado por un gobierno que no puede resistir; un gobierno que lo obliga a pagar dinero, a prestar servicios, y a renunciar al ejercicio de muchos de sus derechos naturales, so-pena de fuertes castigos. Él ve, también, que otras personas practican esta tiranía sobre él mediante el uso de la balota electoral. Considera además, que, si tan sólo usara él mismo la balota, tendría alguna posibilidad de aliviarse de la tiranía de los demás, sometiendo a éstos a la suya propia. En resumen, se encontrará, sin su consentimiento, en tal situación que si utiliza la balota de votación, puede convertirse en amo, y si no la utiliza, debe convertirse en esclavo. Y no tiene más alternativa que éstas dos. Para auto-defenderse intentará la primera. Su caso es similar al de un hombre que se ha visto obligado a ir a la batalla, donde está obligado a matar o a morir. Aunque, para salvar su propia vida en el campo de batalla, el hombre trata de quitar la vida a sus opositores, no se debe inferir que es de su elección el ir a la batalla. (15) [En consecuencia, los electos funcionarios del gobierno] no son ni funcionarios, ni agentes, ni abogados, ni representantes nuestros… [para] que no nos hagamos, a nosotros mismos, responsables de sus actos. Si un hombre es mi servidor, mi agente o mi abogado, necesariamente me hago responsable de todos sus actos, siempre y cuando fuesen realizados dentro de los límites de las facultades que he confiado a él. Si en una u otra forma he entregado a él, como mi agente, ya sea un poder absoluto, o cualquier otra clase de poder, sobre personas o propiedades de otros diferentes de mí mismo, necesariamente tengo que hacerme responsable ante dichas personas de cualquier lesión que pueda aquel causarles, siempre y cuando actúe dentro de los límites de las facultades que le he concedido. Pero nadie que pueda ser lesionado en su persona o bienes, por actos del Congreso, puede venir a cada elector individualmente, y considerarlo responsable por los actos de sus llamados agentes o representantes. Este hecho demuestra que los supuestos agentes de la gente, de todo el mundo, son realmente agentes de nadie (29). (Spooner, Sin Traición, pp. 15 y 29)

[25] En cuanto a la “lógica” de los seguros, véase Ludwig von Mises, La Acción Humana: un Tratado sobre Economía, Edición Académica. (Auburn, Ala: Ludwig von Mises Institute, 1998), capítulo 6, Murray N. Rothbard, Hombre, Economía, y Estado, 2 vols. (Auburn, Ala: Ludwig von Mises Institute, 1993), pp. 498ff, y Hans-Hermann Hoppe, “Certidumbre e Incertidumbre, o: ¿Qué tan Racionales pueden ser nuestras Expectativas?”. Revista de Economía Austríaca 10, no. 1 (1997).

[26] Al estar obligados, por un lado, a colocar personas con la misma o similar exposición al riesgo, en el mismo grupo de riesgo y cobrar a cada una de ellas el mismo precio por valor asegurado, y en verse obligadas, por otra parte, a diferenciar con precisión y objetividad (hechos) grupos de riesgo diferentes, y cobrar un precio diferente por valor asegurado a miembros de diferentes grupos de riesgo (con diferencias de precios que reflejen con exactitud el grado de heterogeneidad entre los miembros de estos grupos diferentes), las compañías de seguros promoverían sistemáticamente la mencionada tendencia natural humana (véase la nota 2 más arriba), de que “personas parecidas” se asocian, y se separan físicamente y discriminan en contra, de otras “diferentes”. Sobre la tendencia de los Estados a romper y destruir asociaciones y grupos homogéneos mediante políticas de integración forzada, véanse los capítulos 7, 9, y 10.

[27] Véase también el capítulo 12, y Tannehill y Tannehill, El Mercado de la Libertad, capítulos 11, 13 y 14.

[28] Véase sobre esto Murray N. Rothbard, “Conceptos sobre la Función de los Intelectuales en el Cambio Social Hacia el Laissez-Faire”, Diario de Estudios Libertarios 9, no. 2 (1990).

[29] Sobre la importancia fundamental de la opinión pública sobre el poder del gobierno véase Etienne de la Boetie, La política de obediencia: El Discurso de la Servidumbre Voluntaria (Nueva York: Vida Libre Ediciones, 1975), con una introducción por Murray N. Rothbard; David Hume, “Sobre los Primeros Principios de Gobierno”, in idem, Ensayos: Moral, Política y Literatura (Oxford: Oxford University Press, 1971), y Mises, La Acción Humana, el capítulo 9 del artículo 3.

Mises allí (p. 189) señala lo siguiente:

Aquel que quiere aplicar la violencia necesita de la cooperación voluntaria de algunas personas. El tirano debe tener un séquito de partidarios que obedezca sus órdenes a motu proprio. Su obediencia espontánea le proporciona el aparato que necesita para la conquista de otras personas. Para tener, o no, éxito en que su dominio perdure depende de la relación numérica de los grupos, los que lo apoyan voluntariamente y aquellos a quienes golpea para someterlos. Aunque un tirano puede temporalmente gobernar a través de una minoría, si esta minoría está armada pero la mayoría no lo está, en el largo plazo, la minoría no puede mantener una mayoría en sumisión.

[30] Véase sobre esta “vieja” concepción liberal de la democracia, por ejemplo, von Mises, Liberalismo: En la Tradición Clásica (Irvington-on-Hudson, NY: Fundación para la Educación Económica, 1985). “Entonces el derecho a la libre determinación, en lo que respecta a la cuestión de la afiliación a un estado,” escribe Mises,

“entonces significa: cuando los habitantes de un territorio determinado, ya sea un pueblo único, o todo un distrito, o una serie de distritos adyacentes, hacen saber, mediante un plebiscito llevado a cabo libremente, que ya no deseen permanecer unidos al estado al que pertenecen en el momento, pero que desean, ya sea formar un estado independiente o unirse a otro estado, sus deseos deben respetarse y cumplirse. Esta es la única forma viable y eficaz de prevenir revoluciones y guerras civiles e internacionales. (p. 109)

[31] Para un análisis cuidadoso de las cuestiones implicadas en la Guerra de la Independencia del Sur ver Thomas J. DiLorenzo, “El Gran centralizador. Abraham Lincoln y la Guerra entre los Estados,” Revista Independiente 3, no. 2 (1998).

[32] Sobre la importancia de las ciudades libres de la Europa medieval en el desarrollo posterior de la única de tradición europea de liberalismo (clásico), véase Charles Tilly y Wim P. Blockmans, eds., Las Ciudades y el Surgimiento de los Estados en Europa, AD 1000 a 1800 (Boulder, Colorado: Westview Press, 1994).

[33] El peligro de represión por parte del gobierno es mayor durante la fase inicial de este escenario secesionista, es decir, mientras el número de territorios libres de la ciudad sea todavía pequeño. Por lo tanto, durante esta fase es aconsejable evitar cualquier confrontación directa con el gobierno central. En lugar de renunciar a su legitimidad por completo, parece ser prudente, por ejemplo, garantizar al gobierno la “propiedad” de los edificios federales, etc., dentro del territorio libre, y “solamente” negar su derecho a impuestos futuros y a legislar con relación a algo y a alguien, dentro de este territorio. Siempre que esto se haga con un adecuado tacto diplomático, y dada la necesidad de un importante nivel de apoyo entre la opinión pública, es difícil imaginar cómo el gobierno central se atrevería a invadir un territorio y aplastar a un grupo de personas que no han cometido otro pecado que tratar de ocuparse de su propios negocios. Posteriormente, una vez que el número de territorios secesionistas haya alcanzado una masa crítica – y cada éxito en una localidad promovería la imitación de otras localidades – la dificultad para aplastar a los secesionistas aumentaría exponencialmente, y el gobierno central rápidamente quedaría impotente y se derrumbaría bajo su propio peso.

TRADUCIDO POR RODRIGO DÍAZ

Falacias de la Teoría de los Bienes Públicos y la Producción de Seguridad

Hans-Hermann Hoppe

En 1849, cuando el liberalismo clásico era todavía la ideología predominante y los términos “economista” y “socialista” se consideraban (con razón) antónimos, Gustave de Molinari, prestigioso economista belga, escribió: “Si existe en economía política una verdad bien fundamentada, es ésta: En todos los casos, sean cuales fueren los bienes que satisfacen las necesidades materiales e inmateriales del consumidor, lo que más le conviene a este es que el trabajo y el comercio se desarrollen en libertad, porque esto tiene como consecuencia necesaria y permanente la máxima disminución del precio. Y ésta: Sea cual fuere el bien de que se trate, el interés del consumidor debe prevalecer siempre por sobre los intereses del productor. La observación de estos principios lleva a esta rigurosa conclusión: Que la producción de seguridad debe someterse a la ley de la libre competencia, en interés de los consumidores de este bien intangible. Por consiguiente: Ningún gobierno tiene el derecho de evitar que otro gobierno entre en competencia con él o de exigir a los consumidores de seguridad que acudan exclusivamente a él en procura de este bien”[1]. Y, con respecto a la totalidad de la argumentación, agrega: “Si esto no es lógico y verdadero, los principios sobre los cuales se basa la ciencia económica carecen de validez.”[2]

Aparentemente, sólo hay un modo de rehuir esta desagradable conclusión (así, por lo menos, la consideran todos los socialistas): sostener que existen determinados bienes a los cuales no se aplica este razonamiento general, por ciertas razones especiales. Y esto es lo que han decidido probar los denominados teóricos de los bienes públicos[3]. Sin embargo, demostraré que en realidad no existen bienes ni razones especiales, y que la producción de seguridad no plantea un problema diferente del de la producción de cualquier otro bien o servicio, ya se trate de casas, quesos o seguros. Toda la teoría de los bienes públicos, pese a sus numerosos seguidores, es defectuosa, plagada de razonamientos rimbombantes, incoherencias internas y falsas conclusiones, apela a los prejuicios populares y a las creencias aceptadas y se sirve de ellas, pero no posee ningún mérito científico.[4]

Entonces, ¿qué nos ofrece el camino que los economistas socialistas han hallado para escapar de las conclusiones de Molinari? Desde los tiempos de Molinari, la pregunta de si existen bienes a los que pueden aplicarse distintos análisis económicos ha recibido, con creciente frecuencia, una respuesta afirmativa. En realidad, es casi imposible encontrar un solo texto de economía contemporáneo que no destaque la importancia vital de distinguir entre bienes privados, para los cuales se acepta en general la superioridad del orden de producción capitalista, y bienes públicos, en cuyo caso se la niega.[5] Se afirma que ciertos bienes o servicios —entre los que se cuenta la seguridad— poseen la especial característica de que no están limitados a quienes realmente han pagado por ellos. Por el contrario, pueden disfrutarlos aun las personas que no han participado en su financiación. Se los denomina bienes o servicios públicos, en contraste con los bienes o servicios privados, que benefician exclusivamente a los que los han pagado. Y se aduce que esta característica especial de los bienes públicos es la que determina que los mercados no los produzcan, o por lo menos no en la cantidad o con la calidad suficientes, por lo cual se necesita la acción compensadora del estad.[6]

Los ejemplos que ofrecen diferentes autores acerca de los presuntos bienes públicos varían muchísimo. A menudo clasifican de manera diferente el mismo bien o servicio, lo que hace que ninguna clasificación de un bien particular sea irrefutable; esto prefigura claramente el carácter ilusorio de toda la diferenciación.[7] Hay, sin embargo, algunos ejemplos de bienes públicos que gozan de particular aceptación entre el público, como el cuerpo de bomberos, que al apagar un incendio evitan que la casa del vecino sea alcanzada por el fuego, con lo cual éste se beneficia aunque no haya contribuido en absoluto a financiarlo; o la policía, que patrulla las inmediaciones de mi casa e impide así que los ladrones entren en la de al lado, aunque su dueño no coopera para el mantenimiento de ese servicio; o el ejemplo del faro, uno de los preferidos por los economista,[8] que ayuda al barco a hallar su ruta aunque el dueño de éste no haya aportado nada para su construcción o conservación.

Antes de continuar con la presentación y el examen crítico de la teoría de los bienes públicos, investiguemos hasta qué punto resulta útil la distinción entre bienes privados y públicos para ayudar a decidir cuáles deben ser producidos en forma privada y cuáles por el estado, o con ayuda de éste. Ni siquiera el análisis más superficial podría dejar de señalar que si se utiliza el supuesto criterio de no exclusión, en lugar de encontrar una solución razonable, se originarían grandes dificultades. Por lo menos a primera vista parecería que algunos de los bienes y servicios provistos por el estado podrían calificarse verdaderamente como bienes públicos, pero no se ve con claridad cuántos de ellos, cuya producción está realmente a cargo de aquél, pueden incluirse en esa categoría. Los ferrocarriles, los servicios postales, los teléfonos, las calles y otros por el estilo, parecen ser bienes cuyo uso puede ser limitado a las personas que los financian, por lo cual se manifiestan como bienes privados. Lo mismo puede decirse sobre muchos aspectos de un bien tan polifacético como la “seguridad”: cualquier cosa pasible de ser asegurada puede calificarse como un bien privado. Con todo, esto no basta, ya que, así como hay un sinnúmero de bienes provistos por el estado que parecen ser en realidad privados, también existen muchos, producidos en forma privada, que podrían incluirse en la clase de los bienes públicos. Es obvio que mis vecinos pueden disfrutar contemplando los rosales de mi jardín, con lo cual se benefician sin haberme ayudado jamás a cuidarlos. Lo mismo puede decirse de todas las mejoras que yo haya hecho en mi propiedad, que al mismo tiempo han aumentado el valor de las aledañas. La actuación de un músico callejero proporciona placer incluso a aquellos que no depositan una moneda en su gorra. Los pasajeros que viajan conmigo en el ómnibus no me han ayudado a comprar mi desodorante. Y todos aquellos que se relacionan conmigo son beneficiarios de los esfuerzos que he realizado, sin su aporte económico, para convertirme en una persona digna de aprecio. Entonces, todos estos bienes que poseen evidentemente características de bienes públicos —los rosales de mi jardín, las mejoras en mi propiedad, la música callejera, el desodorante, el perfeccionamiento personal—, ¿deben ser provistos por el estado, o con ayuda de éste?

Todos estos ejemplos indican que hay un serio error en la teoría según la cual los bienes públicos no pueden ser producidos en forma privada sino que requieren la intervención del estado. Es obvio que el mercado puede producirlos. Más aun, la evidencia histórica demuestra que todos los denominados bienes públicos cuya producción está ahora a cargo del estado fueron en otros tiempos provistos por la empresa privada, y aún lo son hoy en día en algunos países. Por ejemplo, los servicios postales se financiaban en forma privada prácticamente en todas partes; las calles eran privadas (todavía siguen siéndolo en algunos lugares); hasta los famosos faros fueron antaño fmto de la iniciativa privada;[9] existen fuerzas de policía, detectives y árbitros privados, y tradicionalmente las organizaciones caritativas privadas han velado por los enfermos, los pobres, los ancianos, los huérfanos y las viudas. Por lo tanto, la experiencia desmiente una y cien veces que todas esas cosas no puedan producirse en un sistema de mercado.

Además, surgen otras dificultades cuando se utiliza la distinción entre bienes públicos y privados para decidir qué es lo que se deja librado al mercado. Por ejemplo, ¿qué pasaría si la producción de bienes públicos tuviera consecuencias negativas, y no positivas, para otras personas, o si las consecuencias fueran positivas para algunos y negativas para otros? ¿Qué pasaría si el vecino cuya casa se salvó del fuego por la intervención de los bomberos que yo contribuí a financiar hubiese deseado que se quemara (tal vez porque estaba asegurada en una suma importante); o si mis vecinos detestaran las rosas o los que viajan conmigo en el ómnibus encontraran desagradable el perfume de mi desodorante? Además, los cambios tecnológicos pueden modificar el carácter de un bien determinado. Es lo que ocurre, por ejemplo, con el desarrollo de la televisión por cable, que ha transformado en privado un bien que antes era (aparentemente) público. Las modificaciones en las leyes que rigen la propiedad —la asignación de la propiedad— pueden tener un efecto similar al cambiar el carácter de un bien público o privado. Por ejemplo, el faro sólo es un bien público en la medida en que el mar en el que se encuentra es de propiedad pública (y no privada). Pero si se permitiera la privatización de algunos sectores del océano, tal como sucedería en un sistema puramente capitalista, sin duda sería posible excluir de los beneficios que proporciona el faro a los que no pagaran por ellos, porque su luz tiene un alcance limitado.

Dejemos este nivel de análisis un tanto superficial y examinemos con más detalle la distinción entre bienes públicos y privados; descubriremos así que resulta ser totalmente ilusoria. La causa fundamental de que haya tanto desacuerdo en cuanto a la clasificación de un bien dado es que no existe una dicotomía inequívoca. Todos los bienes son más o menos privados o públicos, y el grado en que lo son puede cambiar —de hecho, lo hace constantemente— según se van modificando los valores y las evaluaciones de las personas y va cambiando la composición de la población. Para reconocer que los bienes no pueden ser incluidos de una vez y para siempre en una u otra categoría, sólo hay que recordar qué es lo que convierte a una cosa en un bien. Para que lo sea, alguien tiene que considerarlo escaso y tratarlo como tal. Esto significa que una cosa no es un bien en sí misma, sino que sólo lo es para alguien. Únicamente adquiere la condición de bien si una persona la evalúa subjetivamente como tal. De esto se desprende que, si las cosas nunca son bienes en sí mismas —si su condición de bienes económicos no puede determinarse por un análisis fisicoquímico—, es obvio que no existe un criterio invariable para clasificar un bien como privado o público. Los bienes nunca pueden ser una cosa u otra en sí mismos. Su carácter público o privado depende de cuántas o cuán pocas personas los consideren como bienes, y el grado en que son públicos o privados varía a medida que lo hacen las evaluaciones y va desde uno hasta el infinito. Aun aquellas cosas que, al parecer, son absolutamente privadas, como el interior de mi departamento o el color de mis prendas íntimas, pueden convertirse en bienes públicos si despiertan el interés de alguien.[10] Y a la inversa, bienes aparentemente públicos, como la fachada de mi casa o el color de mi overol, pueden llegar a ser muy privados apenas otras personas dejan de interesarse por ellos. Además, las características de un bien pueden cambiar una y otra vez; incluso puede dejar de ser un bien, público o privado, para convertirse en un mal, público o privado, o viceversa; esto sólo depende de cómo cambien las consideraciones acerca de él. Siendo así, no es posible basar ninguna decisión sobre la clasificación de un bien como público o privado.[11] En realidad, para hacerlo sería necesario preguntar virtualmente a cada persona si le interesa o no cada uno de los bienes en particular —en forma positiva o negativa, e incluso hasta qué punto—, para determinar quién se beneficiaría con qué y, en consecuencia, quién participaría en la financiación del bien. (¿Y cómo saber si dicen la verdad?) También sería necesario controlar permanentemente los cambios que se producen en las evaluaciones, con lo cual jamás se podría tomar una decisión definitiva con respecto a la producción de nada, y como resultado de esta teoría sin sentido estaríamos todos muertos desde hace mucho tiempo.[12]

Pero aun si pasáramos por alto todas estas dificultades y admitiéramos, en beneficio del argumento, que la distinción entre bienes públicos y privados es aplicable al agua, aquél no probaría lo que supuestamente debe probar. No proporciona razones concluyentes de por qué los bienes públicos —suponiendo que existan como una categoría separada de bienes— deberían ser producidos en modo alguno, ni de por qué debería producirlos el estado y no la empresa privada. La teoría de los bienes públicos, introduciendo la distinción conceptual referida, dice en esencia esto: El hecho de que los bienes públicos tengan efectos positivos para las personas que no contribuyen en absoluto a producirlos o financiarlos demuestra que dichos bienes son deseables. Pero es evidente que no serían producidos en un mercado libre y competitivo, o por lo menos no en cantidad y calidad suficientes, porque ninguno de los que se beneficiarían con su producción contribuiría económicamente a ella. Por lo tanto, para que sea posible producir esos bienes (que, aunque evidentemente deseables, no serían producidos de otro modo) el estado debe intervenir y prestar su ayuda. Un razonamiento como éste, que puede encontrarse en casi todos los textos de economía (incluso en los de algunos laureados con el premio Nobel)[13], es totalmente erróneo, y lo es en dos aspectos.

En primer lugar, para llegar a la conclusión de que el estado debe proveer bienes públicos que de otro modo no se producirían es preciso introducir una norma de contrabando en la cadena de razonamientos, porque si no, partiendo de la afirmación de que algunos bienes, por ciertas características especiales que poseen, no serían producidos, no podría inferirse jamás que deberían serlo. Pero al introducir esta norma para justificar su conclusión, los teóricos de los bienes públicos han traspasado los límites de la economía como ciencia positiva, wertfei, para entrar en el ámbito de la moral o de la ética; en consecuencia, podría esperarse que enunciaran una teoría de la ética como disciplina cognoscitiva, para legitimar lo que están haciendo y extraer su conclusión de manera justificada. Sin embargo, nunca se podrá destacar lo suficiente el hecho de que en toda la bibliografía existente acerca de los bienes públicos no hay una sola mención de algo que se parezca siquiera vagamente a una teoría cognoscitiva de la ética[14]. Por eso, es necesario aclarar desde el vamos que los teóricos de los bienes públicos están haciendo un mal uso del prestigio que podrían tener como economistas positivos por sus pronunciamientos respecto de temas en los cuales, como sus propios trabajos lo indican, carecen en absoluto de autoridad. ¿Es que, quizá, dieron accidentalmente con algo correcto, sin fundamentarlo en una teoría moral elaborada? Se hace evidente que nada podría estar más lejos de la verdad apenas se pronuncia en forma explícita la norma necesaria para llegar a la conclusión de que el estado debe ayudar a proveer bienes públicos. La norma es ésta: Toda vez que se demuestre de algún modo que la producción de un bien o servicio particular tiene un efecto positivo sobre alguien, pero no se lo puede producir en absoluto, o no se lo puede producir en una cantidad o con una calidad definida a menos que ciertas personas participen en su financiación, está permitido ejercer violencia contra ellas, sea en forma directa o indirectamente con la ayuda del estado, y esas personas deben ser compelidas a compartir las obligaciones financieras necesarias. No hace falta aclarar que la implementación de esta regla conduciría al caos, porque equivale a decir que cualquiera puede atacar a otro cuando le parezca. Más aun, como lo he demostrado en detalle en otro trabajo[15], esta norma nunca puede ser considerada como justa. Este tipo de razonamiento, en realidad todo razonamiento, en favor o en contra de cualquier posición, sea ésta moral o no, sea empírica o lógico–analítica, debe dar por sentado que, a la inversa de lo que dice realmente la norma, queda asegurada la integridad de cada individuo como una unidad físicamente independiente para la toma de decisiones. Sólo se puede afirmar algo, y después llegar a un posible acuerdo o desacuerdo al respecto, si cada uno está libre de agresión física por parte de otro. Por lo tanto, el principio de no agresión es la precondición necesaria para el debate y el posible acuerdo y por eso se lo debe defender racionalmente como una norma justa por medio de un raciocinio a priori.

Pero el razonamiento defectuoso que implica la teoría de los bienes públicos no es la única causa de su fracaso. Incluso el raciocinio utilitario, económico, contenido en el argumento es evidentemente erróneo. Bien podría ser que, como lo sostiene la teoría, fuera mejor tener bienes públicos que no tenerlos, aunque no debemos olvidar que no existe una razón a priori por la cual deba ser necesariamente así (en tal caso, el razonamiento de los teóricos de los bienes públicos terminaría aquí mismo). Es muy posible (en realidad es un hecho comprobado) que existan anarquistas cuyo rechazo por la acción estatal llegue a tal punto que prefieran no tener los denominados bienes públicos a tenerlos provistos por el estado.[16] Sea como fuere, aun si aceptamos el argumento hasta este punto, una cosa es afirmar que los bienes públicos son convenientes y otra muy distinta sostener que, por lo tanto, debe proveerlos el estado; esto no es convincente en absoluto, ya que la elección que se nos plantea no es ésta. En vista de que es preciso retirar dinero u otros recursos de posibles usos alternativos para financiar bienes públicos que supuestamente son convenientes, la única pregunta pertinente y apropiada es si estos usos alternativos que se habrían dado al dinero (es decir, los bienes privados que se habrían podido adquirir pero que ya no es posible comprar porque el dinero se gastó en bienes públicos) son más valiosos —más urgentes— que los bienes públicos. Y la respuesta a esta pregunta es bien clara. Desde el punto de vista del consumidor, por alto que sea el nivel absoluto de los bienes públicos, su valor es relativamente más bajo que el de los bienes privados que compiten con ellos, porque si los consumidores pudieran elegir libremente (en lugar de que se les imponga una alternativa), por supuesto habrían preferido gastar de otro modo su dinero (de lo contrario no habría sido necesario usar la fuerza). Esto demuestra, más allá de toda duda, que los recursos empleados en la provisión de bienes públicos se malgastan, porque lo que se provee a los consumidores es, a lo sumo, bienes y servicios de importancia secundaria. En resumen, aun asumiendo que existiesen bienes públicos claramente distinguibles de los privados, y si se pudiera garantizar la utilidad de determinado bien, los bienes públicos deberían competir con los privados. Existe un solo método para descubrir si son más necesarios —urgentes— o no, y hasta qué punto o, mutatis mutandis, si se los debe producir a expensas de no producir, o producir en menor cantidad, bienes privados más urgentes, y hasta qué punto: permitiendo que todas las cosas sean provistas mediante la libre competencia entre empresas privadas. De ahí que, contrariamente a lo que afirman los teóricos de los bienes públicos, la lógica nos obliga a aceptar la conclusión de que sólo un sistema de mercado libre puede salvaguardar la racionalidad, desde el punto de vista de los consumidores, de la decisión de producir un bien público. Y sólo en un orden puramente capitalista se puede asegurar que la decisión acerca de la cantidad que se debe producir (si es que se debe producir algo) será también racional.[17] Para que el resultado fuese diferente haría falta una revolución semántica de características verdaderamente orwellianas. Los teóricos de los bienes públicos sólo podrían “demostrar” lo que afirman si se interpretara que cuando alguien dice “no”, en realidad quiere decir “si”, que cuando una persona “no compra una cosa” es porque la prefiere a cualquier otra, que la “violencia” realmente significa “libertad”, que “no hacer un contrato” implica “contratar”, etcétera”[18]. Pero en este caso, ¿cómo podríamos estar seguros de que realmente quieren decir lo que parecen decir cuando dicen lo que dicen y no quieren significar exactamente lo contrario, o incluso dicen algo que tiene un sentido definido pero no hacen otra cosa que parlotear? El caso es que no podemos saberlo. En consecuencia, M. N. Rothbard está totalmente en lo cierto al hablar de los esfuerzos que hacen los ideólogos de los bienes públicos para probar la existencia de lo que denominan fallas del mercado debido a la falta de producción de bienes públicos, o a una producción cuantitativa o cualitativamente “deficiente” de éstos. Escribe que “un punto de vista como éste interpreta de manera incorrecta la aseveración de la ciencia económica de que la acción del mercado libre es siempre óptima. No lo es desde la perspectiva de la ética personal de un economista, sino desde la de las acciones libres, voluntarias, de todos los participantes, y porque satisface las necesidades libremente expresadas de los consumidores. Por ende, la interferencia gubernamental siempre, y de modo inevitable, alejará esa acción de su punto óptimo”.[19]

En realidad, los argumentos con los que se intenta probar las fallas del mercado son claramente absurdos. Si se prescinde de la jerga técnica, lo único que demuestran es esto: un mercado no es perfecto y se caracteriza por regirse por el principio de no agresión impuesto en condiciones signadas por la escasez; de este modo, aquellos bienes o servicios que sólo podrían producirse si la agresión estuviera permitida, simplemente no se producen. Muy cierto. Ningún teórico de la economía de mercado se atrevería a negarlo. Pero, y esto es fundamental, esta “imperfección” del mercado es defendible, tanto en el aspecto moral como en el económico, mientras que las supuestas “perfecciones” de los mercados que preconizan los teóricos de los bienes públicos no lo son.[20] También es cierto que si el estado abandonara la práctica corriente de proveer bienes públicos, se producirían algunos cambios en la estructura social existente y en la distribución de la riqueza, y no hay duda de que esta reorganización acarrearía privaciones a algunas personas. Precisamente a esto se debe la resistencia de gran parte del público a una política de privatización de las funciones estatales, aunque ésta incrementaría la riqueza total a largo plazo. Sin embargo, este hecho sin duda no puede aceptarse como argumento válido para demostrar el fracaso de los mercados. Si a un hombre se le permitía golpear a otros en la cabeza y a partir de cierto momento se le impide hacerlo, lógicamente se sentirá perjudicado, pero esto no puede aceptarse como excusa válida para mantener las antiguas reglas (que lo autorizaban a golpear). Si bien ha sido afectado, esto significa que se ha sustituido un sistema en el que algunos consumidores tienen el derecho de determinar en qué casos a otros no se les permite comprar en forma voluntaria lo que desean con medios legítimamente adquiridos y de los cuales disponen, por otro en el que todos tienen igual derecho a decidir qué bienes se deben producir y en qué cantidad. Por cierto, desde la perspectiva de todos, como consumidores voluntarios, esta sustitución es preferible y beneficiosa.

La fuerza del razonamiento lógico, pues, nos lleva a aceptar la conclusión de Molinari de que, para beneficio de los consumidores, todos los bienes y servicios deben ser producidos por los mercados[21]. Es falso que haya categorías de bienes claramente diferenciables cuya existencia haría necesaria una corrección especial a la tesis general sobre la superioridad económica del capitalismo; aun si existieran, no sería posible encontrar una razón específica por la cual esos bienes públicos, supuestamente especiales, no deberían ser producidos por empresas privadas, puesto que invariablemente entran en competencia con los bienes privados. En realidad, la mayor eficiencia de los mercados en comparación con el estado en lo que respecta a un número creciente de bienes presuntamente públicos es cada vez más evidente a pesar de la propaganda de los teóricos de los bienes públicos. Nadie que hiciera un estudio serio acerca de estos temas podría negar, ante la experiencia de todos los días, que los mercados pueden producir en la actualidad servicios postales, ferrocarriles, electricidad, teléfonos, educación, dinero, caminos, etcétera, con más eficiencia que el estado, es decir, satisfaciendo mejor las preferencias de los consumidores. Sin embargo, las personas rehúyen la intervención del mercado en un sector en el cual la lógica indica que se la debe aceptar: en la producción de seguridad. Por eso, me ocuparé a partir de ahora de explicar por qué la economía capitalista tiene un funcionamiento superior en esa área; la superioridad ha quedado ya demostrada desde el punto de vista lógico, pero será más evidente cuando veamos algunos ejemplos que la experiencia aporta al análisis y consideremos este asunto como un problema por derecho propio.[22]

¿Cómo funciona un sistema de productores de seguridad no monopólicos, que compiten entre sí? Es preciso tener bien claro desde el principio que al responder a esta pregunta abandonamos la esfera del análisis puramente lógico, por lo cual las respuestas carecerán en forma inevitable del carácter apodíctico de los pronunciamientos sobre la validez de la teoría de los bienes públicos. El problema en este caso es análogo al que tendría que resolver un mercado que tuviese que dedicarse a producir hamburguesas, en especial si hasta ese momento su producción hubiera estado exclusivamente a cargo del estado y por lo tanto no hubiese experiencia previa al respecto. Sólo se pueden dar respuestas tentativas. Es posible que nadie pudiera conocer cómo es exactamente la industria de las hamburguesas: cuántas compañías competidoras debería haber, qué importancia tendría esta industria en comparación con otras, cómo serían las hamburguesas, cuántos tipos diferentes saldrían a la venta y quizá desaparecerían por falta de demanda, etcétera. Nadie conocería todas las circunstancias y los cambios que podrían influir sobre la estructura de esta industria: cambios en la demanda de los distintos grupos consumidores, en la tecnología, en los precios de los diversos bienes que la afectan en forma directa o indirecta, y así sucesivamente. Es preciso destacar que aunque la producción privada de seguridad plantea problemas similares, esto no significa que no se pueda decir nada concluyente. Partiendo de la base de que existen ciertas condiciones generales para la demanda de servicios de seguridad (y estas condiciones son el reflejo, más o menos realista, de cómo es el mundo en la actualidad), lo que podemos y debemos decir es que los diversos órdenes sociales de producción de seguridad caracterizados por tener que operar dentro de distintas limitaciones estructurales, responderán de maneras diferente.[23] Analicemos primero en detalle la producción de seguridad por el estado, de carácter monopólico, porque al menos en este caso disponemos de amplia evidencia con respecto a la validez de las conclusiones; después compararemos este sistema con el que existiría si este modo de producción fuera reemplazado por uno no monopolista. Aunque la seguridad se considere un bien público, debe competir con otros bienes en lo que respecta a la asignación de recursos. Lo que se gasta en seguridad ya no se puede gastar en otros bienes que también aumentan la satisfacción del consumidor. Además, la seguridad no es un bien único y homogéneo, sino que posee numerosos aspectos y componentes. No se limita a la prevención del crimen, al descubrimiento de los criminales y al cumplimiento forzoso de la ley, sino que también implica protección contra los rateros, los violadores, los que contaminan el ambiente, los desastres naturales, etcétera. Por otra parte, no se produce “en conjunto”, sino que se la puede proveer en unidades marginales. Por añadidura, cada uno asigna una importancia diferente a la seguridad, considerada en su conjunto, y también a sus diversos aspectos, y eso depende de sus características personales, de las experiencias que haya tenido con respecto a distintos factores de inseguridad, y del tiempo y el lugar en que le toca vivir.[24] Entonces, teniendo en cuenta sobre todo el problema económico fundamental que significa la asignación de recursos escasos a fines que compiten entre sí, ¿cómo puede el estado, una organización que no se financia sólo por las contribuciones voluntarias y por la venta de sus productos, sino parcial o totalmente por medio de impuestos, decidir cuánta seguridad debe producir, en cuántos de cada uno de sus innumerables aspectos, a quién proporcionar determinada cantidad de qué producto, y dónde? Y la única respuesta posible es que no hay una manera racional de resolver este problema. Si se la considera desde el punto de vista de los consumidores, la respuesta a sus demandas de seguridad debe considerarse arbitraria. ¿Necesitamos un solo policía, o un solo juez, o cien mil? ¿Hay que pagarles $100 por mes, o $10.000? Los policías, cualquiera que sea su número, ¿deben emplear más tiempo patrullando las calles, persiguiendo ladrones o recuperando objetos robados, o buscando a aquellos que cometen delitos tales como la prostitución, el abuso de drogas o el contrabando? Y los jueces, ¿deben emplear más tiempo y energía en atender casos de divorcio, contravenciones de tránsito, raterías en negocios, o en casos de asesinato y actos perpetrados contra los monopolios? Es obvio que hay que dar alguna respuesta a estas preguntas, porque como vivimos en condiciones de escasez y nuestro mundo no es un paraíso, el tiempo y el dinero que se gasten en una cosa ya no podrán dedicarse a otra. Si bien el estado también debe dar respuesta a estas preguntas, lo hace sin sujeción alguna al criterio que rige las pérdidas y las ganancias. Por eso, su acción es arbitraria e implica necesariamente enormes desperdicios de recursos, desde el punto de vista de los consumidores[25] Como todos sabemos, los productores de seguridad empleados por el estado producen lo que quieren, independientemente de las necesidades de los consumidores, que son muchas. En lugar de hacer lo que deben, prefieren holgazanear, y si tienen que trabajar se inclinan por las tareas más fáciles o por estar allí donde pueden sentirse poderosos, en lugar de servir a los consumidores. Los oficiales de policía se pasean en los coches patrulleros a la caza de pequeños infractores de tránsito, gastan enormes sumas de dinero en la investigación de delitos que no afectan a terceros y que si bien es cierto que desagradan a mucha gente (por ejemplo, a los que no los cometen), también lo es que pocos gastarían su dinero en combatirlos, en la medida en que no los perjudican en forma inmediata. Sin embargo, es notoria la ineficiencia de la policía, pese a los presupuestos cada vez mayores con que cuenta, con respecto a lo que los consumidores necesitan con más urgencia, a saber, la prevención de delitos graves (por ejemplo, los crímenes perpetrados contra las personas), la captura y el castigo efectivo de los criminales, la recuperación del dinero o los objetos robados y la garantía de que las víctimas serán compensadas por sus agresores.

Además, sea cual fuere el desempeño de la policía o de los jueces empleados por el estado, siempre será deficiente porque sus retribuciones son más o menos independientes de las evaluaciones de los consumidores respecto de sus servicios. La arbitrariedad y la brutalidad de la policía y la lentitud de los procesos judiciales son una consecuencia de esto. También es digno de destacarse el hecho de que ni la policía ni el sistema judicial ofrecen a los consumidores nada que se parezca a un contrato de servicio en el que conste en términos inequívocos el procedimiento que se pondrá en marcha en una situación específica. En cambio, ambos actúan en un vacío contractual que con el tiempo los lleva a cambiar en forma arbitraria sus reglas de procedimiento y que explica el hecho, verdaderamente ridículo, de que las controversias en las que participan policías y jueces, por un lado, y ciudadanos privados por el otro, no sean dirimidas por un árbitro independiente sino por otro policía u otro juez que es también parte interesada en la disputa por ser empleado del estado.

En tercer lugar, todo el que haya estado alguna vez en un departamento de policía o en un juzgado, para no hablar de las cárceles, sabe bien que los factores productivos empleados para proveer de seguridad al público están deteriorados por el uso excesivo, mal conservados y sucios. Como ninguno de los que usan esos factores productivos los posee realmente (nadie puede venderlos y apropiarse privadamente del producto de esa venta) y en consecuencia las pérdidas (y las ganancias) del valor incorporado en el capital utilizado quedan socializadas, todos tratarán de incrementar sus ingresos privados resultantes del uso de los factores a expensas de pérdidas en el valor del capital. Por eso, el costo marginal tenderá a sobrepasar cada vez más el valor del producto marginal, de lo que resultará un uso excesivo del capital. Y si se diera el caso excepcional de que esto no ocurriese y no se pusiera de manifiesto un exceso de uso del capital, esto sólo habría sido posible con costos comparativamente mucho más elevados que los de cualquier empresa privada similar.[26]

Es indudable que todos estos problemas inherentes a un sistema que tiene el monopolio de la producción de seguridad se resolverían con relativa rapidez si un mercado competitivo, con su estructura totalmente diferente concebida para incentivar a los productores, se hiciera cargo de una demanda determinada de servicios de seguridad. Esto no significa que se encontraría la solución “perfecta” al problema de la seguridad. Seguiría habiendo robos y asesinatos, y no todos los bienes robados podrían recuperarse ni sería posible capturar a todos los asesinos, pero en lo que respecta a las evaluaciones de los consumidores, la situación mejoraría en la medida en que puede mejorar siendo la naturaleza humana como es. En primer lugar, siempre que haya un sistema competitivo, es decir, siempre que los productores de servicios de seguridad dependan de las adquisiciones voluntarias (que en su gran mayoría tomarán la forma de contratos de servicio y seguro, concertados antes de que se produzca efectivamente un acto de agresión o que se manifieste una inseguridad), ningún productor podrá aumentar sus ingresos sin mejorar sus servicios o la calidad de su producto según la evaluación de los consumidores. Además, todos los productores de seguridad tomados en su conjunto no podrían afirmar la importancia de su industria particular a menos que, por cualquier razón, los consumidores empezaran a valorar la seguridad más que otros bienes, con lo cual asegurarían que la producción de seguridad no se llevaría a cabo nunca y en ningún lugar a expensas de la no producción (o de la producción reducida) de, por ejemplo, queso, como bien privado competitivo. Por añadidura, los productores de servicios de seguridad deberían diversificar sus ofrecimientos en un grado considerable, porque la demanda de sus productos por parte de millones de consumidores es muy variada. Como dependerían directamente del apoyo de éstos, si no respondieran del modo adecuado a sus necesidades, o a los cambios en esas necesidades, sufrirían inmediatamente un perjuicio financiero. Por lo tanto, cada consumidor ejercería una influencia directa, aunque pequeña, sobre la aparición o desaparición de productos en el mercado de la seguridad. Esto ofrecería un sinnúmero de servicios a cada uno, en lugar del “paquete de seguridad” uniforme que brinda el estado. Y esos servicios estarían adaptados a los distintos requerimientos de seguridad de los diferentes consumidores, según sus ocupaciones, su conducta más o menos arriesgada, sus necesidades de protección y seguros, y también sus circunstancias geográficas y la urgencia que manifiesten.

Por supuesto, esto no es todo. Los productos no sólo se diversificarían, sino que mejorarían en cuanto a cantidad y calidad. Estas empresas privadas brindarían a sus clientes una esmerada atención y desaparecerían la desidia, la arbitrariedad e incluso la brutalidad, la negligencia y la lentitud que caracterizan a la policía y al sistema judicial del estado. Los policías y los jueces dependerían del apoyo voluntario de los consumidores, por lo cual el maltrato, la descortesía y la ineptitud hacia éstos podrían costarles sus empleos. Casi seguramente se daría fin a la costumbre tan peculiar de que la conciliación de las controversias entre un cliente y una empresa se confíe invariablemente al dictamen de esta última, y los productores de seguridad encargarían la resolución a árbitros independientes. Lo que es más importante, los productores de esos servicios deberían ofrecer, con el fin de atraer y retener a los consumidores, contratos por los cuales estos pudieran saber con exactitud lo que están adquiriendo y que les permitieran plantear reclamaciones válidas, sujetas a comprobación intersubjetiva, si el desempeño real del productor de seguridad no se ajustara a lo especificado en el contrato. Más precisamente, como no se trataría de contratos de servicios individualizados en los cuales el consumidor paga para que se cubran sólo sus propios riesgos, sino más bien contratos de seguros propiamente dichos, mancomunados, a la inversa de lo que ocurre en la política estatal vigente, ya no contendrían ningún esquema redistributivo concebido adrede para favorecer a un grupo a expensas de otro. Si por otra parte, alguien considerara que el contrato que se le ofrece implica que debe pagar por los riesgos y necesidades de otras personas —por ejemplo, por factores de posible inseguridad que no estima aplicables a su caso personal—, simplemente podría rehusarse a firmarlo o dejar de pagar.

No obstante, después de todo lo dicho surge en forma inevitable un interrogante: “¿Un sistema competitivo de producción de seguridad tendría como consecuencia necesaria el conflicto social permanente, el caos y la anarquía?” Las respuestas pueden ser varias. En primer lugar, debe tenerse en cuenta que la evidencia histórica, empírica, no concuerda en absoluto con esta impresión. Antes del advenimiento del estado–nación hubo en diversos lugares sistemas judiciales competitivos (por ejemplo, en la antigua Irlanda o en los tiempos de la Liga Hanseática) y, por lo que sabemos, funcionaron bien”.[27] A juzgar por los índices de criminalidad existentes en la época (crímenes per cápita), la policía privada en el Salvaje Oeste (que, entre paréntesis, no era tan salvaje como lo muestran algunas películas) era relativamente más eficaz que la policía estatal de nuestros[28]. Y si nos remitimos a la experiencia y a los ejemplos contemporáneos, incluso ahora existen millones de relaciones internacionales —comerciales y turísticas— y realmente sería una exageración decir, por ejemplo, que el fraude, el crimen y el incumplimiento de los contratos son mayores en esta esfera que en las relaciones internas de cada país. Y esto (es importante destacarlo) sin que haya un gran productor monopólico en materia de seguridad ni un legislador supremo. Por último, no debemos olvidar que en muchos países existen diversos productores de seguridad privados que actúan paralelamente al estado: investigadores privados, detectives de seguros y árbitros privados, cuyo trabajo demuestra que son más eficientes en lo que respecta a resolver los conflictos sociales que sus contrapartes públicas.

Toda esta evidencia histórica está, sin embargo, sujeta en gran medida a discusión, sobre todo respecto de si puede extraerse de ella alguna información general. Pero también existen razones sistemáticas por las cuales el temor que suscita esta cuestión carece de un fundamento válido. El establecimiento de un sistema competitivo de productores de seguridad implica, por paradójico que esto parezca, la construcción de una estructura de incentivos institucionalizada para producir un orden legal y de observancia forzosa de las leyes que entrañe el mayor grado de consenso posible con respecto a la resolución de las controversias. Esto generaría menos intranquilidad social y conflicto que las condiciones monopólicas imperantes.[29] Para entender esta paradoja es preciso considerar más a fondo la única cuestión típica que preocupa a los escépticos y los lleva a creer en la superioridad de un sistema monopólico de producción de seguridad: cuando surge un conflicto entre A y B, ambos están asegurados por compañías diferentes y éstas no pueden llegar a un acuerdo inmediato sobre la validez de las demandas opuestas que plantean sus respectivos clientes. (El problema no existiría si se alcanzara el acuerdo o si ambos clientes fueran asegurados por la misma compañía; por lo menos, esto no diferiría en absoluto de la situación emergente en condiciones de monopolio estatal.) ¿Una situación semejante tendría siempre un desenlace violento? Es muy improbable que así sea. Primero, cualquier lucha violenta entre empresas conllevaría un costo y un riesgo muy altos, sobre todo si han alcanzado un prestigio considerable (como deberían tenerlo para que sus futuros clientes puedan verlas en primer lugar como garantes efectivas de su seguridad). Lo que es más importante, en un sistema competitivo, los costos de cualquier conflicto entre compañías que dependen de la continuación de los pagos voluntarios de los consumidores tendrían que recaer forzosamente sobre todos y cada uno de los clientes de ambas. Bastaría que una sola persona dejara de pagar porque no está convencida de la necesidad de una confrontación violenta en el caso particular de que se trata para que hubiese una inmediata presión económica sobre la compañía que la obligaría a buscar una solución pacífica al conflicto.[30] De ahí que cualquier productor de seguridad en un sistema competitivo debería ser muy cauto en lo que respecta a tomar medidas violentas para resolver las controversias. En lugar de hacerlo, y puesto que lo que los consumidores desean es que los litigios se resuelvan en forma pacífica, todos y cada uno de los productores de seguridad harían cuanto pudiesen para ofrecer esto a sus clientes y para establecer por anticipado, de modo que no quedasen dudas, el proceso de arbitraje al que se someterían, ellos y sus clientes, en caso de desacuerdo acerca de la evaluación de demandas incompatibles. Los clientes de las distintas compañías considerarían que un esquema semejante sólo podría funcionar si todos ellos estuvieran de acuerdo con respecto a las medidas arbitrales, por lo cual se desarrollaría naturalmente un sistema legal que regiría las relaciones entre compañías y sería aceptable para los clientes de todas las firmas competitivas, sin excepciones. Por otra parte, así aumentaría más aun la posibilidad de que se produjeran presiones económicas que generasen reglas representativas del consenso acerca del modo de dirimir las controversias. En un sistema competitivo, los árbitros independientes encargados de encontrar soluciones pacíficas a los litigios estarían supeditados al apoyo continuado de las dos compañías en disputa, puesto que cualquiera de ellas podría recurrir a un juez diferente, y por supuesto lo haría si estuviera insatisfecha con la sentencia dictada. Por lo tanto, estos jueces se sentirían presionados para encontrar soluciones (en este caso, no con respecto al procedimiento sino al contenido de la ley) que fuesen aceptables para todos los clientes de las firmas en disputa.[31] Si no era así, una compañía, o todas, podrían perder clientes, lo que las llevaría a buscar otros árbitros la próxima vez que los necesitasen.[32]

Sin embargo, ¿no sería posible que en un sistema competitivo una compañía productora de seguridad se pusiera fuera de la ley, es decir que, con el apoyo de sus propios clientes, comenzara a agredir a otras? Por supuesto, no se puede negar que tal posibilidad existe, pero digamos nuevamente que nos encontramos en la esfera de la ciencia social empírica y nadie puede saber con certeza si es así. Y sin embargo, la sugerencia tácita de que la posibilidad de que esto ocurra indica de algún modo una grave deficiencia en los fundamentos filosóficos y económicos de un orden social puramente capitalista, es falsa.[33]

Ante todo, recordemos que la existencia continuada de cualquier sistema social, no menos de un orden estatista–socialista que de una pura economía de mercado, depende de la opinión pública, y que en todo momento un estado determinado de esa opinión pública delimita lo que puede y lo que no puede ocurrir, así como lo que es más o menos probable que ocurra. Por ejemplo, el estado actual de la opinión pública en Alemania occidental hace sumamente improbable, o aun imposible, que se pueda imponer allí un sistema estatista similar al soviético. La falta de apoyo público lo condenaría al fracaso y lo destruiría. Y sería aun más improbable que un sistema de ese tipo pudiera instituirse en los Estados Unidos, dadas las características de la opinión pública en ese país. Por lo tanto, si queremos comprender correctamente el problema de las compañías que podrían situarse al margen de la ley, tenemos que formular la cuestión en estos términos: ¿Qué probabilidad existe de que un hecho semejante pueda producirse en una sociedad dada, con un estado específico de la opinión pública? La respuesta a una pregunta expresada de esta manera será diferente según las distintas sociedades. En algunas, que se caracterizan por el profundo arraigo de ideas de corte socialista, la posibilidad de que surjan compañías que lleven a cabo políticas agresivas será mayor, y en otras será mucho menos probable que esto ocurra. Pero entonces, la perspectiva de un sistema competitivo de producción de seguridad en cualquier caso dado, ¿será mejor o peor que la continuación de un sistema estatista? Veamos, por ejemplo, el caso de los Estados Unidos en el presente. Supongamos que el estado aboliera su derecho de proporcionar seguridad a cambio del pago de impuestos e introdujera un sistema de seguridad competitivo. Dado el estado actual de la opinión pública, ¿qué probabilidad existiría de que surgieran proveedores al margen de la ley, y qué sucedería en ese caso? Como es obvio, la respuesta depende de las reacciones de la gente a este cambio en la situación. Por lo tanto, lo primero que habría que replicar a quienes objetan la idea de un mercado privado en lo que respecta a la seguridad, sería: “¿Y qué va a hacer usted? ¿Cuál va a ser su reacción? ¿Su temor a las compañías que se auto proscriben significa que entraría en tratos con un productor de seguridad que agrediera a otros y a su propiedad, y que usted seguiría apoyándolo si lo hiciera?” Por cierto, cualquier crítica sería acallada por un contraataque así. Pero más importante que esto es el desafío sistemático implícito en este contraataque personal. Es evidente que el cambio de situación descripto implicaría una transformación en la estructura de costo–beneficio que cada uno debería enfrentar una vez tomada su decisión. Antes de la introducción de un sistema competitivo de producción de seguridad, podía ser legal participar en un sistema agresivo y sustentarlo. Ahora, esa actividad se convierte en ilegal. Por lo tanto, dado que el hombre posee una conciencia que hace que las decisiones que toma sean más o menos costosas, es decir, estén más o menos en armonía con los principios personales respecto de lo que es una conducta correcta, el apoyo a una compañía que explota a aquellos que no desean secundar voluntariamente sus acciones puede ser más costoso ahora que antes. Dado que es así, se debe presumir que la cantidad de personas, entre ellas las que en otras circunstancias se habrían apresurado a apoyar al estado, dispuestas a gastar dinero para sustentar a una compañía que procede con honestidad sería cada vez mayor, e iría en aumento en todos los lugares en los que se llevara a cabo un experimento social semejante. Por el contrario, el número de aquellos que están de acuerdo con una política de explotación, en la cual unos ganan a expensas de otros, disminuiría. Por supuesto, el grado de rigurosidad de este efecto dependería del estado de la opinión pública. En el ejemplo que hemos tomado —el de los Estados Unidos, donde la teoría natural de la propiedad está ampliamente difundida y aceptada como una ética privada y la filosofía del libre albedrío es, esencialmente, la filosofía fundacional del país y la que lo ha llevado al lugar que ocupa en el mundo[34]—, el efecto es naturalmente muy acentuado. De acuerdo con esto, las compañías productoras de seguridad comprometidas con la filosofía de proteger y hacer valer la doctrina del libre albedrío atraerán la mayor parte del apoyo público y de la ayuda financiera. Y si bien es cierto que algunas personas, sobre todo las que se han beneficiado con el antiguo estado de cosas, pueden continuar respaldando una política de agresión, es muy improbable que su número y su poder financiero sean suficientes como para que lo hagan con éxito. En cambio, es casi seguro que las compañías honestas desarrollarán la fuerza necesaria —por si solas o en un esfuerzo conjunto que será apoyado por sus propios clientes voluntarios— para poner freno a la aparición de posibles productores rebeldes y destruirlos donde y cuando aparezcan.[35]

___________________________________________

NOTAS:

[1] G. de Molinari, “Sobre la Producción de Seguridad“.

[2] Ibid., p. 4.

[3] Pueden verse varios enfoques de los teóricos de los bienes públicos: J. Buchanan y G. Tullock, The Calculus of Consent, University of Michigan Press, Ann Arbor, 1962; J. Buchanan, The Public Finances, Richard Irwin, 1970; idem, The Limits of Liberty, University of Chicago Press, Chicago, 1975; G. Tullock, Private Wants, Public Means, Basic Books, New York, 1970; M. Olson, The Logic of Collective Action, Harvard University Press, Cambride, 1965; W. Baumol, Welfare Economics and the Theory of the State, Harvard University Press, Cambridge, 1952.

[4] Véase M. N. Rothbard, Man, Economy and State, Nash, Los Angeles, 1979, pp. 883 SS.; idem, ‘The Myth of Neutral Taxation” [PDF], Cato Journal (1981); W. Block, “Free Market Transportation: Denationalizing the Roads” [PDF], Journal of Libertarian Studies (1979); idem, “Public Goods and Externalities: the Case of Roads” [PDF], Journal of Libertarian Studies (1983).

[5] Véase, por ejemplo, W. Baumol y A. Blinder, Economics. Principies and Policy, Harcourt, Brace, Jovanovich, New York, 1979, cap. 3 1.

[6] Otro criterio de uso frecuente en relación con los bienes públicos es el del “consumo no competitivo”. Por lo general, ambos criterios parecen coincidir: el consumo no competitivo es posible cuando no se puede excluir a los free–riders; cuando pueden ser excluidos, pasa a ser competitivo o, por lo menos, así lo parece. Pero, como argumentan los teóricos de los bienes públicos, esta coincidencia no es perfecta. Según afirman, si bien es posible excluir a los free–riders, su inclusión no puede relacionarse con ningún costo adicional (es decir que el costo marginal de la admisión de los free-riders es igual a cero), y el consumo del bien en cuestión por los free-riders, admitidos en forma adicional, no llevara necesariamente a una disminución en el consumo del bien que se encuentra a disposición de otros. Un bien de esta naturaleza será, asimismo, un bien público. Y puesto que el mercado libre practicaría la exclusión y el bien no estaría disponible para el consumo no competitivo de quienes, en otras circunstancias, dispondrían de él -aun cuando dicho bien no tenga costos adicionales-, esto, desde el punto de vista de la lógica estatista-socialista, demostraría una falla del mercado, es decir, un nivel de consumo subóptimo. De ahí que la provisión de esos bienes recaiga sobre el estado. (Por ejemplo, en un cine medio vacío, la admisión de espectadores adicionales sin pagar entrada podría estar libre de costos; el hecho de que miraran la película no afectaría a los que pagaron, por lo cual se podría considerar a ésta como un bien público. Pero como el dueño del cine seguramente practicaría la exclusión, en lugar de permitir que los free-riders disfrutaran gratis de la película, los cines deberían ser nacionalizados.) Acerca de las numerosas falacias que se derivan de la definición de los bienes públicos en términos de consumo no competitivo, véanse notas 12 a 17.

[7] Acerca de este tema, véase W. Block, “Public Goods and Externalities“.

[8] Véase, por ejemplo, J. Buchanan, The Public Finances, p. 23; P. Samuelson, Economics, McGraw Hill, New York, 1976, p. 160.

[9] Véase R. Coase, “The Lighthouse in Economics“, Journal of Law and Econornics (1974).

[10] Véase, por ejemplo, el único caso que presenta W. Block en “Public Goods and Externalities“, en el cual los zoquetes se consideran bienes públicos.

[11] Digamos, para evitar cualquier malentendido, que un productor único o una asociación de productores que actúen de consuno pueden decidir, en cualquier momento, producir o no un bien sobre la base de su evaluación como público o privado. En realidad, en una economía de mercado se toman constantemente este tipo de decisiones en cuanto a la producción privada de bienes públicos. Lo que es imposible es decidir si rechazar o no el resultado de la operación de un mercado libre basándose en la evaluación del grado en el cual un bien es público o privado.

[12] Por lo tanto, introducir una distinción entre bienes públicos y privados equivaldría a volver a la era pre-subjetivista de la economía. Desde la perspectiva de la economía subjetivista ningún bien puede ser categorizado objetivamente como privado o público. Ésa es, en esencia, la razón de que también fracase el segundo criterio propuesto en relación con los bienes públicos, a saber, que permiten un consumo no competitivo (véase nota 6). Porque, ¿cómo podría un observador desinteresado determinar si la admisión de un free-rider adicional en forma gratuita no implica realmente una disminución del consumo de un bien por parte de otros? Es obvio que no puede, objetivamente, hacerlo en modo alguno. Bien podría ser que si se admitiera a demasiadas personas en un cine o en una carretera se redujera en forma considerable el placer de mirar una película o de conducir un vehículo. Nuevamente, para descubrir si es así o no, sería necesario preguntar a cada uno, y no todos estarían de acuerdo (¿y qué ocurriría en ese caso?). Además, si incluso un bien que permite un consumo no competitivo no es un bien libre, la admisión de freeriders adicionales tendría como resultado, a la larga, una verdadera “aglomeración”, y por eso habría que preguntar a cada uno acerca del “margen” apropiado. Por añadidura, mi consumo del bien puede verse afectado o no según quién sea la persona admitida gratuitamente, de modo que también habría que interrogarme acerca de eso. Y por Último, cada uno podría cambiar de opinión sobre estos temas con el paso del tiempo. Por eso es tan imposible decidir si un bien es o no apropiado para su producción por parte del estado (en lugar de la empresa privada) basándose en el criterio del consumo no competitivo como sobre la base del criterio de no exclusión (véase también nota 17).

[13] Véase P. Samuelson, “The Pure Theory of Public Expenditure“, Review of Economics and Statistics (1954); idem, Economics, cap. 8; M. Friedman, Capitalism and Freedom, University of Chicago Press, Chicago, 1962, cap. 2; F. A. Hayek, Law, Legislation, and Liberty, vol. 3, University of Chicago, Chicago, 1979, cap. 14.

[14] En los últimos años, los economistas, sobre todo los de la Escuela de Chicago, han manifestado un interés creciente por los derechos de propiedad (H. Demsetz, “The Exchange and Enforcement of Property Rights“, Journal of Law and Economics [1964]; idem, “Toward a Theory of Property Rights“, American Economic Review [1967]; R. Coase, “The Problem of Social Cost” [PDF], Journal of Law and Economics [1960]; A. Alchian, Economic Forces at Work, Liberty Fund, Indianapolis, 1977, parte 2; R. Posner, Economic Analysis of the Law, Brown and Co., Boston, 1977). Sin embargo, estos análisis no tienen nada que ver con la ética. Por el contrario, intentan sustituir el establecimiento de principios éticos justificables por consideraciones de eficiencia económica (en relación con la crítica de estas tentativas, véase M. N. Rothbard, La Ética de la Libertad, Humanities Press, Atlantic Highlands, 1982, cap. 26; W. Block, “Coase and Demsetz on Private Property Rights” [PDF], Journal of Libertarian Studies [1977]; R. Dworkin, “Is Wealth a Value“, Journal of Legal Studies [1980]; M. N. Rothbard, “The Myth of Effíciency” [Web], en M. Rizzo [comp.], Time, Uncertainty, and Disequilibrium, D. C. Heat, Lexington, 1979). En Última instancia, todos los argumentos sobre la eficiencia son inaplicables porque sencillamente no existe un modo que no sea arbitrario de calcular, pesar y agregar las utilidades o desutilidades que resultan de determinada asignación de derechos de propiedad. De ahí que cualquier intento de recomendar un sistema particular para asignar derechos de propiedad en función de su supuesta maximización del “bienestar social” no es más que un fraude seudocientífico (véase, en especial, M. N. Rothbard, Toward a Reconstruction of Utility and Welfare Economics [PDF], Center for Libertarian Studies, New York, Occasional Paper Series No 3, 1977; también L. Robbins, “Economics and Political Economy“, American Economic Review [1981]).

El “principio de la unanimidad”, que J. Buchanan y G. Tullock, siguiendo a K. Wicksell (Finanztheoretische Untersuchungen, G. Fischer, Jena, 1896), han propuesto en forma reiterada como guía para la política económica, tampoco debe confundirse con un principio ético propiamente dicho. De acuerdo con este principio, sólo pueden ejecutarse aquellos cambios en la política para los cuales exista un consenso unánime; esto, con toda seguridad, parece muy atractivo; pero también determina, mutatis mutandis, que el statu quo debe ser preservado si el consenso respecto de cualquier propuesta de cambio no alcanza la unanimidad, y esto parece mucho menos atractivo porque implica que cualquier estado de cosas dado con respecto a la asignación de derechos de propiedad debe considerarse legítimo, sea como punto de partida o como situación que debe continuar de la misma manera. Sin embargo, los teóricos de los bienes públicos no ofrecen ninguna justificación de esta audaz exigencia, en términos de una teoría normativa de los derechos de propiedad, cuando se les solicita que lo hagan, por lo cual el principio de la unanimidad carece, en última instancia, de fundamentación ética. En realidad, el principio favorito de los seguidores de Buchanan resulta enteramente absurdo como criterio moral, porque reconoce legitimidad a cualquier statu quo posible (véase también, acerca de esto, M. N. Rothbard, La Ética de la Libertad, cap. 26; idem, “The Myth of Neutral Taxation” [PDF], p. 549 s.).

Buchanan y Tullock, de nuevo siguiendo a Wicksell, liquidan lo que pueda haber quedado del principio de unanimidad reduciéndolo, efectivamente, a un principio de unanimidad “relativa” o “cuasi-unanimidad”.

[15] H. H. Hoppe, “From the Economics of Laissez Faire to the Ethics of Libertarianism“. En: W. Block y L. Rockwell (comps.), Man, Economy and Liberty: Essays in Honor of Murray N. Rothbard, The Ludwig von Mises Institute, Aubum University, Aubum, Ala., 1988; infra, cap. 8.

[16] Acerca de este argumento véase M. N. Rothbard, “The Myth of Neutral Taxation“, p. 533. Entre paréntesis, la existencia de un solo anarquista también invalida todas las referencias al óptimo de Pareto como criterio para la acción estatal económicamente legítima.

[17] En esencia, el mismo razonamiento que nos lleva a rechazar la teoría socialista-estatista, cuyo fundamento es el carácter supuestamente Único de los bienes públicos de acuerdo con el criterio de no exclusión, se aplica también en el caso en el cual estos bienes se definen mediante el criterio de consumo no competitivo (véanse notas 6 y 12). En primer lugar, para inferir, a partir de la aseveración de que los bienes que permiten un consumo no competitivo no tendrían que ser ofrecidos en un mercado libre a tantos consumidores como fuese posible, el enunciado normativo de que deberían ser ofrecidos de ese modo, esta teoría enfrenta exactamente el mismo problema, a saber, necesita una ética que la justifique. Además, el razonamiento utilitario también es evidentemente absurdo. Los teóricos de los bienes públicos argumentan que la práctica del mercado libre, en el sentido de excluir a los free-riders del uso de aquellos bienes que permiten un consumo no competitivo con un costo marginal igual a cero, indica un nivel subóptimo de bienestar social y por lo tanto se requiere la acción compensatoria del estado; este razonamiento es defectuoso, en dos aspectos relacionados. En primer lugar, el costo es una categoría subjetiva y jamás puede ser calculado objetivamente por un observador externo. Por eso, es de todo punto inaceptable alegar que habría que admitir free-riders adicionales sin costo alguno. En realidad, si la admisión de más consumidores en forma gratuita tuviese verdaderamente un costo subjetivo igual a cero, el productor privado del bien en cuestión la permitiría. El hecho de que no lo haga revela que para él el costo no equivale a cero. Esto puede deberse a que él piensa que si los admitiera disminuiría la satisfacción que pueden obtener otros consumidores y así tendería a rebajar el precio de su producto; o, simplemente, a que le disgustan los free-riders; es lo que pasa, por ejemplo, cuando yo me opongo a admitir en mi living, que no está totalmente lleno de gente, a varias personas a quienes no he invitado para que hagan de él un consumo no competitivo. De todos modos, como no se puede presuponer que el costo es igual a cero, sea cual fuere la razón de ello, es ilógico hablar de una falla del mercado cuando ciertos bienes no se distribuyen sin cargo. Por otra parte, si se acepta la recomendación de los teóricos de los bienes públicos en el sentido de dejar que el estado provea en forma gratuita los bienes cuyo consumo es supuestamente no competitivo, las pérdidas de bienestar serán, sin duda, inevitables. El estado, que no depende de las adquisiciones voluntarias de los consumidores, además de cumplir la insuperable tarea de determinar qué bienes satisfacen este criterio, debe primero enfrentar y resolver el problema, también insoluble, de decidir racionalmente qué cantidad del bien público va a proveer. Es obvio que, como ni siquiera los bienes públicos son libres, sino que están sujetos a “aglomeración” en cierta etapa de su uso, no hay un punto en el cual el estado pueda detener su producción, porque cualquiera que sea el nivel de la oferta, habrá usuarios que quedarán excluidos y que, si la oferta fuera mayor, podrían convertirse en free-riders. Ahora bien, incluso si se pudiera resolver milagrosamente este problema, de todos modos el costo (necesariamente inflado) de producción y operación de los bienes públicos distribuidos en forma gratuita para un consumo no competitivo, tendría que pagarse por medio de impuestos. Y este hecho, es decir, que los consumidores han sido obligados a disfrutar de esos bienes como free-riders, demuestra nuevamente más allá de toda duda que el valor de estos bienes públicos también es inferior, desde la perspectiva de los consumidores, al de los bienes privados que compiten con ellos y que ya no es posible adquirir.

[18] Entre los modernos representantes del lenguaje ambiguo orwelliano los más importantes son J. Buchanan y G. Tullock (sus obras se citan en la nota 3). Afirman que el gobierno se basa en un “contrato constitucional” en el cual cada uno está “conceptualmente de acuerdo” en someterse a los poderes coercitivos de aquél con la condición de que todos los demás lo hagan también. Según esto, el gobierno, aparentemente coercitivo, en realidad sería voluntario. A este curioso argumento se le pueden oponer varias objeciones obvias. En primer lugar, no hay evidencia empírica de que alguna constitución haya sido aceptada en forma voluntaria por cada uno de los interesados. Peor aun, la sola idea de que todas las personas se obliguen voluntariamente es inconcebible, así como lo es negar el principio de contradicción. Porque si la coerción aceptada libremente es voluntaria, tendría que ser posible revocar la propia sujeción a la constitución, con lo cual el estado no sería muy diferente de un club al que uno se asocia espontáneamente. Pero si no se tiene “el derecho de no hacer caso del estado” -por supuesto, nadie lo tiene, y esto es lo que distingue al estado de un club-, entonces es lógicamente inadmisible pretender que la aceptación del poder coercitivo del estado es voluntaria. Además, incluso si lo fuera, el contrato constitucional no podría obligar a nadie, excepto a los signatarios originales de la constitución.

¿Cómo pueden Buchanan y Tullock manifestar ideas tan absurdas? Utilizando un truco semántica. Aquello que en el lenguaje pre-orwelliano era “inconcebible” o un “desacuerdo”, es para ellos “algo conceptualmente posible” o un “acuerdo conceptual”. En J. Buchanan, “A Contractarian Perspective of Anarchy“, en Freedom in Constitutional Contract, Texas A. & M. University Press, College Station, 1977, puede verse un breve ejercicio, muy instructivo, acerca de este tipo de razonamiento “a saltos”. Aquí nos enteramos (p. 17) de que incluso la aceptación de un límite de velocidad de 55 mph es posiblemente voluntaria (Buchanan no está totalmente seguro de ello), porque en última instancia depende de que todos nosotros aceptemos voluntariamente la constitución, y de que Buchanan no es un verdadero estatista sino, en realidad, un anarquista (p. 11).

[19] M. N. Rothbard, Man, Economy, and State, p. 887.

[20] Se debe tener esto en mente, ante todo, cuando hay que evaluar la validez de argumentos que defienden el estatismo-intervencionismo, como el siguiente, que pertenece a J. M. Keynes (“The End of Laissez Faire“, en Collected Writings, Macmillan, Londres, 1972, vol. IX, p. 291): “El asunto más importante que debe atender el estado no se relaciona con las actividades que desempeñan los individuos privadamente, sino con las funciones que caen fuera de la esfera individual, esas decisiones que nadie tomaría si el estado no lo hiciera. Lo importante no es que el gobierno haga, mejor o peor, las cosas que los individuos particulares ya hacen, sino que se ocupe de las que no se hacen”. Este razonamiento no sólo parece falso, sino que lo es.

[21] Algunos minarquistas partidarios del libre albedrío plantean la objeción de que la existencia de un mercado presupone el reconocimiento y puesta en vigor de un cuerpo de legislación y, en consecuencia, de un gobierno que debe tener el monopolio de la justicia y hacer cumplir las leyes. (Véase, por ejemplo, J. Hospers, Libertarianism, Nash, Los Angeles, 1971; T. Machan, Human Rights and Human Liberties, Nelson-Hall, Co., Chicago, 1975.) Por cierto, es correcto que el mercado presuponga el reconocimiento y la imposición de aquellas reglas que sustentan su operación, pero esto no significa que esa tarea deba ser confiada a un organismo monopólico. El mercado también presupone, de hecho, un lenguaje común; sin embargo, no se deduciría de ello que el gobierno debe asegurar la observancia de las normas lingüísticas. Las reglas que rigen la conducta del mercado, como el sistema del lenguaje, emergen en forma espontánea y lo que las hace cumplir es la “mano invisible” del interés personal. Si no se observan las reglas comunes del lenguaje, las personas no pueden disfrutar de las ventajas de la comunicación, y si no se obedecen las normas comunes que gobiernan la conducta, es imposible recoger los mitos de la mayor productividad de una economía de intercambio basada en la división del trabajo. Además, como ya lo he indicado, independientemente de cualquier gobierno, el principio de no agresión que es el fundamento del accionar de los mercados debe defenderse a priori como justo. Además, y sobre esto volveré al exponer mi conclusión, un sistema competitivo de administración y complimiento de la ley es precisamente el que genera la mayor presión posible para elaborar y poner en ejecución normas de conducta que entrañan el grado de consenso más elevado que pueda concebirse. Y éstas son, por supuesto, aquellas que un razonamiento a priori establece como el presupuesto lógicamente necesario de la argumentación y del acuerdo argumentativo.

[22] De paso, digamos que la misma lógica que nos obliga a aceptar la idea de que la producción de seguridad por parte de la empresa privada es la mejor solución, desde el punto de vista económico, para satisfacer las preferencias del consumidor, también nos lleva a abandonar, en lo que respecta a posiciones de carácter moral o ideológico, la teoría política del liberalismo clásico y dar (a partir de ella) un paso pequeño pero no obstante decisivo hacia la teoría del libre albedrío, o anarquismo de la propiedad privada. El liberalismo clásico, cuyo mayor representante en este siglo es Ludwig von Mises, aboga por un sistema social basado en el principio de no agresión. La doctrina del libre albedrío tambien lo hace. Pero para el liberalismo clásico ese principio debe estar respaldado por un ente monopólico (el gobierno, el estado), es decir, por una organización que no depende exclusivamente del apoyo voluntario, contractual, de los consumidores de los respectivos servicios, sino que tiene el derecho de determinar de manera unilateral sus propios ingresos, es decir, los tributos que impondrá a aquéllos para poder cumplir su tarea en el área de la producción de seguridad. Esto, por plausible que parezca, es evidentemente incoherente. O el principio de no agresión es válido, en cuyo caso el estado como ente monopólico es inmoral, o lo es el hecho de que las transacciones estén basadas sobre la agresión y giren en tomo a ella -la agresión implica el uso de la fuerza y de medios no contractuales para adquirir recursos-, y en este caso hay que descartar la primera teoría. Es imposible sostener ambos argumentos sin caer en la incoherencia, a menos que, por supuesto, se pueda enunciar un principio más fundamental que los otros dos y del cual ambos puedan derivarse lógicamente, con las respectivas limitaciones en lo que tiene que ver con sus ámbitos de validez. Pero el liberalismo nunca enunció un principio semejante y jamás podrá hacerlo, porque para argumentar en favor de algo es preciso estar libre de la agresión. Entonces, en vista del hecho de que no se puede sostener por vía de la argumentación la validez moral del principio de no agresión sin reconocer implícitamente esa validez, la lógica nos obliga a abandonar el liberalismo y adherir, en cambio, a su vástago más radical: la doctrina del libre albedrío, la filosofía del capitalismo puro, que exige que la producción de la seguridad también esté a cargo de la empresa privada.

[23] Acerca del problema de la producción competitiva de seguridad, véase G. de Molinari, Sobre la Producción de Seguridad; M. N. Rothbard, Power and Market, Sheed Andrews and McMeel, Kansas City, 1977, cap. 1; ídem, For a New Liberty [Web], Macmillan, New York, 1978, cap. 12; W. C. Wooldridge, Uncle Sam the Monopoly Man, Arlington House, New Rochelle, 1970, caps. 5-6; M. y L. Tannehill, The Market for Liberty, Laissez Faire Books, New York, 1984, parte 2.

[24] Véase F. Murck, Soziologie der Öffentlichen Sicherheit, Campus, Frankfurt, 1980.

[25] Sin embargo, el hecho de que el proceso de asignación de recursos se tome arbitrario si no existe un criterio respecto de las pérdidas y las ganancias, no significa que las decisiones que se deben tomar no estén sujetas a restricciones y respondan únicamente a la pura arbitrariedad. No es así, y el que las toma se mueve dentro de ciertos límites. Si, por ejemplo, la asignación de factores productivos se realiza democráticamente, es obvio que se debe apelar a la decisión de la mayoría. Pero, sea que la decisión se tome de esta manera o de otra, siempre será arbitraria desde el punto de vista de los consumidores que deciden comprar o no el producto. En lo que respecta a las asignaciones controladas de manera democrática, existen algunas deficiencias evidentes. Tal como lo dicen, por ejemplo, J. Buchanan y R. Wagner (The Consequences of Mr. Keynes, Institute of Economic Affairs, Londres, 1978, p. 19): “La competencia en el mercado es constante; para cada compra, un comprador puede elegir entre vendedores que compiten. La competencia política es intermitente; una decisión es obligatoria por un número determinado de años. La competencia del mercado permite que varios competidores puedan sobrevivir al mismo tiempo […] en la competencia política, el resultado es todo o nada […] en la competencia del mercado el comprador puede tener una razonable seguridad con respecto a lo que recibe a cambio. En la competencia política, en realidad compra los servicios de un agente al que no puede obligar de ninguna manera […l. Además, como un político necesita asegurarse la cooperación de la mayoría de sus pares, para él un voto tiene un significado mucho menos limpio que el que tiene el ‘voto’ que se le otorga a una firma privada”. (Véase también J. Buchanan, “Individual Choice in Voting and the Market“, ídem, Fiscal Theory and Political Economy, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1962; en J. Buchanan y G. Tullock, The Calculus of Consent, puede encontrarse un tratamiento más general del problema.)

Sin embargo, casi siempre se pasa por alto la deficiencia más importante (y lo hacen sobre todo quienes exaltan el hecho de que la democracia otorga el mismo valor a los votos de todos, mientras que el sistema en el cual el consumidor es el soberano permite “votos” desiguales): cuando impera la soberanía de los consumidores los votos pueden ser desiguales pero, en todo caso, aquéllos ejercen su control exclusivamente sobre las cosas que han adquirido a través de una apropiación original o de un contrato, y por lo tanto están obligados a adoptar una conducta moral. En un sistema de producción basado en la democracia, se supone que todos tienen algo que decir incluso acerca de las cosas que no han adquirido, con lo cual existe una invitación permanente no sólo a crear una inestabilidad legal, con todos sus efectos negativos sobre el proceso de formación de capital, sino, además, a actuar de manera inmoral. Acerca de esto, véase L. von Mises, Socialism [en castellano], Liberty Fund, Indianapolis, 198 1, cap. 31.

[26] Recapitulemos los conceptos de Molinari (Sobre la Producción de Seguridad, pp. 13-14): “Si […] el consumidor no tiene la libertad de comprar seguridad donde le parezca mejor, veremos de inmediato cómo se ponen en acción numerosos profesionales especializados en la arbitrariedad y en la mala administración. La justicia será cada vez más lenta y costosa, la policía, ofensiva, la libertad individual dejará de ser respetada, el precio de la seguridad se elevará en forma abusiva y se la impartirá injustamente, según el poder y la influencia de una u otra clase de consumidores”.

[27] Véanse las obras citadas en la nota 22; también, B. Leoni, Freedom and the Law [en castellano], Van Nostrand, Princeton, 1961; J. Peden, “Property Rights in Celtic Irish Law” [PDF], Journal of Libertarian Studies (1977).

[28] Véase T. Anderson y P. J. Hill, “The American Experiment in Anarcho-Capitalism: The Not So Wild, Wild West” [PDF], Journal of Libertarian Studies (1980).

[29] Con respecto a lo siguiente, véase H. H. Hoppe, Eigentum. Anarchie und Staat, Westdeutscher Verlag, Opladen, 1986, cap. 5.

[30] Esto ofrece un marcado contraste con la política estatal, por la cual se entablan conflictos violentos sin el apoyo voluntario de nadie, porque el estado tiene el derecho de imponer tributos; y pensemos si el riesgo de una guerra sería mayor o menor en el caso de que el ciudadano tuviera el derecho de dejar de pagar impuestos en el mismo momento en que considerara que la política estatal en materia de relaciones exteriores no es de su agrado.

[31] Nuevamente debemos hacer notar que las normas que tienen el mayor grado posible de consenso son, por supuesto, aquellas cuya validez se desprende del razonamiento y cuya aceptación, acerca de cualquier cosa que sea posible, es unánime, como ya lo hemos indicado.

[32] También en este caso puede observarse el contraste con los jueces empleados por el estado, cuyos sueldos se pagan con el producto de los impuestos y que, por lo tanto, son relativamente independientes de la satisfacción de los consumidores; por eso, pueden dictar sentencias que, como es obvio, no todos aceptan como justas; y preguntémonos si el riesgo de que no se descubriera la verdad en un caso determinado aumentaría o disminuiría si uno tuviese la posibilidad de ejercer presión económica toda vez que pensara que un juez que tal vez algún día tendría que juzgar nuestra propia causa no es lo suficientemente cuidadoso en la consideración de los hechos y en el dictamen acerca de ellos, o quizás es sencillamente un truhán.

[33] Acerca de lo que sigue, véase en particular M. N. Rothbard, For a New Liberty, pp. 233 SS.

[34] Véase B. Bailyn, The Ideological Origins of the American Revolution, Harvard University Press, Cambridge, 1967; J. T. Main, The Anti-Federalists: Critics of the Constitution, University of North Carolina Press, Chape1 Hill, 1961; M. N. Rothbard, Conceived in Liberty, Arlington House, New Rochelle, 1975-1979.

[35] Por supuesto, las compañías de seguros desempeñarán un papel especialmente importante en la tarea de poner un freno a la aparición de compañías infractoras de la ley. Véase M. y L. Tannehill, The Market of Liberty, pp. 11 0-1 1: “Las compañías de seguros, un sector decisivo en cualquier economía totalmente libre, tendrán un incentivo especial para disociarse de cualquier agresor y, además, para emplear toda su considerable influencia comercial para combatirlo. La violencia agresiva ocasiona pérdidas de valor, y la industria de los seguros soporta los mayores costos en estos casos. Un agresor al que no se le ponen límites es un riesgo ambulante, y ninguna compañía de seguros, por apartada que esté de su agresión original, desearía hacerse cargo del riesgo de que agrediese después a uno de sus propios clientes. Además, los agresores y quienes se asocian con ellos tienen más posibilidades de verse envueltos en situaciones de violencia y son, por lo tanto, clientes indeseables. Es probable que una compañía de seguros rehúse brindar cobertura a estas personas, por el prudente deseo de disminuir cualquier pérdida h r a que su agresión pudiese causar. Pero aunque su motivación no fuera ésta, se vería obligada a elevar drásticamente sus primas o a cancelar cualquier tipo de cobertura para evitar el riesgo adicional que implica su inclinación a la violencia. En una economía competitiva, ninguna compañía de seguros puede afrontar el riesgo de continuar cubriendo a individuos agresivos o a quienes tienen tratos con ellos, y hacer que sus clientes honestos carguen con los costos; pronto los perdería, porque preferirían firmas más honorables cuya cobertura representase un cargo menor”.

TRADUCIDO POR LIBERTAS

La fachada intelectual para el socialismo

Por Hans-Herman Hoppe

Comparada con la vida en los países de Occidente –donde el sector socializado es considerable– la vida en el socialismo total es miserable. El estándar de vida es tan deplorable que, en 1961, el gobierno de la socialista Alemania Oriental construyó un sistema de muros, alambre de púas, cercas electrificadas, campos minados, dispositivos de tiro automático, torres de vigilancia, perros amaestrados y vigilantes, a lo largo de 900 millas, para evitar que la gente huyera del socialismo.

La evidencia empírica muestra que el socialismo es un fracaso evidente. Y la causa del fracaso socialista es transparente como un cristal: casi no existe propiedad privada de los medios de producción, y casi todos los factores de producción son de propiedad común de la misma manera en que los estadounidenses son dueños del Servicio Postal.

¿Por qué entonces, gente aparentemente seria todavía promueve el socialismo? Y, ¿por qué existen aún millares de científicos sociales que quieren poner más y más factores de producción bajo control social en vez de control privado?

Por una parte, claro, algunos socialistas pueden ser simplemente malévolos. Puede que no tengan nada contra la miseria, especialmente si es solamente la miseria de otros, y están a cargo de administrarla mientras viven muy bien de hecho.

Pero estoy interesado en aquellos que promueven el socialismo porque es supuestamente más “productivo” que el capitalismo. Ellos alegan que la evidencia que demuestra lo contrario, como en Alemania Oriental, está fuera de lugar o probablemente es accidental.

Pero, ¿cómo puede alguien negar que las experiencias de Alemania Oriental o Rusia constituyen evidencia decisiva contra el socialismo? ¿Cómo puede cierta gente salirse con la suya al divulgar la visión absurda de que la evidencia contra el socialismo es meramente fortuita?

La respuesta radica en la -aparentemente respetable- filosofía empirista. Es el empiricismo lo que escuda al socialismo de su refutación por cuenta de su propio fracaso, y le da al socialismo la credibilidad que aún tiene.

Es por eso que la crítica Miseana del socialismo ataca tanto el socialismo como el empirismo. Ésta explica que existe una necesaria conexión entre el socialismo y los bajos estándares de vida; la experiencia rusa no es accidental; y el esfuerzo del empirista de hacerla parecer un accidente está fundamentada en el error intelectual.

El empirismo está basado en dos presunciones fundamentales: primero, uno no puede saber nada sobre la realidad con certeza, de forma a priori; y segundo, una experiencia no puede probar definitivamente que la relación entre dos o más eventos existe o no. Si se utilizan estas dos premisas como el punto de partida, es fácil despreciar las refutaciones empíricas del socialismo.

El socialista empirista no niega los hechos. De hecho admitirá -muy a su pesar- que los estándares de vida son deplorables en Rusia y en Europa del Este (al momento del artículo). Pero alega que esa experiencia no constituye una prueba en contra del socialismo. En vez de eso, dice el empirista, que las condiciones miserables son el resultado de circunstancias olvidadas o no controladas que serán abordadas en el futuro, luego del cual todos verán que el socialismo significa estándares de vida más altos.

De la mano del empirismo, incluso las abrumadoras diferencias entre Alemania Oriental y Alemania Occidental pueden ser explicadas entonces completamente. El empirista dice, por ejemplo, que se debe a la ayuda del Plan Marshall recibida por Alemania Occidental mientras que Alemania Oriental tuvo que pagar reparaciones a la Unión Soviética; o porque la Alemania Oriental incluía las provincias rurales y menos desarrolladas de Alemania; o debido a que la mentalidad esclavista no fue desechada en la región oriental si no hasta más tarde relativamente; etc, etc.

Ni siquiera el experimento más perfectamente controlado puede sacarnos de este predicamento, porque es imposible controlar cada variable que pueda concebirse como influyente en la variable que tratamos de explicar. Ni siquiera conocemos todas las variables que componen el universo, lo que deja todas las preguntas abiertas a experiencias de reciente descubrimiento.

De acuerdo con el empirismo, no existe forma en que se pueda descartar ningún evento como una causa posible de alguna otra cosa. Incluso las cosas más absurdas –dado que hayan acontecido antes en el tiempo- pueden ser causas probables. Por lo tanto el número de excusas no tiene fin.

El socialista empirista puede descartar cualquier cargo que se le levante al socialismo siempre y cuando esté basado solamente en evidencia empírica. Puede alegar que debido a que no podemos saber el resultado de las políticas socialistas en el futuro, debemos probarlas y dejar que la experiencia hable por sí sola. Y no importa que tan malos sean los resultados, el socialista empirista puede rescatarse a si mismo culpando a alguna variable -hasta el momento olvidada- que parezca más o menos plausible. Formulará una nueva hipótesis revisada, y debe supuestamente ponérsela a prueba durante tiempo indefinido.

El empirista dice que la experiencia puede decirle que un esquema de política socialista no alcanzó el objetivo de producir más riqueza. Pero nunca podrá decirle si uno ligeramente distinto producirá mejores resultados. Ni podrá la experiencia decirle que es imposible mejorar la producción de bienes y servicios, o elevar los estándares de vida, a través de cualquier política socialista.

Ahora vemos que tan dogmática es en realidad la filosofía empirista. Muy al contrario de su supuesta apertura y apego a la experiencia, el empirismo es una herramienta intelectual que le inmuniza a uno completamente de la crítica y la experiencia. Es el medio perfecto para la deshonestidad intelectual que permite escudar al socialismo de la deslumbrante verdad de su propio fracaso.

Los aportes económicos de Mises demuestran que el socialismo falla porque viola los principios irrefutables de la Economía –entre ellos la ley de intercambio, la ley de utilidad marginal decreciente, la ley ricardiana de asociación, la ley de controles de precios, y la teoría cuantitativa del dinero- que pueden ser deducidas del axioma de la acción humana mediante la lógica aplicada. Y por lo tanto podemos saber –de antemano y con absoluta certeza- las consecuencias del socialismo dondequiera que se lo aplique.

Si queremos desenmascarar al socialismo, debemos atacar el absurdo error intelectual que representa el empirismo. Y si queremos derrotar al socialismo, debemos consolidar un sólido argumento Miseano basado en la lógica de la acción humana y las irrefutables leyes de la Economía.

Publicado originalmente en The Free Market, Febrero 1988 Volumen VI, Número 2. El profesor Hans-Hermann Hoppe enseña Economía en la Universidad de Nevada, Las Vegas, y es senior fellow del Instituto Ludwig von Mises.

Traducido por Juan Fernando Carpio

Reflexiones sobre el Origen y la Estabilidad del Estado

Hans-Hermann Hoppe 1

Permítanme empezar con la definición de estado. ¿Que debe ser capaz de hacer un agente para calificar como un estado? Este agente debe ser capaz de insistir en que todos los conflictos entre los habitantes de un determinado territorio, sean traídos ante él para la toma de decisiones en última instancia o para ser objeto de su revisión final. En particular, este agente debe ser capaz de insistir en que todos los conflictos que lo afecten a él mismo sean juzgados por él o su agente. E implícita en la facultad de excluir a todos los demás de actuar como juez en última instancia, como segunda característica definitoria de estado, está el poder de cobrar impuestos del agente para determinar unilateralmente el precio que deben pagar por sus servicios quienes buscan justicia.

Sobre la base de esta definición de estado, es fácil entender por qué pudiera existir un deseo de controlar el estado. Porque quien tiene el monopolio del arbitraje final, dentro de un territorio determinado, puede hacer leyes. Y aquel que puede legislar también puede cobrar impuestos. Sin duda, esta es una posición envidiable.

Más difícil de entender es cómo alguien puede lograr el control del estado. ¿Porqué otros tendrían que tolerar tal institución?

Quiero enfocar la respuesta a esta pregunta en forma indirecta. Suponga que usted y sus amigos resultan estar en control de esa extraordinaria institución. ¿Qué haría para mantener su posición (siempre y cuando no tuviera ningún escrúpulo moral)? Sin duda alguna usaría parte del ingreso por concepto de impuestos para contratar algunos matones. Primero: para conservar la paz entre sus súbditos a fin de mantener la productividad, de manera que se aumente la producción para poderla gravar con impuestos en el futuro. Pero más importante aún, puede ser que necesite estos matones para su propia protección en caso de que el pueblo despierte de su somnolencia dogmática y lo desafíe.

Esto no funcionará, sin embargo, en particular, si usted y sus amigos son una pequeña minoría en comparación con el número de súbditos. Porque una minoría no puede gobernar, en forma duradera, a una mayoría únicamente por la fuerza bruta. Debe gobernar con la opinión a favor. La mayoría de la población debe ser convencida de aceptar voluntariamente su gobierno. Esto no quiere decir que la mayoría deba estar de acuerdo con cada una de sus medidas. De hecho, es muy posible que crean que muchas de sus políticas están equivocadas. Sin embargo, es necesario que crean en la legitimidad de la institución del estado como tal, y por lo tanto, que incluso si una determinada política pudiera estar errada, ese error es un accidente que uno debe tolerar en compensación de mayores bienes o mejores servicios proporcionados por el estado.

Sin embargo, ¿cómo puede uno persuadir de creer en esto a la mayoría de la población? La respuesta es: sólo con la ayuda de los intelectuales.

¿Cómo lograr que los intelectuales trabajen para usted? Para esta pregunta la respuesta es fácil. El mercado de servicios intelectuales no es precisamente muy demandado ni estable. Los intelectuales estarían a merced de los valores fugaces de las masas, y las masas están poco interesadas en temas intelectuales y filosóficos. El estado, por otro lado, puede albergar los egos excesivamente inflados de los intelectuales y ofrecerles una posición cómoda, segura y permanente en su aparato de gobierno.

Sin embargo, no basta con que emplee sólo algunos intelectuales. Esencialmente debe emplearlos a todos, incluso aquellos que trabajan en círculos alejados de los temas que a usted conciernen principalmente: es decir filosofía, ciencias sociales y humanidades. Porque aún los intelectuales que trabajan en matemáticas o ciencias naturales, por ejemplo, pueden, obviamente, pensar por sí mismos y por lo tanto se convierten en potencialmente peligrosos. Por lo tanto, es importante que usted también garantice su lealtad al estado. Dicho de otra manera: usted debe convertirse en un monopolio. Y esto se logra mejor si todas las instituciones educativas, desde el jardín infantil hasta la universidad, se someten al control del estado y todo el personal dedicado a la enseñanza y la investigación están certificados por el estado.

Pero, ¿y si la gente no quiere que la eduquen? Para ello, la educación debe ser obligatoria, y con el fin de someter a las personas a una educación controlada por el estado durante el mayor tiempo posible, todos deben ser declarados igualmente educables. Los intelectuales saben que tal igualitarismo es falso, por supuesto. Sin embargo, proclaman absurdos que agradan a las masas, tales como que todo el mundo es un Einstein en potencia con sólo darle suficiente atención educativa, y de paso, abastecen una demanda casi ilimitada de servicios intelectuales.

Nada de todo esto garantiza un pensamiento estatista correcto, por supuesto. Sin duda ayuda, sin embargo, a llegar a la conclusión correcta, si uno se da cuenta de que sin el estado podría quedar sin trabajo y podría tener que ensayar la mecánica de funcionamiento de las estaciones de servicio de gasolina, en lugar de tratar problemas tan acuciantes como la alienación, la equidad, la explotación, la deconstrucción de los roles de género y sexo, o la cultura de los Esquimales, de los Hopis, o de los Zulúes.

En cualquier caso, aun cuando los intelectuales se sientan menospreciados por usted, es decir, por una administración estatal particular, saben que la ayudan sólo puede venir de otra administración estatal y nunca de un asalto intelectual a la institución del estado como tal. Por tal razón, y no es de extrañar que, como cuestión de hecho, la inmensa mayoría de intelectuales contemporáneos, incluidos los más conservadores o sea los llamados intelectuales del mercado libre, son fundamental y filosóficamente estatistas.

¿Ha servido al estado la labor de los intelectuales? Yo diría que si. Si preguntáramos si la institución del estado es necesaria, no creo que sea exagerado decir que el 99 por ciento de todas las personas dirán que sí sin vacilar. Y, sin embargo, este éxito se basa en motivos más bien frágiles, y todo el edificio estatista podría ser derribado si sólo la labor de los intelectuales fuera contrarrestada por la labor de intelectuales anti-intelectuales, como me gusta llamarlos.

La abrumadora mayoría de partidarios del estado no son estatistas filosóficos, es decir, sólo por el hecho de haber pensado en el asunto. La mayoría de la gente no piensa mucho en cuestiones filosóficas. Se limitan a vivir su vida diaria, y eso es todo. Así que gran parte del apoyo tiene su origen en el solo hecho de que el estado existe y ha existido siempre, en la medida de lo uno puede recordar (que generalmente no va más allá del período de su propia vida). Es decir, el mayor logro de los intelectuales estatistas es haber cultivado la pereza intelectual (o la incapacidad) natural de las masas y nunca haber permitido que el tema fuera objeto de un debate serio. El estado es considerado como parte intocable del tejido social.

La primera y principal tarea de los intelectuales anti-intelectuales, entonces, es contrarrestar esta somnolencia dogmática de las masas, ofreciendo una definición precisa de estado, como lo he hecho al inicio, y a continuación, preguntar si no hay algo verdaderamente notable, raro, extraño, perturbador, grotesco, de hecho ridículo, en una institución como ésta. Estoy seguro de que esa simple definición producirá serias dudas con respecto a una institución cuya necesidad anteriormente se daba por sentada.

Más aún, principiando con los argumentos menos sofisticados en favor del estado (sin embargo, y no accidentalmente, los más populares) y llegando hasta los más sofisticados: en la medida en que los intelectuales han considerado necesario argumentar a favor del estado, su argumento más popular, ya conocido en edades de jardín infantil, dice más o menos así: algunas actividades del estado no son sólo las de construir carreteras, escuelas, colegios, sino, además, las de entregar el correo y situar la policía en las calles. Imagínese que no hubiera estado. No tendríamos entonces estos servicios. Por lo tanto el estado es necesario.

A nivel universitario se presenta una versión ligeramente más sofisticada del mismo argumento. Y empieza diciendo algo así: es cierto que los mercados son inmejorables para proporcionar muchas, incluso la mayoría de las cosas, pero hay otros bienes o servicios que los mercados no pueden proporcionar en cantidad o calidad suficientes. Estos otros, llamados bienes públicos, son bienes o servicios que otorgan beneficios a personas más allá de quienes realmente los producen o pagan por ellos. Se destacan especialmente entre éstos los de educación e investigación. Educación e investigación, por ejemplo, se argumenta, son bienes sumamente valiosos. Sin embargo estarían sub-producidos a causa de los free riders, es decir, de tramposos, que se benefician, por medio del llamado efecto vecindario, de la educación y la investigación sin pagar por ellas. Por lo tanto, es necesario que el estado provea bienes (públicos) que de otra manera estarían sub-producidos o no producidos, tales como la educación y la investigación. Estos argumentos estatistas pueden ser refutados con una combinación de tres ideas fundamentales: En primer lugar, en el argumento del jardín infantil, del hecho que el estado produzca carreteras y escuelas no se deduce que sólo el estado puede proporcionar este tipo de bienes. La gente tiene poca dificultad en reconocer que esto es una falacia. Del hecho que monos puedan montar en bicicleta no se deduce que sólo los monos puedan montar en bicicleta. Y en segundo lugar, inmediatamente después, hay que recordar que el estado es una institución que puede legislar y cobrar impuestos, y por lo tanto, que los agentes del estado tienen poco incentivo para producir de manera eficiente. Sólo que las carreteras y escuelas del estado serán entonces más costosas y de menor calidad. Porque siempre hay la tendencia a que los agentes del estado utilicen la mayor cantidad de recursos posibles al hacer lo que hacen pero además trabajando lo menos posible.

En tercer lugar, los más sofisticados argumentos estatistas involucran la misma falacia ya encontrada a nivel de jardín infantil. Pero incluso si uno estuviera dispuesto a conceder el resto del argumento, aún es una falacia concluir del hecho que los estados proporcionan bienes públicos, que sólo los estados puedan hacerlo.

Más importante aún, debe señalarse que toda la argumentación demuestra un total desconocimiento de la realidad más fundamental de la vida humana: es decir, la escasez. Cierto, los mercados no proveerán todas las cosas que uno pueda desear. Siempre habrá deseos insatisfechos, puesto que no habitamos el Jardín del Edén. Pero para lograr traer a existencia tales bienes no-producidos, deben gastarse recursos escasos, que en consecuencia ya no se podrán utilizar para producir otras cosas, igualmente deseables. Que existan bienes públicos junto a bienes privados no importa en este sentido, la escasez en si misma permanece sin cambio: más bienes públicos sólo pueden existir a expensas de menos bienes privados. Sin embargo, lo que es necesario demostrar es que un bien es más importante y valioso que otro. Esto es lo que se entiende por economizar. Sin embargo, ¿puede el estado ayudar a economizar recursos escasos? Esta es la pregunta que debe responderse. De hecho, sin embargo, existen pruebas concluyentes de que el estado no economiza y no puede economizar: porque con el fin de producir cualquier cosa, el estado tiene que recurrir al cobro de impuestos (o a legislar), lo que demuestra irrefutablemente que sus súbditos no quieren lo que el estado produce, sino que prefieren en su lugar otra cosa como más importante. En lugar de ahorrar, el estado sólo puede re-distribuir: puede producir más de lo que el estado quiere y menos de lo que la gente quiere y, se debe recordar, cualquier cosa que el estado produzca lo hará de manera ineficiente.

Por último, es necesario examinar brevemente el más sofisticado argumento en favor del estado. Después de Hobbes este argumento se ha repetido sin cesar. Dice así: En la etapa natural, antes de la creación de un estado, reina permanentemente el conflicto. Todo el mundo reclama derecho a todo, y el resultado es una guerra interminable. No hay forma de salir de este predicamento por medio de acuerdos porque, ¿quien hará cumplir tales acuerdos? Siempre que la situación apareciera ventajosa, una o ambas partes romperían el acuerdo. Por lo tanto, las personas reconocen que no hay más que una solución para el desiderátum de la paz: la creación, por acuerdo, de un estado, es decir, un tercero independiente, como juez y ejecutor de última instancia.

Sin embargo, si esta tesis es correcta, y todo acuerdo requiere un ejecutor externo que lo haga cumplir, entonces un estado por acuerdo nunca podría llegar a existir. Porque con el fin de hacer cumplir el acuerdo que debe desembocar en la creación de un estado (para hacer vinculante este acuerdo), sería necesaria la intervención de otro ejecutor externo, un estado previamente existente. Y para que este estado llegase a existir, aún antes otro estado debía haber sido postulado, y así sucesivamente, en una regresión infinita.

Por otra parte, si aceptamos que existen estados (y, por supuesto, existen), entonces este mismo hecho contradice la afirmación Hobbesiana. El propio estado ha llegado a existir sin ningún ejecutor externo. Presumiblemente, en el momento del supuesto acuerdo, no existía un estado previo. Por otra parte, una vez que un estado por acuerdo entra en existencia, el orden social resultante aún sigue siendo una auto-imposición. Para estar seguros, si A y B están de acuerdo en algo, sus acuerdos tienen fuerza vinculante por acción de un agente externo. Sin embargo, el propio estado no ha sido vinculado por ningún ejecutor externo. No existen terceros externos en lo concerniente a conflictos entre estado y súbditos así como tampoco existen para los conflictos entre los distintos agentes u organismos estatales. En lo referente a acuerdos hechos por el estado con respecto a sus ciudadanos o en los de una agencia estatal con respecto a otra, es decir, acuerdos de este tipo sólo pueden ser auto-impuestos por el estado. El estado no está obligado por nada, excepto por sus propias normas, aceptadas y aplicadas por si mismo, es decir, son limitaciones que se auto-impone. Con respecto a sí mismo, por así decirlo, el estado se encuentra todavía en un estado natural de anarquía caracterizado por regulaciones y deberes auto-impuestos, porque no hay estado superior que pueda obligarlo.

Además, si aceptamos la idea hobbesiana de que la aplicación de reglas mutuamente convenidas requiere la intervención de un tercero independiente, esto en realidad excluiría el establecimiento de un estado. De hecho, constituiría un argumento concluyente contra la institución de un estado, es decir, contra la institución de un monopolio de toma final de decisiones y arbitraje. Porque entonces también debe existir un tercero independiente para decidir cada caso de conflicto entre nosotros (ciudadanos particulares) y cualquier agente del estado, y en igual forma también debe existir un tercero independiente para todos los casos de conflicto intra-estatal (y debe haber otra tercera parte independiente para el caso de conflictos entre los diversos terceros), sin embargo, esto significa, por supuesto, que ese estado (o cualquier tercero independiente) sería no estatal, de acuerdo a la definición inicial que presentamos anteriormente, sino simplemente uno de los otros muchos terceros, en libre competencia, que funcionan como árbitros de conflicto.

Permítaseme concluir entonces: el caso intelectual contra el estado parece ser fácil y sencillo. Pero eso no quiere decir que en la práctica sea fácil. Sin duda, casi toda las personas están convencidas que el estado es una institución necesaria, por las razones que he indicado. Por lo tanto, es muy dudoso que la batalla contra el estatismo se pueda ganar tan fácil como podría parecer, al nivel intelectual y puramente teórico. Sin embargo, incluso si resultara ser imposible, al menos, divirtámonos un buen rato a costa de nuestros oponentes estatistas. Y para ello sugiero que siempre, persistentemente, se los enfrente con el siguiente desafío: supongamos un grupo de personas, conscientes de la posibilidad de conflicto entre ellas, y que alguien propone como solución a este eterno problema humano, que tal individuo sea designado como árbitro de última instancia, en cualquier caso de conflicto, incluidos aquellos conflictos en los que esa misma persona esté involucrada. Estoy seguro de que tal sujeto será considerado como un bromista o como una persona mentalmente inestable y, sin embargo esto es precisamente lo que todos los estatistas proponen.

23 de Junio de 2008

1Este documento fue presentado por primera vez en la 3ª reunión anual de la Sociedad Propiedad y Libertad, que se celebró en Bodrum, Turquía, del 22 al 26 de mayo de 2008.

Hans-Hermann Hoppe es un distinguido colega del Instituto Ludwig von Mises, fundador y presidente de la Sociedad Propiedad y Libertad.

TRADUCCIÓN DE RODRIGO DÍAZ

El Futuro del Liberalismo – Exhortación por un Nuevo Radicalismo

por Hans-Hermann Hoppe 1

El liberalismo clásico ha estado en decadencia durante más de un siglo. Desde la segunda mitad del siglo diecinueve los asuntos públicos han sido influenciados cada vez más por las ideas socialistas: comunismo, fascismo, nacionalsocialismo, y durante más tiempo por la democracia social (liberalismo y neo-conservatismo americanos).

En efecto, tan completa ha sido la victoria socialista que hoy algunos neoconservadores han proclamado el “Fin de la Historia” y la llegada del “Último Hombre”, es decir, del último milenio de democracia social, global, supervisada por los estadounidenses.

Ante esta situación, los liberales pueden reaccionar de dos modos. Pueden sostener que el liberalismo es una doctrina sana y que el público la rechaza a pesar de ser verdad. O – y esto es lo que yo haré – uno puede considerar el rechazo como indicación de que hay algún error en la propia doctrina.

El error central del liberalismo radica en su teoría del gobierno.

El liberalismo – tal como lo personificaba Locke y según lo proclamado por Jefferson en la Declaración de Independencia – se centraba alrededor de las nociones de soberanía individual, asignación original de los recursos dados por la naturaleza, propiedad, y contrato, como derechos humanos universales. Frente a los príncipes y reyes, este énfasis en la universalidad de los derechos, colocó a los liberales en oposición radical a todo gobierno establecido. Para un liberal, todo hombre, bien fuese rey o campesino, estaba sujeto a los mismos principios universales de justicia, y en esos momentos bien se podía justificar el establecimiento de un gobierno a partir de un contrato entre dueños de propiedad privada o también se podía rechazar tajantemente. ¿Pero podía ser así? La respuesta liberal se resolvió mediante la indiscutible proposición de que, asesinos, ladrones, timadores, matones, embaucadores, etc., siempre existirían, y la vida en sociedad sería imposible si no se les amenazaba con el castigo físico. Para mantener el orden liberal, era necesario obligar mediante amenazas, o la aplicación de violencia, a quien no respetara la vida y la propiedad de los demás. De esta premisa, los liberales concluyeron que la tarea de mantenimiento del orden público es la función primordial del gobierno.

Que la conclusión fuera correcta o no, depende de la definición de gobierno.

Es correcta, si gobierno simplemente significa cualquier individuo o firma proporciona servicios de protección a una clientela, mediante el pago voluntario de honorarios. Pero esta no es la definición adoptada por los liberales. Para un liberal, el gobierno no es una firma especializada. El gobierno tiene dos características únicas. Tiene el monopolio territorial obligatorio de la jurisdicción (toma última de decisiones) y el derecho a tasar y cobrar impuestos. Aún si uno asume esta definición de gobierno, la conclusión liberal es claramente falsa.

De hecho, es inconcebible cómo dueños de propiedad privada pudieron posiblemente aceptar un contrato que diera derechos a otro agente, para obligar a todos los habitantes dentro de un territorio dado a que acudieran a él, exclusivamente, buscando protección y justicia. Tal contrato de monopolio implicaba que todo dueño de propiedad privada debía renunciar, a favor de alguien más, a su derecho a la toma de la decisión última en cuanto a su persona y propiedad. En efecto, se había sometido a si mismo a la esclavitud. Pero nadie en pleno uso de sus facultades, puede, ni probablemente podrá, consentir en someter permanentemente su persona y propiedad, a la indefensión ante las decisiones de alguien más. De manera similar es inconcebible que alguien dotara a su protector monopolístico con el derecho a cobrar impuestos. Nadie puede, o desea, aceptar un contrato que permita a su protector determinar unilateralmente, sin consentimiento del protegido, la suma que éste debe pagar por protección.

Los liberales han tratado de resolver esta contradicción interna con la improvisación de acuerdos “implícitos” o “conceptuales”, contratos, o constituciones. Sin embargo todas estas tentativas sólo han añadido a la misma conclusión inevitable: Que es imposible derivar una justificación del gobierno a partir de contratos explícitos.

La errónea aceptación del liberalismo de que “el gobierno” era congruente con los principios de soberanía individual, propiedad privada, y contrato, lo ha conducido a su propia destrucción.

Primero, y se desprende del error inicial que la solución liberal al problema de la seguridad, un gobierno limitado constitucionalmente, es un ideal contradictorio.

Una vez que el principio de gobierno es admitido, cualquier noción de freno al poder del gobierno es ilusoria. Incluso si, como los liberales han propuesto, un gobierno limitara sus actividades a la protección de los derechos existentes de propiedad privada, la pregunta que surge sería: ¿qué tanta seguridad se debe producir?. Motivado por el interés propio y la contrautilidad, el desperdicio, de su trabajo, pero con el poder de tasar y cobrar impuestos, la respuesta de un agente del gobierno será invariablemente la misma: maximizar gastos y minimizar producción. Mientras más dinero pueda uno gastar y menos haya que trabajar, mejor se estará.

Más aún, un monopolio judicial disminuirá la calidad de la protección. Si ante nadie más se puede reclamar justicia, con excepción del gobierno, la justicia se pervertirá a favor del gobierno, sin importar lo que digan las constituciones. Las constituciones y las Cortes Supremas son constituciones y agencias del gobierno, y cualquier limitación que pudieran contener o encontrar es resuelta por agentes de la misma institución en consideración.

Como es de esperar, las definiciones de propiedad y protección serán alteradas y el ámbito de la jurisdicción ampliado para ventaja del gobierno.

En segundo lugar, y se deriva del error en cuanto al status moral del gobierno, la vieja preferencia liberal de un gobierno local, descentralizado y pequeño, es inconsistente.

Una vez se ha admitido que, a fin de forzar la cooperación pacífica entre dos individuos A y B, es justificado tener a un monopolio judicial X, se deduce una doble conclusión. Si más de un monopolio existe, X, Y y Z, entonces, como no puede haber paz alguna entre A y B sin X, tampoco puede haber allí paz alguna entre los monopolios X, Y, y Z mientras estos permanezcan en ‘estado de anarquía.’ De ahí que, para lograr el desideratum liberal de paz universal, sea necesaria la centralización política y finalmente el gobierno mundial único.

Finalmente, y sigue del error del gobierno de sostener la idea anticuada que la universalidad de los derechos humanos es confusa y que, bajo el título de ‘igualdad ante la ley’, se la haya transformado en un vehículo de igualitarismo.

Una vez que el gobierno se presume justo y los príncipes hereditarios han sido excluidos como irreconciliables con la idea de los derechos humanos universales, surge la pregunta de cómo hacer compatible el gobierno con dicha idea de universalidad de los derechos humanos. La respuesta liberal fue abrir la entrada al gobierno a todos, en términos de igualdad, vía la democracia. A todos – no sólo a la clase noble hereditaria – se les permitió ejercer todas las funciones del gobierno. Pero esta igualdad democrática es muy diferente de una ley universal, aplicable, por igual, a todos y cada uno, siempre y en todo lugar. De hecho, el viejo cisma desagradable de una ley más alta para los reyes, contra una ley subordinada para los sujetos ordinarios, se conserva bajo la democracia con la separación de la ley pública versus la privada y la supremacía de la primera sobre la segunda. En una democracia no existe privilegio personal alguno ni personas privilegiadas. Sin embargo, los privilegios funcionales y las funciones privilegiadas si existen.

Mientras actúen en calidad de servidores públicos, los funcionarios oficiales son gobernados y protegidos por el derecho público y ocupan así una posición privilegiada respecto de personas que actúan meramente bajo las directrices de la ley privada. Los privilegios y la discriminación legal no desaparecerán. Al contrario.

Más bien que ser exclusivos de los príncipes y la nobleza, los privilegios, el proteccionismo, y la discriminación legal estarán a disposición de todos.

Como era de esperarse, en condiciones democráticas, la tendencia de todo monopolio, de aumentar precios y disminuir calidad, sólo será más pronunciada. A cambio de un príncipe que considera el país como su propiedad privada, es puesto un custodio temporal a cargo del país. Él no es dueño del país, pero mientras está en el poder se le permite el uso del mismo, para ventaja suya y de sus protegidos. Tiene su uso corriente – el usufructo – pero no es propietario de su capital social. Esto no acabará la explotación. Al contrario, hará la explotación con menos racionalidad y la llevará a cabo con poco o ningún respeto por el capital social, es decir, con miopía. Adicionalmente, ahora la perversión de la justicia procederá aún más rápidamente. En vez de proteger el derecho a la propiedad privada preexistente, el gobierno democrático se convertirá en una maquinaria de redistribución de los derechos a la propiedad existente en nombre de una ‘seguridad social’ ilusoria.

A la luz de lo anterior, se debe buscar una respuesta a la pregunta sobre el futuro del liberalismo.

Debido a su error en cuanto al estado moral del gobierno, el liberalismo realmente contribuyó a la destrucción de todo aquello que se había propuesto conservar y proteger: la libertad y la propiedad. El liberalismo, entonces, en su forma presente, no tiene ningún futuro. O mejor dicho, su futuro es la democracia social.

Si el liberalismo ha de tener algún futuro, deberá reparar su error. Los liberales deben reconocer que ningún gobierno puede ser contractualmente justificable y que todo gobierno es destructivo de lo que quieren conservar.

Es decir el liberalismo tendrá que ser transformado al anarquismo de la propiedad privada (o a una sociedad de derecho privado), tal como especuló hace casi 150 años Gustave de Molinari, y en nuestros días, según el raciocinio de Murray Rothbard.

Esto tendría un doble efecto. Primero, conduciría a la purificación del movimiento liberal. Los demócratas sociales con ropaje liberal y muchos funcionarios del gobierno se disociarían de este nuevo movimiento. Por otra parte, la transformación conduciría a la radicalización del movimiento. Para aquellos viejos liberales que todavía se agarran a la noción clásica de derechos humanos universales y consideran la soberanía individual y la propiedad privada antes que el gobierno, la transición será sólo un pequeño paso. El anarquismo de la propiedad privada es un liberalismo simplemente consecuente; o un liberalismo restaurado a su intención original. Pero aún este pequeño paso tendría implicaciones trascendentales.

Al aceptarlo, los liberales denunciarían el gobierno democrático como ilegítimo y reclamarían su derecho a la autodefensa. Políticamente, volverían a los principios del liberalismo como credo revolucionario. Al negar la validez de los privilegios hereditarios, los liberales clásicos se colocaron en oposición fundamental a todos los gobiernos establecidos. El mayor triunfo del liberalismo – la Revolución americana – fue el resultado de una guerra de secesión. Y en la Declaración de Independencia, Jefferson había afirmado “que siempre que cualquier forma de gobierno se convierta en destructivo de la vida, la libertad, y la búsqueda de la felicidad, la gente tiene el derecho de cambiarlo o abolirlo”. Los anarquistas de la propiedad privada sólo reafirmarían el derecho liberal clásico “de derrocar dicho gobierno, y proporcionar nuevas salvaguardas al futuro de su seguridad”.

Por supuesto, por sí mismo, el renovado radicalismo del movimiento liberal sería de poca consecuencia. En cambio, lo que romperá la máquina social democrática es la visión inspiradora que fluye de este nuevo radicalismo como alternativa al orden presente. En vez de integración política supranacional, gobierno mundial, constituciones, tribunales, bancos, y dinero, los liberales anarquistas proponen la descomposición del estado-nación.

Como sus antepasados clásicos, los nuevos liberales no buscan el gobierno para tomárselo. Lo ignoran y quieren que los deje en paz, y quieren también aislarse de su jurisdicción para organizar su propia protección. A diferencia de sus precursores que simplemente procuraron sustituir un gobierno más grande por uno más pequeño, los nuevos liberales persiguen la lógica de la secesión para ponerle fin. Proponen una secesión ilimitada, es decir, la proliferación sin restricción de territorios libres independientes, hasta que el rango de la jurisdicción del estado finalmente se marchite con el tiempo. ¡Con este fin – y en total contraste con los proyectos estatistas de ‘Integración Europea’ y de un ‘Nuevo Orden Mundial’ – promueven la visión de un mundo con decenas de miles de países, regiones, y cantones libres, de cientos de miles de ciudades libres – como las singularidades actuales de Mónaco, Andorra, San Marino, Liechtenstein, (el anterior) Hong Kong, y Singapur – y distritos aún más libres y vecindades económicamente integradas por el mercado libre (mientras más pequeño sea el territorio, mayor es la presión económica para optar por el libre comercio!) y por el estándar del oro como base monetaria internacional.

Siempre y cuando esta visión gane prominencia ante la opinión pública, el fin del social-democrático “Final de la Historia” habrá llegado y el renacimiento liberal habrá comenzado.

NOTA:

1 Presentado en Inglés en la reunión de la Sociedad Mont Pelerin en Barcelona en 1997. Una versión más extensa, también en Inglés, fue publicada en Polis, Vol. 3,1, 1998. http://www.HansHoppe.com.

TRADUCIDO POR RODRIGO DÍAZ

La Idea de una Sociedad de Derecho Privado

Hans-Hermann Hoppe

Sólo, en su isla, Robinsón Crusoe puede hacer cualquier cosa que le plazca. Para él no existen preguntas con respecto a reglas organizadas de conducta humana – cooperación social – simplemente no salen a flote. Esta pregunta sólo puede surgir una vez llegue una segunda persona a la isla, Friday. Más aún, la pregunta en gran parte no es pertinente mientras no exista escasez.

Supongamos que la isla es el Jardín del Edén; todos los bienes externos están disponibles en superabundancia. Son “bienes gratuitos,” tal como el aire que respiramos el cual es normalmente “gratis”. Cualquier cosa que Crusoe haga con estos bienes, no tendrán repercusiones – ni con respecto a su futuro suministro ni al suministro presente ni futuro de bienes para Friday (y viceversa). De ahí que, es imposible que haya conflictos entre Crusoe y Friday con respecto al uso de tales bienes. El conflicto es posible solamente si los bienes son escasos. Sólo entonces surgirá la necesidad de formular reglas que hagan posible una cooperación social ordenada y libre de conflictos.

En el Jardín del Edén existen sólo dos bienes escasos: el cuerpo físico de la persona y el espacio en que se para. Crusoe y Friday tienen sólo un cuerpo y pueden pararse sólo en un lugar en determinado momento. De ahí que, aún en el Jardín del Edén puedan surgir conflictos: Crusoe y Friday no pueden ocupar el mismo espacio simultáneamente sin entrar en conflicto físico el uno con el otro. Por consiguiente, aún en el Jardín del Edén deben existir reglas de conducta social ordenada – reglas con respecto a la ubicación y al movimiento apropiado de los cuerpos humanos. Fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez, debe haber reglas no sólo para el uso de los cuerpos personales sino también para todo bien escaso, y así poder excluir toda posibilidad de conflictos. Este es el problema del orden social.

La Concepción Liberal Clásica del Orden Social

En la historia del pensamiento social y político, se han hecho innumerables propuestas para solucionar el problema del orden social, y esta variedad de propuestas, mutuamente incompatibles, con frecuencia ha contribuido a que la búsqueda de una solución única y “correcta” se haya considerado ilusoria. Pero si existe una solución correcta. No hay razón para sucumbir al relativismo moral. La solución ha sido conocida durante centenares de años. En tiempos modernos esta solución sencilla ha sido íntimamente asociada con el “liberalismo clásico”.

Permítanme formular la solución, primero para el caso especial representado por el Jardín del Edén y subsiguientemente para el caso general representado por el mundo “real” donde todo es escasez y luego indicaré brevemente porqué esta solución debe ser considerada justa y además, económica.

En el Jardín del Edén, la solución es proporcionada por una sencilla regla que establece que todos puedan colocar o mover su propio cuerpo dondequiera les plazca, con la condición que nadie esté ocupando ese mismo espacio al mismo momento. Fuera del Jardín del Edén, en el reino de la escasez, la solución es aportada por cuatro reglas correlacionadas.

Primero, cada persona es la dueña adecuada de su propio cuerpo físico. ¿Quién más, si no Crusoe, debería ser el dueño del cuerpo de Crusoe? De otro modo, se constituiría en un caso de esclavitud, y ¿no es acaso la esclavitud injusta sino, además, antieconómica?

En segundo lugar, cada persona es dueña adecuada de todos los bienes recibidos de la naturaleza, que él mismo haya percibido como escasos y haya puesto en uso antes que cualquiera otra persona, por medio de su cuerpo. ¿En verdad, quien más, sino el primer usuario, debería ser su dueño? ¿El segundo o el tercero?

Si fuera esto así, la primera persona no realizaría su acto de apropiación original, y así la segunda persona llegaría a ser la primera, y así sucesivamente. A nadie, nunca, le sería permitido realizar un acto de apropiación y la humanidad original desaparecería al instante. Alternativamente, el primer usuario, junto con todos los rezagados, llega a ser copropietario de los bienes en cuestión. Entonces no podría evitarse el conflicto, porque, ¿qué hace uno si varios copropietarios tienen ideas incompatibles acerca de lo que quieren hacer con los bienes en cuestión? Esta solución sería también antieconómica porque reduciría el estímulo para utilizar por primera vez aquellos bienes percibidos como escasos.

En tercer lugar, toda persona que con la ayuda de su cuerpo y sus bienes originalmente apropiados, genere nuevos productos, llegará a ser en consecuencia el dueño adecuado de éstos, provisto sólo que en el proceso de producción no dañe físicamente los bienes de otras personas.

Finalmente, una vez que los bien han sido apropiados por primera vez, ó han sido producidos, su propiedad puede ser adquirida sólo por medio de transferencias voluntarias y contractuales del título de propiedad de un dueño previo a otro posterior.

La institución de la propiedad privada y en particular el establecimiento de la propiedad privada por medio de la apropiación original se han catalogado con frecuencia como “convenciones”. Sin embargo, debe aclararse que esta premisa es falsa. La convención sirve un propósito siempre que exista una alternativa. Por ejemplo el alfabeto latino sirve el propósito de comunicación escrita. Existe una alternativa, el alfabeto cirílico. Por esta razón el alfabeto es una convención. ¿Cual, es entonces, el propósito de las normas de acción? ¡Evitar todo conflicto posible! Las normas que generan conflicto son contrarias al verdadero propósito de las normas. Sin embargo, con respecto al propósito de evitar conflictos, las dos instituciones mencionadas no son convencionales; ninguna alternativa a ellas existe. Sólo la propiedad privada hace posible evitar conflictos que de otra manera son inevitables; y sólo el principio de adquisición de la propiedad por acción de la apropiación original, realizada por individuos específicos, en tiempos y ubicaciones específicos, han hecho posible evitar conflictos desde el principio de la humanidad.

La Aplicación del Orden Social: El Papel del Estado en el Liberalismo Clásico

Tan importante como es este descubrimiento, sin embargo, nos deja con otro problema aún más difícil. Incluso si todos sabemos cómo evitar todo conflicto posible, e incluso si todos sabemos que al hacerlo así, a largo plazo, la prosperidad de todos en derredor llegará al máximo, no es cierto que siempre todos estemos interesados en evitar los conflictos ni las consecuencias de nuestras acciones. De hecho, siendo la humanidad como es, siempre existirán asesinos, ladrones, asaltantes, maleantes, y estafadores, o personas que no actúan de acuerdo con las reglas establecidas, y la vida sería imposible en la sociedad si los criminales no son disuadidos de sus actuaciones. Para mantener la ley y el orden, es necesario que los miembros de la sociedad estén preparados y equipados para presionar a cualquiera que no respete la vida y la propiedad de los demás, para que respete las reglas de la sociedad. ¿Cómo y a través de quién se llega a la aplicación de la ley y del orden?

La respuesta dada por los liberales clásicos y por casi todos los demás es bien conocida. La tarea imprescindible de mantener la ley y el orden es la única función del estado. ¿Cómo se define el estado, entonces? Un estado no es simplemente una firma especializada. Convencionalmente, el estado está definido como una agencia que posee dos características únicas. Primero, el estado es una agencia que ejercita un monopolio territorial con toma de decisiones de última instancia. Eso es, es el último árbitro en todo caso de conflicto, incluyendo los conflictos que el mismo estado implica, y no permite apelación superior a si mismo. Además, el estado es una agencia que ejercita un monopolio territorial de impuestos. Eso es, es una agencia que fija unilateralmente a los particulares el precio que se debe pagar por el servicio de mantener la ley y el orden.

Errores del Liberalismo Clásico

Es muy difundida la visión liberal clásica con respecto a la necesidad de la institución del estado como proveedor de la ley y del orden, sin embargo, argumentos bastante elementales, económicos y morales, muestran como esta visión puede estar enteramente sesgada.

Entre economistas y filósofos políticos, una de las tesis más extensamente aceptadas es la de que todo “monopolio” es “malo” desde el punto de vista de los consumidores. Aquí, el monopolio es entendido como un privilegio exclusivo otorgado a un sólo productor de bienes o servicios, o como la ausencia de “libre entrada” en una línea particular de producción. Por ejemplo, sólo una agencia, A, puede producir un bien dado o servicio, X. Tal monopolio es “malo” para los consumidores porque, protegido contra la entrada de nuevos participantes potenciales en un área dada de producción, el precio del producto será más alto y de calidad más baja que en condiciones competitivas. Por consiguiente, es de esperarse que la ley y el orden proporcionados por el estado sean excesivamente costosos y de calidad particularmente baja.

Sin embargo, este es sólo el más leve de los errores. El monopolio del gobierno no es como cualquier otro monopolio, tal como el de la leche, ni como el monopolio de coches que saca productos de baja calidad con precios altos. La agencia del gobierno es extraordinaria entre todas las otras agencias porque produce no sólo cosas buenas sino también malas. En realidad debe producir cosas malas para poder producir algo que pudiéramos considerar un bien.

Como hemos anotado, el gobierno es el juez último en todo caso de conflicto, inclusive en conflictos en que él mismo está implicado. Consecuentemente, en vez de prevenir y resolver conflictos, un monopolio de última instancia provocará conflictos adicionales para resolver el caso a su favor. Eso es, si uno sólo puede apelar al gobierno por justicia, la justicia estará pervertida en favor del gobierno, a pesar de la constitución y los tribunales supremos. De todas maneras, se trata de constituciones y tribunales del gobierno, y cualquier limitación en la acción del gobierno que ellos puedan encontrar será decidida invariablemente por agentes de la mismísima institución. Previsiblemente, las definiciones de propiedad y protección serán alteradas continuamente y la escala de la jurisdicción ampliada en favor del gobierno. El concepto de una ley eterna e inmutable que debería primar, desaparecerá y será reemplazada por la idea de la ley como legislación – una ley tan flexible como toda ley emanada del estado.

Todavía peor, el estado es un monopolio de impuestos, y mientras los que reciben los impuestos – los empleados del gobierno – la consideran como algo bueno, los que deben pagar los impuestos consideran el pago como algo malo, como un acto de expropiación. Como agencia en términos de protección de vida y propiedades, sostenida con impuestos, la mera institución del gobierno no es nada menos que una contradicción. Es un expropiador protector de propiedades, que “produce” cada vez más impuestos y siempre menos protección. Incluso si el gobierno limitara sus actividades exclusivamente a la protección de la propiedad de sus ciudadanos, como los liberales clásicos han propuesto, surgiría la pregunta adicional de cuánta seguridad debe producir. Motivados, como están todos, por intereses personales y la inutilidad del trabajo, pero equipados con el poder extraordinario de imponer tasas e impuestos, la meta de un agente de gobierno será invariablemente llevar al máximo los gastos en protección, y es concebible que gran parte de la riqueza de una nación pueda ser consumida por el costo de dicha protección, reduciéndose al mismo tiempo su alcance. Mientras más dinero pueda uno gastar y menos deba uno trabajar para producir, mejor se estará.

En suma, la estructura de los estímulos inherentes a la institución del gobierno no es una receta para la protección de vida y propiedad, sino una receta para maltratos, opresión, y explotación. Esto es lo que nos muestra la historia de los estados. Es primordialmente la historia de incontables millones de vidas humanas arruinadas.

Errores multiplicados: Liberalismo democrático

Una vez que el liberalismo clásico asumió erróneamente que la institución del gobierno era necesaria para la conservación de la ley y del orden, surgió la siguiente pregunta: ¿Cuál forma convencional de gobierno es mejor para la tarea entre manos? Mientras la respuesta liberal clásica a esta pregunta no fue de manera alguna unánime, fue aún perfectamente fuerte y clara. La forma tradicional de gobierno señorial o real era aparentemente incompatible con la idea añorada de derechos humanos universales, porque se trataba de un gobierno basado en el privilegio. Por consiguiente, fue excluida. ¿Cómo, entonces, podría encuadrarse la idea de universalidad de los derechos humanos con el gobierno? La respuesta liberal fue la de abrir la participación y la entrada en el gobierno de igual a igual, para todos, por la vía de la democracia. A cualquiera – ni siquiera se limitó a alguna clase hereditaria de nobles – le fue permitido llegar a ser funcionario del estado y ejercitar todas las funciones del gobierno.

Sin embargo, esta igualdad democrática ante la ley es algo enteramente diferente e incompatible con la idea de una ley universal, igualmente aplicable a todos, en todas partes, y en todos los tiempos. De hecho, el cisma y la desigualdad objetables anteriormente de la más alta ley de los reyes versus la ley subordinada de sujetos ordinarios se preservan completamente bajo la democracia en la separación del derecho público versus el derecho privado y la supremacía del anterior sobre el último. Bajo la democracia, todos son iguales en lo que se refiere a que la entrada está abierta para todos en términos igualitarios. En una democracia no existen privilegios personales ni personas privilegiadas. Sin embargo, existen los privilegios funcionales y las funciones privilegiadas. Siempre y cuando actúen en calidad oficial, los funcionarios públicos son gobernados y protegidos por la ley pública, con lo cual ocupan una posición privilegiada en relación con personas que actúan bajo la mera autoridad del derecho privado, fundamentalmente en que les es permitido sostener sus propias actividades por medio de impuestos cargados a sujetos de derecho privado. El privilegio y la discriminación legal no desaparecerán. Al contrario. Antes que estar restringidos a príncipes y nobles, el privilegio, el proteccionismo, y la discriminación legal estarán disponibles para todos y pueden ser ejercitados por todos.

Previsiblemente, entonces, bajo condiciones democráticas la tendencia de todo monopolio de aumentar los precios y disminuir la calidad es más pronunciada. Como monopolio hereditario, el rey o el príncipe consideraban el territorio y las personas bajo su jurisdicción como sus bienes muebles y se dedicaban a explotar monopolísticamente su “propiedad”. Bajo la democracia, el monopolio, y la explotación monopolística no desaparecen. Incluso si a todos se les permite entrar el gobierno, no por eso se elimina la distinción entre gobernantes y gobernados. El gobierno y el gobernado no son uno y la misma persona. En vez de un príncipe que considera el país como su propiedad privada, un guardián temporal e intercambiable es puesto monopolísticamente a cargo del país. El guardián no es dueño del país, pero mientras esté en su oficio le es permitido utilizarlo para ventaja de si mismo y de sus protegidos. Tiene el uso actual – el usufructo – pero no su capital social. Esto no elimina la explotación. Al contrario, hace la explotación menos calculada, llevada a cabo con poca o ninguna consideración del capital social. La explotación es miope y se promueve sistemáticamente el consumo del capital.

La Idea de una Sociedad del derecho privado

A la luz de los múltiples errores del liberalismo clásico, entonces, ¿cómo mantener la ley y el orden en relación con los efectivos y potenciales transgresores de la ley? ¡La solución está en una sociedad de derecho privado – una sociedad donde cada individuo e institución esté sujeta a un mismo conjunto de leyes! Ninguna ley pública que otorgue privilegios a personas de funciones específicas (y ningún dominio público) existe en esta sociedad. Sólo existe el derecho privado (y la propiedad privada), igualmente aplicable a todos y cada uno. A nadie le es permitido adquirir propiedades por medios que no sean la apropiación original, la producción, o el intercambio voluntario; y nadie posee los privilegios de imponer tasas e impuestos ni de expropiar. Además, a nadie, en una sociedad de derecho privado, le es permitido prohibir a cualquiera el utilizar su propiedad para entrar en cualquier línea de producción y competir contra quienquiera que a él le plazca.

Más específicamente, para ser justo y eficiente, la producción y la conservación de la ley tendrán que ser emprendidas por individuos y agencias libremente financiadas y competentes. ¿Cómo puede hacerse esto? Mientras es imposible predecir el perfil y la forma precisas que tomaría la “industria de la seguridad” dentro de la armazón de una sociedad de derecho privado – así como es imposible predecir la estructura específica de casi cualquier industria bajo las, hasta ahora, inexistentes circunstancias – se puede predecir un número significativo de cambios estructurales fundamentales en comparación con el estatus quo de la protección a la seguridad proporcionada por el estado.

Primero, en sociedades complejas un aspecto de la solución naciente sólo será de importancia secundaria, pero bajo ningún concepto debe de dejarse de considerar. Mientras que la provisión estadista de la ley y del orden ha llevado al desarme sucesivo de la población, rindiéndola cada vez más indefensa contra los transgresores de la ley, en una sociedad del derecho privado esencialmente no existirían restricciones en la propiedad privada de fusiles y otros armamentos. Es derecho elemental y sacrosanto de todos el ejercer la defensa propia para proteger su vida y su propiedad contra los invasores, y cuando uno conoce la experiencia del no tan salvaje oeste americano, así como de numerosas investigaciones empíricas en relación con la propiedad de armas e índices de criminalidad, más armas implican menos crimen. La intuición nos lo dicta, pero la propaganda del gobierno trata de negarlo sin descanso.

Sin embargo, en el moderno complejo de sociedades la defensa propia constituye sólo una pequeña parte de la producción general de seguridad. En el mundo actual no producimos nuestros propios zapatos, ni trajes, ni teléfonos; aprovechamos las ventajas de la división del trabajo. Esto también es verdad en la producción de seguridad. En gran parte, dependemos de agentes y agencias especializados en proteger nuestra vida y propiedad. En particular, la mayoría de las personas dependen de compañías de seguros libremente financiadas y competentes para su protección, y esta dependencia de las aseguradoras tenderá a aumentarse e intensificarse mientras más grande y más valiosa sea la cantidad de propiedades. Las compañías de seguros se asociarán en cambio y cooperarán con la policía y las agencias de detectives, o directamente como una subdivisión de la compañía de seguros o indirectamente como entidades separadas del negocio. Al mismo tiempo, las agencias de seguro cooperarán constantemente con agencias independientes internas y externas de árbitros y arbitraje.

¿Cómo trabajaría este sistema competitivo, interconectado, de compañías de seguro, policía, y agencias de arbitraje?

La competencia entre los aseguradores, la policía, y los árbitros por los clientes produciría una tendencia hacia la caída continua en el precio de la protección (por el valor asegurado), rindiendo así la protección más económica. Por contraste, un protector monopolístico que puede imponer tasas e impuestos al protegido puede cargar por sus servicios precios cada vez más altos.

Además, como ya ha sido indicado, la protección y la seguridad son bienes y servicios que compiten con otros. Si más recursos son asignados a la protección, menos puede gastarse en coches, en vacaciones, en alimentos, o en bebidas, por ejemplo. También, los recursos asignados a la protección de A o del grupo A (personas que viven por el Pacífico) por ejemplo, compite con recursos gastados en la protección de B o el grupo B (personas que viven por el Atlántico). Para un monopolio de la protección financiado con impuestos, la asignación de recursos por el estado será necesariamente arbitraria. Habrá sobreproducción (o producción insuficiente) de seguridad en comparación con otros bienes y servicios en competencia, y habrá sobreprotección para algunos individuos, grupos, o regiones y protección baja para otros.

En claro contraste, en un sistema de agencias de protección en libre competencia desaparecerían todas las arbitrariedades de asignación (en todas partes- y de producción insuficiente). La protección tendría la importancia relativa que tiene a los ojos de consumidores que pagan voluntariamente, y ninguna persona, grupo, ni región recibiría protección a costa de cualquier otro, sino que cada uno recibirían protección de acuerdo con sus pagos.

Además, los aseguradores tendrían que indemnizar a sus clientes en el caso del daño verdadero; de ahí, ellos deben operar eficientemente. Con respecto a desastres sociales, crimen en particular, esto significa que el asegurador estaría preocupado sobre todo por una prevención efectiva, porque sino puede prevenir un crimen, tendría que pagar. Aún más, si un acto criminal no puede prevenirse, un asegurador querría todavía recuperar el botín, aprehender el ofensor, y traerlo ante la justicia, porque haciéndolo el asegurador podría reducir sus costos y forzar al criminal – antes que a la víctima y a su asegurador – a pagar por los daños y por el costo de la indemnización.

En claro contraste, los estados, como monopolios compulsivos no indemnizan a las víctimas, y como pueden recurrir a los impuestos como fuente de fondos, tienen poco o ningún estímulo para prevenir el crimen o para recuperar de botín y capturar a los criminales. En realidad, si logran aprehender al criminal, típicamente obligan a la víctima y a otros contribuyentes a pagar por la encarcelación del criminal, añadiendo así insulto sobre injuria.

Ya ha sido indicado que las sociedades del derecho privado se caracterizan por el derecho a la defensa propia sin restricción y como consecuencia, por una extensa propiedad privada de armas y armamentos. Esta tendencia es reforzada aún más por el papel importante de las compañías de seguros en tales sociedades. Todos los estados procuran desarmar su población, por la razón obvia de que es menos peligroso cobrar impuestos a un hombre desarmado que a un hombre armado. Si una compañía de seguros libremente financiada fuese a demandar como requisito previo para la protección que los clientes potenciales entregasen todos los medios de defensa propia, despertarían inmediatamente una gran sospecha en cuanto a sus verdaderos motivos, y quebrarían rápidamente. En su propio interés, las compañías de seguros recompensarían a los clientes armados, en particular aquellos capaces de certificar algún nivel de instrucción en el manejo de armamentos, cargándoles primas bajas que reflejan el más bajo riesgo que representan. Así como los aseguradores cargan menos si los propietarios tienen un sistema de alarma o una caja de seguridad instalada, así un dueño entrenado en el uso de las armas representa un riesgo más bajo para el seguro.

Los estados, como monopolios de última instancia en la toma de decisiones, financiados por impuestos, pueden externalizar los costos asociados con la conducta agresiva en contribuyentes desventurados. De ahí que, los estados están, por naturaleza, más inclinados a llegar a ser agresores y belicosos más que agentes o agencias que deben correr por si mismos con los costos inherentes a la agresión y a la guerra. Las compañías de seguros son, por su misma naturaleza, agencias defensivas antes que agresivas. Por una parte esto es así, porque cada acto de agresión es costoso, y una compañía de seguros que utiliza una conducta agresiva requeriría primas relativamente más altas, lo que ocasiona la pérdida de clientes ante competidores no agresivos.

Por otro lado, no es posible asegurarse uno contra todo “riesgo” concebible. Desde otro punto de vista, sólo es posible asegurarse contra “accidentes,” es decir, riesgos sobre cuyo resultado el asegurado no tiene control y a los que él no contribuye en nada. Por ejemplo, es posible asegurarse contra el riesgo de muerte y de fuego, pero es imposible asegurarse contra el riesgo de suicidarse o de prender fuego a su propia casa. Semejantemente, es imposible asegurarse contra el riesgo de fracaso en el negocio, contra el desempleo, o de tener aversión a un colindante, porque en cada caso uno tiene algún control sobre el acontecimiento.

Es bien notable que la inasegurabilidad de acciones y sentimientos individuales (en contraposición con accidentes) implica que también es imposible asegurarse contra el riesgo de daños que resulten de una previa agresión propia o provocación. En vez de eso, cada asegurador debe restringir las acciones de sus clientes para excluir toda agresión y provocación de su parte. Eso es, cualquier seguro contra desastres sociales, tales como el crimen, debe estar condicionados al sometimiento de los asegurados a normas especificas de conducta no agresiva. Casualmente, debido a las mismas razones y preocupaciones financieras, los aseguradores tenderán a requerir que todos sus clientes se abstengan de toda forma de tomarse la justicia por propias manos (menos quizás bajo circunstancias bastante extraordinarias), porque la justicia por propias manos, inclusive si es justificada, causa invariablemente incertidumbre y provoca la posible intervención de terceros. Más bien, obligando a sus clientes, siempre que piensen que han sido víctimizados, a someterse a procedimientos regulares, publicados previamente, se pueden evitar en gran parte estos alborotos y los costos asociados.

Finalmente, vale indicar que mientras los estados como agencias financiadas con impuestos pueden – y lo hacen – entrar en persecución a gran escala de crímenes sin victimas tal como el uso “ilegal de drogas”, la prostitución, o las apuestas, estos “crímenes” tenderían a ser de poca o ninguna importancia dentro de un sistema de agencias de protección financiadas libremente. La “protección” contra tales “crímenes” requeriría primas de seguros más altas, pero desde que éstos “crímenes,” a diferencia de crímenes genuinos contra las personas y la propiedad, no crean víctimas, muy pocas personas estarían dispuestas a gastar dinero en tal “protección”.

Por último y muy importante, un sistema de competencia entre las agencias de protección tendría un impacto doble en el desarrollo de la ley. Por una parte, tendría en cuenta una mayor variabilidad de la ley. Antes que imponer un conjunto uniforme de estándares a todos (como bajo las condiciones del estatismo), las agencias de la protección podrían competir la una contra la otra no sólo vía el precio sino también por diferenciación del producto. Allí podría existir por ejemplo unas al lado de las otras, las agencias católicas de la protección o aseguradores que aplican la ley Canónica, las agencias judías que aplican la ley de Mosaica, las agencias musulmanas que aplican la ley Islámica, y las agencias que aplican la ley secular de una variedad u otra, todos ellas sostenidas por una clientela que paga voluntariamente. Los consumidores podrían escoger la ley aplicada a ellos y a su propiedad. Nadie tendría que vivir bajo una ley “extranjera”.

Por otro lado, el mismísimo sistema de producción privada de ley y orden promovería una tendencia hacia la unificación de la ley. La ley “doméstica” – católica, judía, romana, etc. – aplicaría sólo a la persona y a la propiedad de los que la habían escogido, el asegurador, y todos los otros asegurados por el mismo asegurador bajo la misma ley. La ley Canónica, por ejemplo aplicaría sólo a católicos profesos y trataría únicamente con el conflicto entre católicos y la resolución del conflicto. Mas es también posible, por supuesto, que un católico quizás entre en conflicto con el suscriptor de algún otro código de la ley, por ejemplo, un musulmán. Si ambos códigos de la ley alcanzaron la misma o similar conclusión, no existiría ninguna dificultad.

Sin embargo, surgiría un problema si por códigos de leyes en competencia llegaran a conclusiones claramente diferentes (como sucede por lo menos a veces). La ley “doméstica” (inter-grupo) sería inútil, pero cada persona asegurada querría la protección contra la contingencia de conflictos de inter-grupo también. En esta situación no se puede esperar que un asegurador y los suscriptores de su código de la ley, subordinen simplemente su juicio al de otro asegurador y su ley. Sino, que para todas las partes implicadas hay sólo una salida creíble y aceptable de este predicamento.

Desde el principio, cada asegurador y sus clientes estarían obligados a someterse al arbitraje de un tercero realmente independiente. Sin embargo este tercero no sólo sería una entidad independiente, sino al mismo tiempo de elección unánime para ambos interesados. El tercero sería escogido por acuerdo entre las partes debido a la habilidad comúnmente percibida de que éste encuentra soluciones mutuamente aceptables (justas) en casos de desacuerdo inter-grupo. Además, si un árbitro falla en esta tarea y llega a conclusiones que se pueden percibir como “injustas” o “influenciadas” por uno de los aseguradores o sus clientes, esta persona o agencia es improbable que sea escogida como árbitro en el futuro.

En resumen, tendrían existencia los contratos de protección y seguridad. Los aseguradores (a diferencia de los estados) ofrecerían contratos a clientes con descripciones de propiedad bien especificadas y con deberes y obligaciones claramente definidos. Igualmente, la relación entre aseguradores y árbitros estaría gobernada por un contrato. Cada parte de un contrato, mientras dure su plazo o hasta el cumplimiento del mismo, estaría atado por estos términos y condiciones; y cada cambio (en los términos o condiciones) de un contrato requeriría el consentimiento unánime de las partes interesadas. Eso es, en una sociedad de derecho privado, a diferencia de las que se presentan bajo condiciones de estatismo, ninguna “legislación” existiría. Ningún asegurador podría salirse con prometer protección a sus clientes sin permitirles saber cómo ni a que precio, ni insistir en que podría cambiar unilateralmente los términos y las condiciones de la relación protector-cliente. Los clientes de seguros demandarían algo apreciablemente mejor, y los aseguradores suministrarían contratos y ley constante, en vez de promesas y una legislación cambiante.

Además, a consecuencia de la cooperación continua de varios aseguradores y árbitros, se pondría en marcha una tendencia hacia la unificación de la propiedad y el derecho de contratos y de la armonización de las reglas del procedimiento, la evidencia, y la resolución del conflicto. Por comprar el seguro de protección, todos compartirían la meta común de esforzarse por reducir el conflicto y aumentar la seguridad. Además, todos y cada uno de los conflictos y los reclamos por daño, sin importar donde, por o contra quien, caerían en la jurisdicción de una o más agencias específicas de seguro y sería manejado o por una ley “doméstica” individual del asegurador o por provisiones del derecho internacional y procedimientos acordados con antelación por un grupo de aseguradores.

Tal sistema aseguraría la más completa y perfecta estabilidad y certeza legal en cualquier sistema de seguridad al que podemos acudir actualmente.

Agosto 1 de 2006

HANS-HERMANN HOPPE, a quien Lew Rockwell llama “un tesoro internacional”, es Profesor de Economía en la Universidad de Nevada, Las Vegas, es miembro principal del Instituto Ludwig von Mises y Redactor de The Journal of Libertarian Studies. Recibió su Doctorado en Filosofía y su grado posdoctoral en la Universidad Goethe en Francfort, Alemania, y es el autor, entre otros trabajos, de Teoría del Socialismo y el Capitalismo; Economía y Ética de la Propiedad Privada; Democracia – El Dios Que Falló; y el Mito de la Defensa Nacional (editor).

 

TRADUCCIÓN DE RODRIGO DÍAZ